Carlos Marx explicaba, en su teoría del plusvalor, que todo el trabajo necesario más allá de la subsistencia genera un valor adicional del que alguien se apropia. En el sistema de economía de mercado este es el capitalista, pero había otras formas de hacerlo en otros modelos. Aunque esta teoría es simplista (no reconoce el efecto del riesgo, innovación, emprendimiento, etc.) sirve para entender políticas públicas en diferentes países a lo largo del tiempo. Diferentes gobiernos (de forma implícita) han reconocido la existencia de algo similar a este plusvalor y han tratado de definir modelos de desarrollo considerándolo.
Una forma ha sido crear un sistema extractivo no capitalista, como el peonaje de la reforma en México y Guatemala (este componente no era liberal, como veremos). En Guatemala, la revolución de 1871 trajo al poder a Miguel García Granados y posteriormente a Justo Rufino Barrios. Estos fueron reformadores y progresistas en algunas áreas, pero buscaron un modelo de desarrollo de la economía de explotación y dictatorial. La raíz del problema que buscaban resolver es que había una gran cantidad de población que practicaba la agricultura de subsistencia (principalmente indígena), y que no había acumulación de capital para el desarrollo económico. Como decía Marx (y ellos concurrían), esta valorización solo se podía dar a través del trabajo más allá del necesario para la subsistencia, depositado en manos particulares que lo hicieran crecer. La agricultura era el espacio en el cual una sociedad rural con poca industria podía desarrollar primero.
La forma principal de hacer esto era quitarles sus tierras a los pobladores y evitar que pudieran titular nuevas. Ya sea por ser poseedores individuales (sin título), usufructuarios de ejidos, o practicantes de agricultura migratoria, se les debía limitar la posibilidad de ganar su sustento por estas vías. Al permitir a particulares (generalmente allegados al gobierno) adquirir enormes extensiones de esta tierra declarada pública (ya sea para sí mismos o para reventa), se escogían a los futuros capitalistas.
La segunda parte del esquema incluía obligar a esta población despojada a prestar sus servicios de forma obligatoria a los nuevos (y antiguos) terratenientes. Las leyes de vagancia creaban una obligación de trabajar cierta cantidad de días del año en las fincas, so pena de encarcelamiento. Al hacer el trabajo obligatorio (y quitar otros medios de subsistencia) se lograba una abundancia de trabajadores que se podían contratar a un costo menor que lo que el mercado hubiera demandado.
Entonces lo que ocurrió en Guatemala (lo mismo ocurrió en El Salvador, y en Honduras solo se hizo parcial la reforma ya que no se eliminaron los ejidos ni se introdujeron trabajos forzados) no fue una reforma para introducir el capitalismo, sino la construcción de un sistema de trabajos forzados. Esto, por su naturaleza, no producía acumulación de capital social ni conocimientos, sino solo un excedente que era apropiado y consumido de formas muchas veces improductivas. Al crear una clase superior artificial, cuya riqueza no era producto de su esfuerzo ni buen manejo, no sorprende que la mayoría de los recursos generados se desperdiciaran en consumo y no en inversión.
El despojo de campesinado para promover el desarrollo económico no ha sido monopolio ideológico de nadie. Después de la revolución rusa, se creó un sistema de pagar precios muy bajos (y usar la fuerza) para que los campesinos entregaran su cosecha al estado. Lenin (al ver que esto solo causaba hambre), vio necesario liberalizar la economía con la Nueva Política Económica para integrar a los campesinos a un sistema semi capitalista de venta de sus productos. Stalin decidió que esto no bastaba para financiar el desarrollo industrial del país, así que procedió a colectivizar la agricultura. Al eliminar al campesino como productor independiente y asignar cuotas elevadas de producción a ser entregadas, se podía financiar el desarrollo de la industria. Los campesinos resistieron como pudieron, pero la fuerza de un estado totalitario los doblegó, dejando más de una decena de millones de víctimas. Por tanto, vemos que el criterio de plusvalor acumulable ha existido en sistemas semi feudales y comunistas. Aun considerándolo como válido, solo una sociedad democrática puede crear las condiciones para prevenir su abuso. Es importante, al considerar las políticas de desarrollo, tratar de hacer que el desarrollo se genere, pero que dentro de lo posible se dirija a producir más riqueza (utilizando el motor del sistema de mercado) con libertad y protección a los débiles y que eleve el nivel de vida de todos.
