Tegucigalpa – En Honduras, un país donde constantemente salen a luz pública interminables y escandalosas denuncias de corrupción, el reclamo generalizado es porque se conozcan los nombres de los responsables y más allá de ello se castiguen.
Hasta ahora, se replica y reclama en el ambiente popular de este país centroamericano que ningún “pez gordo” ha parado en la cárcel por defraudar el fisco, abusar de su cargo, falsificar documentos públicos o malversar caudales públicos. Tampoco los protagonistas de actos de corrupción pública y que involucran a autores privados es castigado. Igualmente ocurre con los crímenes emblemáticos contra personajes públicos.
Un nuevo capítulo a esa realidad se conoció este miércoles cuando el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Mario López, sorprendió a propios y extraños al asegurar que un empresario sampedrano le ofreció 12 millones de lempiras por dar con lugar un trámite, que según él, era ilegal; “Conmigo no se compone nada que no sea legal”, dijo.
El funcionario dio a conocer la denuncia, impávido, al momento de defenderse de señalamientos a su labor formulados por miembros de la empresa privada local. De inmediato en distintos foros públicos, medios de información y hasta en las redes sociales comenzó una avalancha de críticas contra las declaraciones del jefe del organismo recaudador de impuestos. Todos coincidieron en queel funcionario está en la obligación de revelar el nombre del empresario porque de lo contrario se convierte en cómplice.
“Llegaron a ofrecerme una cantidad exagerada de dinero, me ofrecieron 12 millones de lempiras por parte de un empresario que en su momento voy a decir quién es” afirmó el jefe de la oficina de tributación.
Luego insistió que “en su momento voy a decir quiénes son, cuando empiecen a fastidiarme”, aunque afirmó que ya se lo comunicó al presidente Porfirio Lobo.
Las versiones de López se suman a una interminable lista de vergonzosos actos en los que la identidad de los infractores nunca llega a conocerse.
Para muestra varios botones
La semana anterior, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso hondureño, Mario Pérez, denunció la existencia de fiscales del Ministerio Público que estaban ligados al crimen organizado y que además era consumidores de drogas.
El congresista dijo que aportes de la propia Comisión Interventora de la Fiscalía hondureña indican la colusión de funcionarios del MP con el crimen organizado y el consumo de drogas por parte de algunos de ellos, quienes lo han confesado, según expresó, incluso antes de someterse a las pruebas de confianza.
Pérez detalló que lo que ha arrojado la intervención al Ministerio Público “y nos han revelado da escalofrió”.
Asimismo, durante la revisión de las exoneraciones fiscales por parte de una comisión especial nombrada por el Ejecutivo, se dijeron tantas cosas e incluso se habló de la introducción de cinco helicópteros por parte de empresas amparadas bajo esta prerrogativa.
“Son cinco helicópteros los que se han introducido al país amparados en las exoneraciones”,expresó en su momento el presidente de la Comisión de Revisión de Exoneraciones, Marco Ramiro Lobo, sin dar a conocer los nombres de los particulares o empresas que habrían hecho la transacción.
En crímenes emblemáticos nunca se llega a autores intelectuales
Pero las denuncias sin nombres que ensanchan la impunidad en Honduras, también se ligan con los crímenes denominados emblemáticos. Las autoridades en algunos de estos casos logran dar con el paradero de los autores materiales, no así con los intelectuales.
Para el caso,en el crimen contra el periodista Aníbal Barrow, las autoridades dijeron que estaban tras los pasos de los autores intelectuales del asesinato. Casi un mes ha pasado y poco o nada se sabe al respecto.
“En los próximos días habrá capturas importantes”, expresaron las autoridades al tiempo de revelar que los autores intelectuales estaban plenamente identificados.
Muchos consideran que este caso quedará como el del periodistaAlfredo Villatoro; el zar antidroga, Julián Arístides González; el del experto en seguridad, Alfredo Landaverde; el del fiscal Orlan Chávez y otros tantos considerados como emblemáticos. A la lista hay que sumarle el crimen de la jueza progreseña, Mireya Mendoza Peña, por el que se reporta la captura del presunto hechor material, aunque sin mayores detalles para llegar hasta los intelectuales.
Así, Honduras transita entre el crimen y la corrupción. La impunidad sigue de fiesta y la zozobra interminable carcome a una%26nbsp; población desesperanzada.
