Tegucigalpa.- La figura del enriquecimiento ilícito se ha convertido en la piedra en el zapato de los últimos ex presidentes de El Salvador—uno de ellos murió en enero de este año en pleno proceso—al no poder justificar millonarias fortunas, bienes, donaciones o gastos durante sus funciones al frente del llamado “pulgarcito” de América Central.
El fenómeno de la corrupción parece que ha impregnado fuertemente las elites políticas de izquierda y derecha en ese país centroamericano, cuyas autoridades han optado por dar dientes a sus entes de control, antes que permitir la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), similar a la de Guatemala o a la que está por funcionar en Honduras.
Canciller Hugo Martínez (centro), junto a viceministros, Jaime Miranda, Carlos Castaneda y Liduvina Magarín, en rueda de prensa. Martínez descartó la creación de una Cicies
Los salvadoreños aprobaron en diciembre del año pasado una nueva Ley de Probidad que no conocerá viejos casos de corrupción pues estos serán juzgados por el sistema anterior.
Optaron por esa solución antes que ceder a la presión ciudadana e incluso política de crear una CICIES, como ha presionado la comunidad internacional en los llamados países del Triángulo Norte—Guatemala, El Salvador y Honduras—azotados por la inseguridad y la violencia como consecuencia, en parte, de la penetración de los carteles de la criminalidad organizada que se han desplazado desde México y Colombia según expertos.
Los órganos de control y justicia salvadoreña comenzaron sus golpes contra la corrupción con altos personajes de cuello blanco, encabezados por tres ex presidentes: Francisco Flores (fallecido en enero de este año), Antonio Saca y Mauricio Funes. Dos de ellos pertenecientes a la derecha y otro de izquierda.
Mauricio Funes propuso Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador
En ambos casos, sus defensores aducen que las causas tienen tinte político, pero las autoridades de Probidad, junto a la Fiscalía General que encabezan las acusaciones, responden con documentos en los cuales constan las presuntas irregularidades en que habrían incurrido los ex gobernantes.
Pero no solo ex presidentes están en la mira de la justicia salvadoreña, también otros altos funcionarios como ex vicepresidentes, varios diputados, así como ex vicepresidentes y ex presidentes de la Cámara Legislativa, es decir, quieren dar un ejemplo con los “grandes” de la política al margen del partido político que representan.
El primer ex presidente
Francisco Flores, ex presidente salvadoreño en los años de 1999-2004, murió en enero de este año, producto de un derrame cerebral, cuando estaba siendo enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito por el desvío de millonarias ayudas donadas por Taiwán para los terremotos que durante su gobierno afectaron a ese país.
Flores fue el presidente más joven de El Salvador con una formación académica envidiable, pero al momento de su deceso, estaba siendo procesado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia en perjuicio de la administración pública.
Se le acusó de desviar 15 millones de dólares donados por Taiwán para los afectados del terremoto, de los que 10 millones fueron a parar a la campaña del derechista partido ARENA y los otros cinco millones habrían ido a sus cuentas particulares, según la pesquisa. Probidad también le había iniciado otras causas de enriquecimiento ilícito.
Fue el primer ex gobernante en El Salvador acusado por esos delitos en los tribunales. El triste final del ex presidente Flores no fue impedimento para que en ese país la justicia decidiera también seguir tras la pista de otros ex presidentes.
Antonio Saca, el segundo en la mira
El turno ahora le toca al ex presidente Antonio Saca, un comunicador social que llegó al poder a suceder al extinto ex presidente Flores por el partido ARENA—quien gobernó 20 años en El Salvador—Saca es acusado de enriquecimiento ilícito por hallazgos millonarios de ingresos sin justificar durante su mandato de 2004-2009.
Estos hallazgos sobrepasan los seis millones de dólares y la acusación en su contra sigue generando fuertes debates en la clase política salvadoreña.
Se dice que Saca hizo pactos con el presidente que le sucedió, Mauricio Funes, de izquierda, para no ser investigado a cambio de apoyo político desde el partido que fundó denominado GANA.
Por problemas con la cúpula de ARENA, el ex presidente Saca es expulsado del partido y creó su propio instituto político denominado GANA. Los casos que Probidad tiene armados contra el ex gobernante salvadoreño están relacionados con incremento en su patrimonio personal no declarado, así como el de su esposa, en donde las autoridades no encontraron explicación en las declaraciones de patrimonio al aumento de las posesiones de Saca durante su gobierno.
Cuentas de bancos y la incoherencia en los flujos de capital que maneja al no estar muy claro el procedimiento del dinero, son algunas de los hallazgos hechos por las autoridades de Probidad que hoy tienen al ex presidente Antonio Saca con un proceso judicial por presunta corrupción. Un tribunal ordenó congelar cuentas bancarias y una mansión al ex presidente, quien irá a juicio.
El arisco Mauricio Funes
Casi en paralelo al proceso iniciado en contra del ex presidente Saca, inicia el de su predecesor, el ex mandatario Mauricio Funes, también periodista, y quien lleva a la izquierda en la representación política del FMLN por primera vez al poder y al solio presidencial en El Salvador, tras desalojar un gobierno de casi dos décadas de la derechista ARENA.
Funes se convierte así en el primer presidente de la izquierda salvadoreña a quien se investiga y acusa de presunto enriquecimiento ilícito, siendo su talón de Aquiles las declaraciones juradas patrimoniales.
Caracterizado por ser un hombre hostil a los medios de comunicación, Funes también es cuestionado por poseer más de un centenar de armas, entre ellos fusiles, valiéndose de unos privilegios que le otorgaba la ley. Asimismo, han desaparecido documentos que probarían abusos de Funes en el uso de gastos en sus viajes al exterior al frente de la presidencia.
Mauricio Funes gobernó de 2009 al 2014. Según las pesquisas de Probidad, el ex gobernante no ha podido justificar más de 700 mil dólares en sus ingresos cuando gobernó y un tribunal ordenó que se le congelen cuatro cuentas bancarias, 8 vehículos, 5 a nombre del ex mandatario y 3 al de su hijo, Diego Roberto Funes Cañas.
La Corte Suprema ha confirmado el juicio contra Funes por presunto enriquecimiento ilícito. “Declarase que existen indicios de enriquecimiento ilícito del ex presidente (…) en relación con las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia” y “ordénese juicio”, sentenció el tribunal.
Tanto los ex presidentes Saca como Funes niegan las acusaciones en su contra y las atribuyen a cortinas de humo por revanchismos políticos, pero en las documentaciones de la fiscalía y las autoridades de Probidad las evidencias indican fuertes indicios de presuntas irregularidades, mientras los medios de comunicación filtran otras acciones reñidas con la ley en las que presuntamente ambos ex gobernantes podrían haber incurrido.
El Salvador se mueve así en su estrategia de lucha contra la corrupción en donde ni la derecha ni la izquierda parecen tener autoridad para defender a quienes las llevaron al poder. Si bien la inseguridad y la violencia los está golpeando severamente, en materia de lucha contra la corrupción, la otra cara de la impunidad, los mensajes parecen estar claros.
