Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Las nuevas autoridades interinas del Ministerio Público han comenzado más locuaces de lo usual, distanciándose del silencio de sus antecesores, y anunciando una persecución penal con dos objetivos centrales: ganar legitimidad con victorias tempranas y de paso ayudar a sus padrinos políticos en el Congreso Nacional a aplacar una crisis institucional que amenaza con socavar la democracia, según los expertos.
Veinticuatro horas después de haber sido juramentados en su interinato, los abogados Johel Zelaya, fiscal general, y Mario Morazán, fiscal general adjunto, se volcaron a dar declaraciones a los medios, difundir fotografías de sus reuniones y empezar a preguntar por casos emblemáticos y estado de presuntos requerimientos.
Ambos indicaron a la prensa que no llegaban a perseguir a nadie, que no responden a intereses políticos sectarios, que son independientes y que harían cumplir la ley y perseguirán el delito “donde sea que se encuentre”. Ambos dijeron que no venían por una persecución política y que buscaban castigar el delito “sin distinción política”.
Locuaces, amables con los medios, dando conferencias conjuntas, y luego simultáneas, uno, desde las instalaciones de Las Lomas y el otro desde el anexo en Comayagüela, donde fueron las antiguas oficinas del Banco Central de Honduras, los nuevos funcionarios inquilinos del Ministerio Público comenzaron a accionar en su estrategia de cambios: se dieron las primeras remociones administrativas con personal con más de dos décadas de trabajar en la institución.
Luego vinieron los primeros comunicados para anunciar remoción de cargos, reacomodos interinos e investigaciones futuras para detectar los grados de complicidad o no de algunos de los funcionarios del Ministerio Público en la obstaculización o archivamiento de casos emblemáticos.
Dentro de las remociones administrativas destaca personal del área de recursos humanos, luego vino el traslado del director y subdirector de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro y Kenia Reconco. Junto a ellos, fue removido también el fiscal anticorrupción, Héctor Morales, de la unidad fiscal especial en la materia.
Todos ellos fueron enviados a la Uferco, que dirige el fiscal especial en redes de corrupción, Luis Javier Santos, como parte de un “movimiento estratégico”, dijo la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, tras reunirse con el fiscal interino Johel Zelaya para pedir explicaciones del porqué de esa remoción, en especial de los hasta ahora responsables de la ATIC, con quienes tuvo enormes divergencias cuando ella estuvo en el Ministerio Público.
De “la grama de oro” a la Uferco
En el caso del fiscal Morales, de los pocos fiscales de carrera desde que inició el Ministerio Público, su remoción causó sorpresa porque ha sido en su gestión en la fiscalía anticorrupción la que llevó a la cárcel a Mario Zelaya por las primeras líneas abiertas en el tema del escándalo del Seguro Social, también ha sido el fiscal que ha logrado el encarcelamiento de Marco Bográn, ex titular de la desaparecida Invest-H por el caso del mega fraude de los hospitales móviles.
Morales también se encontraba investigando el caso de la “grama de oro” de la Condepor que salpica al actual gobierno de la presidenta Castro. Este caso fue denunciado por la Secretaría de Transparencia durante la gestión del exministro Edmundo Orellana, quien renunció al gobierno luego de que la política nacional que contemplaba una estrategia anticorrupción no fuera aprobada por el Consejo de Ministros tras más de un año de haber sido elaborada y ampliamente socializada con diversos sectores representativos del país.
El caso de la “grama de oro” consiste en una presunta sobrevaloración de al menos 32 millones de lempiras en la adquisición de una grama híbrida en el estadio nacional “Chelato Uclés” de la capital. La Secretaría de Transparencia detectó presuntas irregularidades que llevaron a la fiscalía anticorrupción que dirigía Morales a abrir una investigación al respecto.
Paralelo a estas remociones, el fiscal interino Zelaya anunció el libramiento de requerimientos fiscales en contra de las ex titulares de Finanzas, Rocío Tábora, la exviceministra, Roxana Rodríguez, y la ex titular de Salud, Alba Consuelo Flores, por el caso de los hospitales móviles. El fiscal interino Zelaya dijo que eran prófugas de la justicia y que sus casos se habían tardado en salir.
La ex ministra de Finanzas, Tábora, ya está en poder de la justicia y se le acusa, junto al resto de implicadas, de delitos de fraude a título de cooperador necesario y se encuentra en la cárcel de mujeres en Támara mientras se realiza una nueva audiencia el 20 de este mes de noviembre.
Esta acción de impacto mediático se produce en momentos que la designación de los interinos Zelaya y Morazán es cuestionada por no haber sido dada como establece la Constitución que debe ser con 86 votos del total de parlamentarios; ellos fueron electos por nueve diputados del oficialista partido Libre, en una acción cuestionada por la oposición parlamentaria, pues se hizo sin haber clausurado el período de sesiones ordinarias como manda la ley. El legislativo que preside Luis Redondo se saltó esta norma constitucional y nombró una comisión permanente que designó a estos fiscales interinos.
Legalidad y legitimidad, desafío de interinos
La designación de dos fiscales de Libre, el partido en el poder, ha puesto en entredicho la credibilidad y legitimidad de los funcionarios electos, que buscan victorias tempranas que les permitan “asentarse” en la opinión pública, consolidarse a lo interno pero además su actuación coadyuva atenuar la crisis político institucional que atraviesa el Congreso Nacional que tiene—como fue a inicios de 2022—dos congresos paralelos: uno conformado por la mayoría de diputados de la oposición– cerca de 74—y otro dirigido por Luís Redondo, que nació con “fallas de origen” generando el primer conflicto al partido en el poder antes de que la presidenta Castro tomara posesión del cargo.
A nivel internacional, la imposición de dos fiscales interinos ha generado enormes reacciones de rechazo, donde voces calificadas, entre ellas la de la ex vocera de la MACCIH, Ana María Calderón, han indicado que ello no abona a la lucha anticorrupción y que lejos de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, la debilita y vuelve aún más frágil el estado de Derecho en vista que la Constitución ya contempla como se debe elegir al fiscal general y el adjunto, con la votación de una mayoría calificada que conforman 86 votos de los 128 parlamentarios.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un comunicado en donde demanda una elección de las autoridades del Ministerio Público bajo estándares internacionales de transparencia, debido proceso y respeto al estado de Derecho. Por su parte, desde Washington las voces para demandar una elección legal y legítima de las nuevas autoridades de la fiscalía de la república no se han hecho esperar desde senadores y legisladores de las alas demócratas y republicanos, así como personeros de alto nivel de la administración Biden.
Estos llamados se producen en medio de una alta polarización política que tiene su mayor expresión en un congreso nacional partido en dos, donde los esfuerzos de diálogo han fracasado y se está considerando ya una mediación internacional para evitar que el país caiga en una nueva crisis político institucional de consecuencias insospechadas.
Y en medio, se encuentra el Ministerio Público, ávido de golpes mediáticos certeros, de justicia pronta y de casos emblemáticos que permitan a sus nuevas autoridades interinas validar sus cargos, al margen de la ley. Para ello, el Congreso que preside Redondo parece dispuesto a ayudar, al entregar una comisión especial de legisladores una ruta de casos a investigar relacionados con la reelección presidencial, el tema de las Zedes, los subsidios o fondos departamentales, y otros más en ciernes. Por ahora, el foco se centra en las extitulares de Finanzas y Salud por el caso de los hospitales móviles y las narrativas oficiales acerca del discurso refundacional y de justicia.
El Congreso que preside Redondo cruza los dedos porque se haga una especie de juicio exprés, mientras prepara una delegación que viaje a Washington para intentar revertir la imagen internacional de ser un poder del Estado que está socavando la democracia y avanzando hacia una concentración del poder que no abona ni a la independencia de poderes, ni al fortalecimiento del Ministerio Público, como han advertido en sus pronunciamientos los senadores demócratas y republicanos. Y en esta carrera, los fiscales interinos Zelaya y Morazán, también se juegan el todo por el todo, junto al oficialismo en el Congreso. Así lo advierte en su más reciente carta pública la exrectora Julieta Castellanos. (PD)
