Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Una corte de apelaciones de Comayagua, decidió cambiar la tipificación del delito en el caso del crimen de Keyla Martínez. La acción podría evitar que el Estado de Honduras sea llevado a una demanda internacional por la ejecución extrajudicial de Martínez ocurrida en una posta policial, como tipifica el protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas, de la que Honduras es suscriptor.
El Protocolo de Minnesota fue aprobado en 1991 y establece una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita o una sospecha de desaparición forzada, así como un conjunto común de principios y directrices para los Estados, las instituciones y las personas que participen en la investigación especial.
Esa investigación, a la que hace referencia el Protocolo, establece que cuando “La muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida. Incluye, por ejemplo, todas las muertes posiblemente causadas por funcionarios de las fuerzas del orden u otros agentes del Estado; las muertes causadas por grupos paramilitares, milicias o “escuadrones de la muerte” sospechosos de actuar bajo la dirección del Estado o con su consentimiento o aquiescencia; así como las muertes causadas por fuerzas militares o de seguridad privadas en el ejercicio de funciones del Estado”.
Asimismo, se expone que, se aplica cuando “La muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes. Incluye este supuesto, por ejemplo, todas las muertes de personas detenidas en prisiones, en otros lugares de reclusión (oficiales y de otro tipo) y en otras instalaciones donde el Estado ejerce un mayor control sobre su vida”.
Keyla Martínez fue asesinada en febrero de 2021, en una posta policial, es decir, bajo la custodia del Estado y su crimen no solo fue tipificado como un femicidio agravado, sino como un hecho que calza con los postulados del Protocolo de Minnesota, en vista que su asesinato sobrevino cuando estaba bajo la custodia del Estado. Uno de los implicados en este crimen es el policía Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, y de acuerdo con el Ministerio Público, existe prueba contundente sobre su participación en el crimen de la joven enfermera.
Fue una ejecución extrajudicial
La fiscalía acusó al policía Perdomo Sarmiento por el delito de femicidio agravado, que establece una condena de 25 a 30 años de reclusión, pero, además, abre la puerta para que el Estado de Honduras sea llevado a la Corte Interamericana de Justicia bajo los lineamientos del Protocolo de Minnesota.
Las circunstancias en que se produjo la muerte de Martínez configuran una ejecución extrajudicial y según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), estos hechos “podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial, y que, por lo tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas”.
El crimen de Keyla Martínez pone de fondo también el tema de la depuración policial y su inconcluso proceso de reforma, en tanto surgen denuncias sobre otros tipos de violaciones humanitarias suscitadas en la posta policial de La Esperanza, en Intibucá. Keyla Martínez podría dar pie a otras investigaciones en esa zona y en esa posta que podrían complicar la credibilidad policial, de capa caída.
Una corte de apelaciones en entredicho
El 11 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Comayagua, en el central valle del mismo nombre, decidió cambiar la tipificación del delito en el caso de Keyla Martínez, de femicidio agravado al de homicidio simple, alertaron organismos defensores de los derechos humanos y de la mujer, con asiento en Costa Rica.
En un comunicado, dieron los pormenores de cómo se dio este vuelco en la tipificación del caso, calificándolo como una grave violación a los derechos humanos, según el Protocolo Latinoamericano para la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de Género, al asegurar que se está frente a un abuso judicial que busca fomentar más impunidad.
El crimen de Keyla Martínez ha suscitado también el interés de senadores estadounidenses que han pedido garantía de una justicia pronta y expedita. De acuerdo con la denuncia internacional sobre el cambio de delito en el caso, los jueces que integran la Corte de Apelaciones de Comayagua tienen una serie de denuncias en su contra por abuso de autoridad y otros presuntos delitos, mismas que constan en un expediente en poder de la fiscalía regional de Comayagua. Es el expediente número 1539903415-18.
Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, “toda muerte en circunstancias sospechosas ocurrida en cualquier parte del mundo es en potencia una vulneración del derecho a la vida, calificado frecuentemente como el derecho humano supremo, por lo que la prontitud, imparcialidad y eficacia de la investigación es fundamental para que no prevalezca la impunidad y se imponga una cultura de rendición de cuentas”
“Lo mismo cabe decir de las desapariciones forzadas. La versión actualizada del Protocolo de Minnesota brinda una plataforma exhaustiva y común a los investigadores forenses, patólogos, agentes del orden, abogados, fiscales, jueces y ONG para hacer realidad la rendición de cuentas en todo el mundo”, agregó.
De acuerdo con los juristas en derecho humanitario, este cambio de delito tiene otro trasfondo y debe atacarse dentro de los parámetros que dicta el procedimiento legal, por ahora, el Ministerio Público no se ha pronunciado al respecto, pero si el juicio de Keyla Martínez se mantiene bajo la nueva tipificación, el policía imputado no solo pagará menos por su delito, sino que el Estado se estaría salvando de ir a un corte internacional por asesinar personas bajo su custodia.
Hasta ahora, el Estado de Honduras ha sido condenado por varias violaciones de derechos humanos, entre ellas desaparición forzada, asesinato en las cárceles, asesinato de una transgénero, registrando así un patrón de violaciones humanitarias que no muestra tendencias a la baja, según los registros oficiales y de instancias civiles.
En el caso de las mujeres, las muertes violentas y femicidios han ido en ascenso, a julio de 2021, los organismos de mujeres registraban 174 asesinatos de mujeres, siendo los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Olancho, los que reportan el mayor número de crímenes contra las féminas. Las muertes violentas, en su mayoría impunes, han empezado a convertirse en una epidemia en esta nación centroamericana. (PD)
