Tegucigalpa – El 2022, que se cierra este sábado, deja muchos misterios sin resolver en Honduras. Desde la enigmática desaparición de jovencitas, pasando por muertes emblemáticas indeterminadas, expedientes judiciales sin solventar, legalidad de un poder del Estado y aspectos de la seguridad ciudadana sin clarificar por parte de las autoridades.
– El funcionamiento de los radares para detectar narcovuelos es otro de los signos de interrogación que no logran ser despejados.
Proceso Digital enlistó 10 situaciones en las cuales no hay respuestas concretas por parte de las autoridades pertinentes y que a lo largo del 2022 marcados grandes desplegados en la agenda informativa nacional.
Es importante que exista la coordinación de las instituciones encargadas de ofrecer respuestas a una población ávida de luces en el nuevo año. A continuación presentamos algunos de los casos que nos dejan muchas preguntas y pocas respuestas:
¡El enigma de Angie!
Exactamente un año ha pasado desde que la joven Angie Peña desapareció misteriosamente a bordo de una moto acuática en Roatán, Islas de la Bahía, y el dolor de su familia solo es menor a la esperanza que aún pueda aparecer con vida.
En un ir y venir de teorías oficiales de la Policía hondureña, lo único real es que el paradero de la jovencita sigue siendo incierto, pese a que por momentos surgen nuevos elementos relacionados con su misteriosa desaparición.
Angie Peña, desapareció cuando paseaba en una moto acuática en el sector de West Bay, zona exclusiva para el turismo en Roatán, Islas de la Bahía. Sobre este caso se realizaron intensas y extensas búsquedas, hay objetos relacionados a la joven en poder de la Policía, pero sin mayores detalles, la principal hipótesis es que se trata de un accidente, la familia lo niega una y otra vez.
La familia de Angie, especialmente su padre Walter Peña, siempre ha dicho que personajes poderosos de la isla están detrás de la desaparición de la joven.
En una requisa de la Policía en la casa del norteamericano Gary Lee Johnston se encontraron prendas pertenecientes a Angie Peña, tal es el caso de un arete y hasta ropa interior, según lo informado por Walter Peña.
La hermana de Angie -Lizzy- recién escribió en su red social: “Como consejo, disfruten a sus seres queridos. Te amo, hermanita, cuánto te extraño. Un abrazo para todos los que estamos pasando una Navidad diferente”.
Desaparición de Belkis
Otro hecho que no encuentra respuestas de las autoridades competentes es la desaparición de la joven Belkis Suyapa Molina, hecho ocurrido el 21 de julio de 2022.
Desde ese día la joven, quien fue vista por última vez como a las 5:00 de la tarde por vecinos, luego desapareció mientras se transportaba en su vehículo tipo camioneta y casi ni una sola pista ha salido a relucir para dar con el paradero de la joven.
En medio de la angustia la familia acudió a realizar la denuncia que ha alertado a las autoridades y a muchas organizaciones entre estas ONU Mujeres y CARE, que conjuntamente han hecho pronunciamientos abogando por la pronta aparición de la joven.
En la ciudad de La Esperanza se han llevado a cabo manifestaciones y protestas para que las autoridades ofrezcan una respuesta a la desaparición de Belkis. La situación se ha ido tornando dramática al grado que sus pobladores han paralizado las operaciones en esa zona del país.
Por este caso, fue capturado Alexis Noé Lemus, sospechoso de la desaparición de Belkis Molina, quien guarda prisión en un centro penal del país. El imputado fue capturado preventivamente por el delito de privación ilegal de la libertad agravado en la colonia 8 de Octubre, en La Esperanza, durante los allanamientos realizados para esclarecer los hechos. Tiene la medida de prisión preventiva mientras sigue el juicio.
La familia de Belkis sigue en una tortuosa situación ante la exigua respuesta en la investigación.
Ejecución de barrista en SPS
El martes 31 de mayo, los medios de comunicación informaron que el joven Wilson Ariel Pérez Hernández, aficionado que habría golpeado por la espalda a una oficial de la Policía Nacional, en el Estadio Metropolitano de San Pedro Sula, murió abatido en un supuesto “enfrentamiento” con agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas.
La investigación de agentes de delitos contra la vida de la ATIC y de fiscales de la Sección de Investigación de Muertes Cometidas por Miembros de los Cuerpos de Defensa y/o Seguridad, Orden Público o Funcionarios del Estado concluye que el día del hecho dos equipos de policías asignados a la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) se dirigieron a la colonia Nueva Esperanza de San Pedro Sula e ingresaron a la vivienda donde estaba la víctima, quien al ver la presencia de las autoridades salió en veloz carrera por uno de los bordos del río Piedras, mientras los uniformados le realizaron disparos con armas de fuego donde uno de los proyectiles impactó en la espalda del aficionado cayendo sobre la acera, por lo que los policías lo subieron a la paila del vehículo tipo pick up en el que se conducían, ahí lo sometieron y lo torturaron, cuando lo trasladaban al hospital Mario Catarino Rivas, donde murió.
El dictamen de autopsia determinó que la causa de muerte de Wilson Ariel, fue por una herida por arma de fuego con laceración pulmonar derecha y hemotórax derecho, en donde se logró acreditar además que el arma de fuego encontrada, fijada y levantada en la escena del crimen por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) corresponde a una pistola, marca Girsan, serie T6368-11 G 00020, que fue hurtada por agentes de la FNAMP en fecha 16 de octubre del 2020 en operativo realizado en Quimistán, Santa Bárbara.
Después de muchas presiones de organismos defensores de derechos humanos, así como de entes internacionales acreditados en Honduras, se logró presentar ante la justicia a los presuntos responsables del suceso violento.
La Fiscalía logró auto de formal procesamiento contra cuatro policías presuntamente involucrados en la muerte violenta del aficionado del Real España.
Los procesados son: el subcomisario de policía, Carlos Roberto Escobar Mejía por los delitos de asesinato, tortura y simulación de infracción inexistente y el subinspector de policía, Luis Armando Sauceda Santos, por el delito de encubrimiento de asesinato.
Asimismo, el agente de investigación Bayron Patricio Zelaya Gálvez por los delitos de encubrimiento de asesinato y encubrimiento de tortura y la agente Chelssi Patricia Sandres Hernández por el delito de falsificación de documentos públicos (elaboración de reporte de una denuncia falsa).
A Carlos Roberto Escobar Mejía se le decretó prisión preventiva y a los demás uniformados el juez les mantuvo las medidas sustitutivas impuestas desde la audiencia de declaración de imputado.
Dólares de la Piedad
Más de siete meses pasaron desde que la senadora colombiana Piedad Córdoba fuera detenida en Honduras con 68 mil dólares, de los que hasta ahora no justificó su procedencia.
Proceso Digital constantemente consultó a la Fiscalía sobre cómo avanzan las investigaciones del caso, pero la respuesta siempre fue: “Sin mayores novedades”.
La congresista fue retenida el 25 de mayo porque, según la legislación hondureña, una persona no puede transitar con más de 10 mil dólares, los cuales no fueron reportados debidamente por Córdoba a las autoridades de ese país.
Córdoba relató en su oportunidad que el dinero era de una asesoría que cobró a un empresario colombiano en Honduras, sin embargo nunca se confirmó ese extremo.
En el caso de Piedad Córdoba no estuvo ni un día detenida y aunque las autoridades salieron al paso para asegurar que fue “provisionalmente retenida” para efectos de investigación, durante el proceso hubo muchas contradicciones de los entes de gobierno y de la propia política colombiana.
Este es otro de los casos que quedó en el limbo este año por parte de las autoridades hondureñas.
Asesinato de Said, hijo de Pepe, y tres jóvenes más
Uno de los sucesos violentos más impactantes este 2022 fue el asesinato de cuatro jóvenes, entre ellos el hijo del expresidente Porfirio Lobo, quienes fueron acribillados al salir de una discoteca de un reconocido centro comercial de la capital hondureña.
El suceso ocurrido el 14 de julio quedó grabado en múltiples cámaras de vigilancia e incluso en dispositivos móviles.
Ese día en horas de la madrugada, Said Lobo (23) hijo del expresidente hondureño y la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, fue asesinado junto a otras tres personas cuando salían de un centro nocturno (discoteca) situada en el Bulevar Morazán en Tegucigalpa capital de Honduras. Las demás víctimas fueron identificadas como: Luis Zelaya, Salomón Vásquez y Norlan Rivera, todos amigos entre sí.
Desde que ocurrieron los hechos -en un falso operativo por sicarios disfrazados de policías-, se logró imputar a tres personas, de seis que se asegura, fueron capturados por la Policía Nacional; una de esas personas fue Norma Alicia García, acusada por el Ministerio Público por los delitos de asesinato y asociación para delinquir a título de cómplice de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Además en este caso comparecieron en audiencia inicial los ciudadanos Eber Ezequiel Espinoza y Erick David Macías, acusados de asesinato en perjuicio de los cuatro jóvenes.
No se volvieron a conocer avances en este expediente y todo indica que el caso camina a quedar en la impunidad como muchos que ocurren casi a diario en Honduras.
¿Y la extradición de Axel López?
La compra de siete hospitales móviles por parte del gobierno de Honduras a través de un empresario guatemalteco -Axel López- se ha constituido en una de las estafas más grandes en la historia del país.
Por esta compra se pagaron al contado 48 millones de dólares a López. Los dispensarios móviles llegaron tarde y actualmente no funcionan representando una chatarra inservible para las autoridades sanitarias.
Desde 2021, el Ministerio Público solicitó la captura internacional del empresario guatemalteco Axel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, e implicado en la venta irregular de siete hospitales móviles a Honduras. Sin embargo, este 2022 se informó que había un pedido formal de extradición contra López, quien posee –además- nacionalidad estadounidense.
Pese a las constantes diligencias de la Fiscalía hondureña, el gobierno de Estados Unidos no ha concedido la entrega de López, quien además se pavonea por ese país del norte ofreciendo productos médicos e incluso poniendo de ejemplo la venta de los hospitales a Honduras.
Por este caso, el pasado 10 de junio, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción dictó una condena de 10 años con 11 meses para Marco Bográn por la comisión a título de autor de fraude agravado en el caso de la compra irregular de siete hospitales móviles.
El exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, además de los años de prisión deberá realizar el pago de una multa por una cantidad igual al valor de lo defraudado que asciende a la cantidad de un mil cuatrocientos setenta y cinco millones novecientos veintiún mil doscientos noventa y ocho lempiras con ochenta y dos centavos. (L. 1,475,921,298.82).
En ese mismo orden el tribunal condenó al exgerente administrativo de Invest-H, Alex Alberto Moraes Girón, por la comisión a título de autor del delito continuado de violación de los deberes de los funcionarios agravada a la pena concreta de nueve años cuatro meses y 15 días de inhabilitación especial para optar u ostentar empleo o cargo público. En este mismo expediente está incluido el empresario Axel López, sobre quien hay una Alerta Roja internacional.
Muerte súbita de aspirantes a policías
El pasado 11 de septiembre, 495 personas llegaron hasta la ANAPO como nuevos aspirantes a oficiales del ente policial y fueron sometidos, como parte de las pruebas físicas, a correr, en la cancha ubicada en las instalaciones de dicha Academia, cargando con sus maletas.
Al menos 34 personas resultaron afectadas en su salud en el momento en que realizaban prácticas de entrenamiento, al presentar cuadros de vómito, deshidratación e incluso desmayos, por lo que fueron trasladados a dos centros hospitalarios.
Inicialmente, dos aspirantes a oficiales identificados como Jairo Josué Martínez y Ronald Javier Coello perdieron la vida horas después del incidente, la tercera víctima de nombre Kevin Mejía, médico de profesión, murió el 19 de septiembre en un hospital privado donde estaba en cuidados intensivos.
Ya casi se cumplen 4 meses desde que ocurrieron los hechos y no se conocen los resultados de las autopsias y mucho menos si hubo excesos por parte de los oficiales encargados del entrenamiento.
Extraoficialmente se ha conocido que las muertes de los jóvenes aspirantes a suboficiales en la Academia Nacional de Policía (Anapo), no fue por consumo de alimentos o energizantes, como dijeron autoridades de la Secretaría de Seguridad.
Legalidad de junta directiva del CN
Uno de los mayores hechos ocurridos este año fue la juramentación de dos juntas directivas del Congreso Nacional. Una, que encabezó el diputado oficialista Jorge Cálix, y la otra que es la que actualmente funciona que es la de Luis Redondo.
Mucho se ha dicho sobre la legalidad de la junta directiva de Luis Redondo. Ellos han operado desde el inicio de la legislatura, pese a los reclamos de la principal bancada de oposición que es la del Partido Nacional.
Los nacionalista han ofrecido sus votos para legalizar la junta directiva de Luis Redondo, pero el hecho ha pasado sin que pase nada. Decenas de expertos consideran que mientras no se enmiende este entuerto el país transita por una vereda de incertidumbre.
Varias versiones aseguran que la legalidad de la junta directiva del Legislativo es uno de los puntos que no ha permitido la instalación de la CICIH en Honduras, pero fuentes del oficialismo han salido una y otra vez para descartar semejante aseveración.
El Poder Judicial confirmó que hay varios recursos en contra de la legalidad de la actual junta directiva del Congreso. Se prevé que un falló declarando la inconstitucionalidad provocaría otra crisis política en la antesala de la elección de la nueva CSJ.
¿Qué fin tuvo la narcocarretera?
Otro tema sensible que ha quedado en el limbo es la carretera que se construye en La Mosquitia, más allá de unir a Wampusirpi y Krausirpi, contempla varios ramales que invaden la zona núcleo de la Biosfera del Río Plátano.
La construcción de la llamada “narcocarretera”, bautizada así por defensores ambientales, que en su primer tramo inicia en Dulce Nombre de Culmí, Olancho, para luego unir a Wampusirpi y Krausirpi, nunca contó con los permisos requeridos y tampoco se esclareció el origen de los fondos para su financiamiento.
La deforestación en las zonas de amortiguamiento de la Biosfera de Río Plátano causó preocupación entre los grupos indígenas de la zona que buscan la protección de la reserva de vida y organizaciones ambientalistas. Mientras otros vendieron sus parcelas a precios ínfimos, generando una invasión masiva en ese sector protegido del país y la construcción de carreteras alimenta los daños de una zona patrimonial de la humanidad.
Luego de toda la polémica generada por la cuestionada carretera, el asesor presidencial y expresidente hondureño, Manuel Zelaya defendió -en abril pasado- que no se destruiría la carretera que une de Krausirpe (en el municipio de Wampusirpi) a Dulce Nombre de Culmí.
En una conferencia de prensa un mes antes -marzo- las autoridades gubernamentales anunciaron la destrucción de la “narcocarretera”, denominada así por los grupos indígenas de la zona.
Los meses han pasado y no se sabe en qué quedó la decisión gubernamental de destruir la carretera o si finalmente se cumplió con la orden del asesor Mel Zelaya.
Funcionamiento de las cámaras del 911
Otro enigma pendiente de resolver es el funcionamiento de las cámaras de vigilancia ciudadana del 911. Por un lado, el propio ministro de Seguridad, Ramón Sabillón reconoció que algunos de estos artefactos no están operativos.
Sin dar un estimado de las cámaras que no funcionan, Proceso Digital conoció que apenas están operativas un 20 % del total.
El propio sistema 911 informó en septiembre pasado que el servicio estaba inoperativo por el impago con el operador y proveedor de una deuda que ascendía a 11 meses en esa oportunidad.
El subdirector nacional del Sistema de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Fernando Ferrera, explicó que se trata de un contrato de 150 millones de dólares (3 mil 675 millones de lempiras) pagaderos en cuotas mensuales de 1.8 millones y se debían 11 meses.
Reveló que el contrato es de siete años y medio con montos de 4 mil millones de lempiras, “este es un gobierno responsable, queremos instalar un 9-1-1 al servicio de la población, pero un 9-1-1 honesto, bajo principios de transparencia”, defendió.
Varios meses después el problema persiste y la inoperatividad es cada vez mayor.
En recientes declaraciones el gerente de Hondutel, Carlos Montoya, dijo que estaban pugnando para poder prestar el servicio al sistema del 911 y que esos recursos fueran a caer a las arcas de la estatal de las telecomunicaciones.
Los 365 días de este año concluyen este sábado y la población demanda que muchas nebulosas que quedaron en el aire, finalmente puedan ser esclarecidas en el 2023. PD
