Tegucigalpa– Entre gritos, plegarias y pancartas, unos 500 socios de la empresa Koriun Inversiones amanecieron este jueves frente a Casa Presidencial, con una súplica que resuena cada vez más fuerte: “¡Devuélvannos nuestro dinero!”.
-Las preguntas clave en este caso de estafa siguen sin respuesta: ¿Dónde está el dinero?, ¿Quiénes se beneficiaron realmente?, ¿Habrá reparación para las víctimas?
A más de tres meses de que estallara uno de los mayores escándalos financieros recientes en Honduras, las promesas de las autoridades se han diluido en discursos sin resultados. La respuesta institucional sigue siendo lenta, fragmentada y contradictoria. Y mientras el Estado debate su responsabilidad, miles de familias pierden la esperanza de recuperar sus ahorros.
La escena de este jueves fue conmovedora. Varias personas se arrodillaron con las manos al cielo, orando entre lágrimas frente a los portones de Casa de Gobierno.
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«Señor padre, estamos reclamando lo de nosotros… que se arrepientan, padre, y que nos devuelvan ese dinero. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos escuchen», clamaban con voz quebrada.
La Policía Nacional desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en la zona, conteniendo a los manifestantes, en su mayoría originarios de Choloma, la ciudad que fue el epicentro de este esquema piramidal que afectó a más de 35,000 personas.
Lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en un tenso enfrentamiento con empujones y forcejeos. Una mezcla de dolor, impotencia y rabia alimentó el caos, mientras los manifestantes insistían: “¡Nos están dejando en la calle!”.
La estafa que nadie vio —o no quiso ver
Koriun Inversiones operó durante años con total impunidad. A pesar de sus actividades financieras masivas, apenas en 2023 obtuvo un Registro Tributario Nacional (RTN) como comerciante individual a nombre de su gerente, Iván Velásquez. Durante todo ese tiempo, la empresa ofrecía rendimientos exorbitantes del 5 % semanal, o sea, un 240 % anual, un modelo insostenible que resultó ser un clásico esquema Ponzi.
La intervención del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) llegó tarde, en abril pasado, y fue recibida con escepticismo. Más que respuestas, las autoridades ofrecieron excusas. Los entes estatales se declararon “incompetentes” y se pasaron la responsabilidad entre sí, generando una ola de indignación y desconfianza.
«¿Por qué no se actúa en el caso de Koriun? ¿Por qué tanta omisión?», cuestionó este jueves el exministro de Transparencia Edmundo Orellana, señalando que la falta de una respuesta seria daña profundamente al gobierno y su credibilidad.
Promesas rotas y abandono
El gobierno en un principio insinuó la posibilidad de reintegrar los fondos perdidos con dinero público, pero pronto esa promesa se diluyó ante el rechazo de diversos sectores, incluso dentro del mismo oficialismo. Desde entonces, la incertidumbre es total, porque nadie da respuesta, mientras analistas consultados por Proceso Digital, advierten que este problema se le ha ido de las manos a las autoridades y amenaza con crecer a una situación social que puede ser peligrosa.
En Choloma y otras zonas afectadas, las tomas de carreteras paralizaron la economía local durante semanas. Miles de trabajadores, vendedores y transportistas fueron perjudicados, mientras el gobierno permanecía en silencio. Hoy, esas protestas se han ido apagando, no por resolución, sino por cansancio y desesperanza, apuntan los mismos afectados.
«Jugaron con nosotros. Un día nos dijeron que pagarían, al siguiente metieron presos a unos empleados, pero nunca dijeron quiénes están realmente detrás», expresó uno de los manifestantes frente a Casa Presidencial.
Reacción tardía
En las últimas horas coincidiendo con la última protesta, el Ministerio Público anunció la ampliación de la acusación por lavado de activos contra dos administradores de Koriun en Copán y Santa Bárbara: Jehovany Gómez Guevara y Juan Carlos García Ríos, acusados además de asociación para delinquir.
Las autoridades revelaron que ninguno de los dos imputados puede justificar millonarios movimientos financieros. Sin embargo, la acción judicial parece demasiado lenta frente al sufrimiento de miles de familias que lo han perdido todo.
Los principales acusados —Iván Velásquez, su esposa Kefi Gavarrete y Marco Abel Villeda— siguen detenidos, pero para los afectados las acciones son insuficientes, sobre todo porque coligen que no se da con los verdaderos responsables.
El costo humano de la indiferencia
El caso Koriun ya no es solo un caso de estafa financiera. Se ha convertido en una crisis social de gran magnitud, con hondureños que hoy viven en la miseria, enfrentan deudas impagables y han perdido años de esfuerzo. Pequeños comerciantes, amas de casa, obreros y migrantes retornados depositaron su confianza en un sistema que no los protegió.
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La ausencia de una política pública coherente, la incapacidad institucional y el desinterés político están empujando a los afectados al borde del colapso emocional y económico.
Y mientras los días pasan y las promesas se desvanecen, la fe de estas personas —de rodillas, llorando frente al portón de Casa Presidencial— se convierte en la imagen más cruda de un país que sigue fallándole a sus ciudadanos más vulnerables, coinciden analistas en el tema social. LB
