Tegucigalpa – La justicia hondureña dictó detención judicial para el extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, acusado en uno de los casos por la compra irregular de ventiladores mecánicos para atender la pandemia de COVID-19.
El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en audiencia de declaración de imputado dictó detención judicial al ciudadano Gabriel Rubí Paredes, por suponerlo responsable de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
La portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo informó que luego de la presentación voluntaria del exfuncionario, este seguirá recluido en la cárcel de Támara a la espera de la audiencia inicial que se realizará el lunes 14 de octubre a las 3.00 de la tarde.
El abogado defensor de Rubí, Alexander López confía en la inocencia de su cliente y criticó que no es correcta la forma en que se ha ventilado este caso a nivel de la justicia.
Anotó que en todo momento su cliente -Gabriel Rubí- ha mostrado su anuencia e incluso se presentó voluntariamente para responder ante las acusaciones.
Aseguró tener las suficientes pruebas para demostrar la inocencia del exfuncionario mediante audios, documentos y notificaciones oficiales.
Relación de hechos
En este caso los ventiladores mecánicos cuando llegaron al país para atender la pandemia de COVID-19 venían dañados lo que generó un perjuicio de 63 millones de lempiras a las arcas nacionales.
Entre otros exfuncionarios en este expediente figuran Lisandro Rosales, excanciller de la República. Se les acusa de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Por los momentos se mantiene prófugo de la justicia.
Además, se imputó a Jessica Canahuati Farah, excónsul en Nueva York; Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, los dos últimos con la medida de prisión preventiva luego de comparecer en audiencia inicial.
Los requerimientos se hacen a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presenta requerimiento fiscal contra exfuncionarios de Gobierno (2018-2022), acusados de cometer un perjuicio a la población hondureña por más de sesenta y tres millones de lempiras (L 63,839,377.80), mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de COVID-19 debido a que fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso. JS
