Tegucigalpa (Especial Proceso Digital / Ronald Ordóñez) – El desplazamiento interno tiende a ser una constante en Honduras, un país donde la violencia común, la violencia de género, la exclusión, el crimen organizado, la corrupción y el deterioro ambiental, siguen marcando el constante éxodo que además de llevarles a tomar la ruta migratoria hacia el norte del continente; también les hace movilizarse dentro del país mostrando una cara casi desapercibida para las autoridades, pero que refleja uno de los rostros más tristes de la migración.
-Mejorar la relación entre los municipios y el gobierno central es una de las principales recomendaciones del ACNUR para afrontar el desplazamiento interno por violencia en Honduras.
El gobierno de Honduras reconoce que hasta el año 2019 un total de 274 mil ciudadanos se habían desplazado internamente por la violencia. Las cifras, avaladas por la oficina de la Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organismo que señala que más de la mitad de esta cifra es desplazamiento intramunicipal, como un primer efecto de la violencia en el país.
Es dato, fue confirmado por Andrés Celis, jefe de Oficina en Honduras de ACNUR, quien lamentó el vacío de información en el tema e instó a la actualización periódica de datos más periódicos oficiales.
“Aquí tenemos un vacío de información, las últimas cifras continúan siendo las de finales de 2019 en donde hablábamos de 274 mil personas desplazadas internamente por la violencia… el 55 % de las personas que han huido en el caso de Honduras, han buscado protección dentro del mismo municipio, es decir que se han cambiado de colonia para resolver su problema o han salido temporalmente de su colonia y han vuelto a la misma”, reflexionó el representante de ACNUR en Honduras.
Pese a la gravedad de esta realidad, está solo es un grano de arena en un desierto, ya que en el mundo reporta 40 millones de desplazados internos tan solo en el último año, señaló Celis quien destacó que estas son cifras del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés).
Sin embargo, el acumulado total de desplazados internamente por la violencia a finales del 2020 es de 55 millones de personas, el 83 % corresponde a problemas de conflictos y violencia, acentuó Celis.
Este 83 % que representan 48 millones de personas continúan desplazadas por conflictos de violencia, precisó el alto funcionario.
Desplazados temporalmente
Luego de brindar una mirada global sobre esta problemática, el entrevistado profundizó sobre el problema local, del cual refirió que en el último año Honduras reportó 954 mil personas desplazadas estrechamente vinculadas a las amenazas climatológicas.
“Eta e Iota generaron un amplio movimiento de población, hablamos en el caso de Honduras de 954 mil personas vinculadas con las tormentas tropicales, pero no necesariamente estas personas continúan en una situación de desplazamiento”, apuntó.
Seguidamente, dijo que se trata de un desplazamiento temporal generado por el paso de las tormentas tropicales por el territorio hondureño en noviembre de 2020.
“Eta e Iota nos mostraron la complejidad del escenario cuando el impacto de las tormentas tropicales afectó a grandes segmentos de la población, pero también afectó a aquellas zonas que venían siendo impactadas por violencia en lugares como Cortés en particular y las ciudades de San Pedro Sula y Choloma”, reflexionó.
Honduras sin nuevos datos
El representante de ACNUR dijo que la ausencia de información actualizada impide tener una mirada más renovada sobre el desplazamiento interno por violencia.
“No hay nuevos datos acumulados de desplazamiento por violencia que le permita a uno decir esta es la situación para el año 2021. Tenemos que hacer ejercicios más frecuentes de evaluación para dar cuenta de ello”, reprochó.
Es oportuno mencionar que los datos avalados por ACNUR corresponden al “Informe de Caracterización del Desplazamiento Interno en Honduras” impulsado por la entonces oficina de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
El informe presenta una investigación realizada en 20 municipios de en los departamentos de Cortés, Atlántida, Yoro, Colón, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Olancho, Comayagua y El Paraíso.
Al tratarse de un informe georreferenciado en solo 20 de los 298 municipios de Honduras, se colige que las cifras de desplazamiento interno por la violencia en el país centroamericano es un tema de mayor gravedad.
Metrópolis las más afectadas
De acuerdo a los estudios sobre el tema son las metrópolis, es decir las principales ciudades de Honduras, las más afectadas por el desplazamiento interno por la violencia, subrayó Celis.
“La concentración se encuentra en las dos zonas metropolitanas de Honduras, es decir Francisco Morazán como San Pedro Sula, y esto afecta a los municipios vecinos”, manifestó.
“Hay situaciones significativas en El Progreso, Atlántida y Colón principalmente”, externó al tiempo que indicó que el impacto del desplazamiento es mayúsculo.
Ejemplificó que si se realizan inversiones en una zona y las personas se mueven, la inversión se pierde.
Otra forma de medición del impacto es la exclusión, en ella se engloba los discursos de xenofobia y acciones como que el Congreso Nacional de Honduras no quiera discutir aún un proyecto de Ley para prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas internamente, presentado el 26 de marzo de 2019, esgrimió Celis.
Maras y pandillas
Aunque no se le puede atribuir totalmente la responsabilidad a las maras y pandillas, son estas el problema más significativo en la causalidad del desplazamiento interno por violencia, razonó.
Aunque insistió en el vació de información, subrayó que más del 60 % de la población desplazada identifica a las maras y pandillas como causante de su desplazamiento.
Aunque se trata de un menor número, pero las estadísticas también recogen desplazamiento interno causado por las autoridades, derivó.
Resumió que la principal causa es la extorsión provocada por las maras y pandillas, luego la violencia basada en género.
“La economía local ha sido golpeada por muchos años por dinámicas como la extorsión”, especificó.
Mujeres y niños, principales víctimas
Con la consideración de que es una problemática que requiere de análisis más profundos concluyó que tanto las mujeres como los menores, son identificados como las principales víctimas del desplazamiento forzado.
En el caso de los menores, estos son reclutados forzadamente por las maras, pandillas y estructuras criminales del país.
Sobre las mujeres dijo son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar, esta no es asumida como una causa de desplazamiento a no ser que la persecución contra las mujeres continúe hasta causar el desplazamiento, detalló.
“Hay diferentes indicadores que pueden explicar lo que ha venido ocurriendo con la sensibilidad en función del género, hay un incremento por ejemplo en las denuncias de violencia intrafamiliar y eso lo recogen los datos del 911 y ha sido avalado por varias instituciones del gobierno más agencias del Sistema de las Naciones Unidas”, puntualizó.
Dichas situaciones de violencia por género están vinculado al aislamiento social a causa de la pandemia, atribuyó.
“En términos de género también aparecen elementos de discriminación, odio, homofobia y transfobia, estos son hechos que se siguen presentando permanentemente”, imputó.
Recuperación de espacios
A criterio de Celis existen escenarios de reducción del impacto de la violencia. “si uno compara cifras de 2012 como la tasa de homicidio y las mira al final de 2020 hay una reducción significativa”, particularizó.
En ese sentido, recordó que al comienzo de la década anterior se hablaba de más de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes y al final del 2020 se cifró en 37 por cada 100 mil habitantes.
No obstante -dijo- la cifra continúa siendo alta, pero aceptó se ha mejorado sustancialmente en el país.
Retos y desafíos
“En el desplazamiento forzado uno de los retos sigue siendo combinar esa arquitectura del esquema institucional”, contrastó.
Consecuentemente, añadió que la ley es importante en términos de inclusión.
“En términos de asignación de recursos, si yo como jefe de una entidad veo que tengo una obligación legal que cumplir voy a desarrollar programas y designar recursos para ellos”, afirmó.
Otro desafío es mejorar la relación entre los municipios y el gobierno central, donde se hace se mejora y se avanza de manera más rápida.
Además, se debe prevenir el desplazamiento y para ello se debe asegurar que los programas lleguen a las comunidades.
La respuesta a la extorsión concentrada en la respuesta policial es insuficiente, por lo que hay que mirar que sucede detrás de las familias y personas afectadas, sostuvo.
El reclutamiento forzado se continúa reconociendo poco, arguyó. “Hay que pensar cómo proteger a los niños del reclutamiento forzado y entender que si un niño se vincula con una organización criminal su vinculación nunca es voluntaria”, coligió.
Como elemento próximo a atender, apuntó la salud mental ya que después de las pérdidas de vida, el impacto de la violencia se refleja en la salud mental.
Finalmente zanjó que la respuesta no solo debe ser estatal sino un esfuerzo en conjunto con las distintas instituciones y organismos internacionales. (RO)
A continuación, Proceso Digital reproduce la entrevista con el representante de ACNUR en Honduras:
