Tegucigalpa – Con el propósito de implementar un sistema de justicia penal especial que conlleva la aplicación de medidas privativas y no privativas de libertad para menores infractores, las autoridades del Poder Judicial de Honduras (PJ) sostuvieron un conversatorio con instituciones que prestan atención directa a la niñez y a la adolescencia.
La nueva Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) recientemente realizó un intercambio de experiencias en torno a la administración y automatización del sistema de justicia de adolescentes de la República de Nicaragua con el fin de aplicarlo en Honduras ya que es un exitoso proyecto y hay buenas prácticas que pueden repetirse en nuestro país.
Los entes involucrados son el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, Defensa Pública, Unidad de Programas Especiales (UPE), Unidad de Apoyo a las Comisiones Interinstitucionales de Justicia (UNACIPJ), Dinaf, Fiscalía de la Niñez, Justicia Penal Especial, Desarrollo Social, Derechos Humanos, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El conversatorio fue presidido por la Magistrada Rosa de Lourdes Paz Haslam y la Concejal Liliam Maldonado, miembro del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
Entre los avances que se han cumplido para la implementación del Sistema de Justicia Penal Especial se encuentra el levantamiento de información en Centros de UNICEF y el diagnóstico sobre procesos judiciales en los Juzgados de la Niñez en relación con adolescentes infractores.
En el país hay tres Centros de Internamiento para albergar a menores infractores: El Carmen en San Pedro Sula, Cortés; Sagrado Corazón de María y Renaciendo en Tegucigalpa, Francisco Morazán; con una población total de 328 internos.
Se pretende mejorar la situación de los adolescentes recluidos, que encuentren asistencia médica y educativa, el objetivo es que los menores realicen algún tipo de formación vocacional que les lleven a reinsertarse nuevamente en la sociedad una vez finalizada su medida de internamiento.
El proyecto tiene previsto involucrar a varias organizaciones no gubernamentales debidamente certificadas para la aplicación de medidas no privativas e identificar los elementos de prevención para evitar muchas de las infracciones existentes y advertir a las y los adolescentes sobre las consecuencias que conlleva el cometer un delito.
“Hemos recibido el apoyo al más alto nivel de la Corte Suprema de Justicia para evaluar los niveles de desempeño y los niveles de capacitación, también tenemos proyectado trabajar en campañas de sensibilización para comprometer la responsabilidad de los diferentes sectores del país, también el apoyo de la comunidad internacional, porque es de conocimiento de la sociedad que hay muchos jóvenes formando parte de pandillas, crimen organizado ya que no han tenido oportunidades, en muchos casos por la irresponsabilidad de los padres y madres”, informó la Directora Ejecutiva del DINAF, Lolis Salas Montes.
Por su parte, una comisión del Poder Judicial viajará a Nicaragua para profundizar sobre este Sistema, ya que este proyecto será responsabilidad de este Poder del Estado, en coherencia con el compromiso institucional en favor de la Niñez y la Adolescencia como un amplio sector en condiciones de vulnerabilidad en Honduras.
