Varios dolientes aseguraron, mientras esperaban noticias de sus parientes fallecidos en la Dirección de Medicina Forense, en Tegucigalpa, que no creen las hipótesis de las autoridades de que el incendio se debió a un cortocircuito o a la quema de un colchón.
«Lo que hubo en la cárcel de Comayagua fue mano criminal; eso de que hubo un colchón al que le metieron fuego no lo cree ni un tonto, porque eso no es algo para que se hubieran quemado tantas personas», dijo Nelly Baca, quien portaba una foto de su primo Juan Carlos Baca Ortiz, de 22 años, uno de los fallecidos.
Entre las 355 víctimas hay un mexicano y un nicaragüense, mientras que un salvadoreño y un brasileño sobrevivieron, dijo a Efe uno de los fiscales del caso, Roberto Ramírez.
Los primeros cuatro cadáveres de reos identificados fueron entregados hoy a los familiares luego del reconocimiento en la Dirección de Medicina Forense, dijo el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte.
Agregó que equipos forenses hondureños, chilenos, mexicanos y salvadoreños trabajan en la identificación de las víctimas de la peor tragedia ocurrida en el sistema penitenciario de Honduras.
Gran cantidad de dolientes se arremolinan en las cercanías de la Dirección de Medicina Forense en espera de información sobre sus parientes muertos en el siniestro, que entre la noche del martes y la madrugada del miércoles destruyó un sector del centro penal de Comayagua, unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Instituciones del Gobierno de Honduras y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han levantado carpas en un terreno contiguo al lugar para la protección y atención de los dolientes, en medio del hedor que emana de la morgue por la gran cantidad de cadáveres.
Nelly Baca insistió en que «los mismos guardias y el director de la prisión (Dany López Irías) son los responsables de esa barbaridad».
«¿Por qué no hubo guardias muertos, sólo reclusos?», se preguntó.
Juan de la Cruz Baca, el padre de Juan Carlos, comentó que su hijo, quien estaba acusado de portar armas ilegalmente, cayó preso «quizás por andar en malas compañías, y uno de padre es el último en darse cuenta».
Agregó que familiares de los reos que han muerto tienen previsto unirse para presentar juntos una demanda contra el Estado de Honduras por la tragedia.
Además, el presidente hondureño, Porfirio Lobo, «debería de venir aquí a ver nuestro sufrimiento, pero no lo ha hecho, ni tampoco fue a Comayagua; solamente ha mandado representantes», agregó.
Maribel de Jesús Zúniga, madre de otro de los fallecidos, Juan Carlos Chavarría, dijo que «aquí de nada sirve pedir justicia», y acusó a los guardias y al director del centro penal de ser «los responsables de lo que ha ocurrido».
Indicó que ella se dedica a lavar ropa ajena y al aseo de casas, y que Juan Carlos, uno de sus ocho hijos, estaba preso porque un «amigo» lo acusó de llevarse su taxi.
«No importa hacer este trabajo humilde, lo hago por mis hijos y por eso Dios me bendice, mi hijo me ha dejado un nieto», relató.
Otra mujer que también esperaba identificar a un pariente, de quien no quiso dar el nombre, afirmó que él le había comentado hace algunos días que el director del penal «hacía negocio» permitiendo, incluso, el ingreso de aguardiente para venderlo a los reclusos.
Carmen Mercedes Rodríguez, aseguró que su hijo José Otoniel Vásquez, de 23 años, llevaba seis meses y medio preso en Comayagua, en «la bartolina (celda) 6, donde dicen que comenzó el fuego».
Sobre lo ocurrido, «hay mucho que decir, también dicen que un escape estaba planeado; eso yo no lo sé, sólo Dios lo sabe», agregó.
La señora portaba una foto de su hijo para facilitar su identificación y también dio como referencias dos tatuajes: un dragón en la pierna derecha y, en el antebrazo izquierdo, un corazón con dos ataúdes, que simbolizaban la muerte, en años anteriores, de sus hermanos Iris y Olvin Gustavo.
La directora de Fiscales del Ministerio Público, Danelia Ferrera, confirmó hoy a los periodistas que los muertos en el incendio son 354 presos y una mujer que estaba de visita en el recinto.
Ferrera agregó que dentro del penal había 852 personas, incluida la mujer, y que, de los reos, 477 están en la prisión, mientras que 20 fueron hospitalizados, con lo que los muertos suman 355, y aclaró que no se produjeron fugas, como en principio se informó.
