Tegucigalpa – La representante de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Heide Fulton, reiteró este jueves que las reformas a la Ley de Presupuesto representan un paso atrás a la lucha contra la corrupción en este país centroamericano.
En escuetas declaraciones a periodistas la funcionaria estadounidense dijo que “el gobierno de los Estados Unidos ha sido partidario de las denominaciones en Honduras, creemos que esta ley aprobada la semana pasada facilita la impunidad de ciertas personas dentro del gobierno y de los miembros del Congreso Nacional”.
Además, representa un paso atrás en la lucha contra la corrupción, y un obstáculo a la capacidad del Ministerio Público de investigar, dijo.
En ese sentido, aseguró que su gobierno apoyará a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y las otras organizaciones comprometidas en su lucha por la corrupción y la impunidad en Honduras.
Fulton asistió este jueves a la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional para el período 2018-2022. No ofreció declaraciones por otros temas.
Lo que dice la reforma El artículo 131-A que contiene la reforma, dice textualmente: “LIQUIDACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS O AYUDAS SOCIALES. En aplicación a la aplicación del artículo 123 de la presente ley y leyes relacionadas, se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar Auditorías e Investigación Especial de todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los servidores públicos, Diputados al Congreso Nacional, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´s), fundaciones y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, comprendidos en los periodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. Los fondos antes referidos comprenden, tanto al fondo social de planificación departamental, el fondo de desarrollo departamental, subsidios o cualquier otra denominación que se les haya dado a los fondos que son destinados para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales en los diferentes departamentos, incluyendo los tercerizados o los descentralizados. Quedan comprendidos además los gastos de inversión social y lo relacionado al fortalecimiento de la gobernabilidad y democracia que se ejecuten a través de las instituciones de derecho público y privado creadas para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos. Dicha auditoría e investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe realizarse en un período de tres años después de la publicación de la presente reforma, para lo cual el TSC aprobará un reglamento especial. Todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos y entregados al TSC para realizar la auditoría correspondiente, por parte de quien los posea o a simple requerimiento de este. Una vez finalizada la auditoría e investigación especial de conformidad a la ley y el reglamento del TSC y este encuentre hallazgos, determinará la responsabilidad civil, penal o administrativa que en derecho corresponda, notificando a los entes correspondientes en cada uno de los casos , o en su defecto otorgando su solvencia, durante este en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que esta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal”. |
