San Pedro Sula – En el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se desarrolló la audiencia inicial vinculada a cinco integrantes supuestamente miembros de una estructura criminal dedicada a la clonación, falsificación, tráfico y distribución de papel moneda falsa, que fueron localizados en los municipios de Macuelizo, Choloma y Florida en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Copán.
La Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió decretar el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva a Luis Miguel Lemus Castañeda, Jeovanny Alexander Lemus Castañeda, Miguel Eduardo Lemus Arriana, Claudia Carolina Lemus Castañeda y Leonel Edgardo Martínez Muñoz, a quienes se le supone responsables a título de autores de la comisión de los delito de falsificación de moneda, tráfico de moneda falsa, tenencia de instrumentos para la falsificación de moneda, lavado de activos y asociación para delinquir, en perjuicio de la fe pública, el orden socioeconómico y otros derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras.
La fiscalía, ratificó el requerimiento, describió los hechos, presentó las pruebas documentales, periciales, testificales, sobre todo la extracción de la información de los teléfonos celulares y computadoras, pidiendo la medida cautelar limitativa de la libertad. Por su parte, la defensa, rechazó la acción fiscal, presentó arraigo, solicitando sobreseer a sus representados.
El ilícito de falsificación de moneda, es la infracción penal de mayor gravedad, tiene un impacto directo en la economía a nivel nacional, su uso genera desconfianza en la población, vulnera el sistema bancario y financiero, sobre todo la fe pública. La circulación de dinero falso, similar a la moneda legal, provoca pérdidas en el comercio en general, y en la economía familiar.
Por la existencia de los indicios racionales suficientes de la participación de los imputados en los hechos, el riesgo por el peligro de fuga y la capacidad que tienen para obstaculizar el proceso penal o continúen con dichas actividades ilícitas, por las normas, convenios, tratados internacionales, el debido proceso y la legalidad, la Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, determinó, que los imputados cumplan el término de los dos años de reclusión tanto en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), como en el Centro Penitenciario de Támara. JS
