Tegucigalpa (Especial Proceso Digital / Joel Perdomo ) – La derogación de los delitos contra el honor sigue siendo una demanda del gremio periodístico, se trata de seis artículos contentivos en el nuevo Código Penal, una ley convertida en tema de amplios debates, por transgredir no solo el libre ejercicio del periodismo, sino la transparencia y la lucha contra la corrupción e impunidad entre una sarta de crímenes que bajo su manto se vuelven en laxos delitos.
– Un total de 18 artículos regulan la libertad de expresión en el Código Penal en Honduras, seis de ellos están relacionados a delitos contra el honor.
– Se necesita voluntad política para despenalizar los delitos contra el honor, necesitamos el respaldo de los tres poderes del Estado, Amada Ponce.
– El periodismo sigue ejerciéndose en medio de múltiples dificultades y amenazas, coinciden: investigadores, líderes gremialistas y destacados periodistas.
Cada vez son más voces de la sociedad que se van sumando a los reclamos hacia el Estado por la defensa de las libertades que permitan un periodismo sin represión o amenazas. El anterior escenario solo tiene su asidero en las crecientes y desmedidas amenazas a las que están siendo víctima los comunicadores y comunicadoras de Honduras.
Honduras en números rojos
Reciente en el marco del día de la libertad de expresión, un informe presentado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), ubicó a Honduras en la posición 165 de 180 países del mundo donde se estudió el entorno en que se ejerce el periodismo y concluye en que: el contexto de ese derecho universal “se encuentra en una situación muy grave”, la más drástica de las calificaciones.
Y es que en las últimas dos décadas más de 90 periodistas fueron asesinados en Honduras, de ellos el 91.1% de los casos siguen impunes, según el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), sin embargo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) indica que el 97 % de los crímenes contra reporteros y reporteras registradas desde 2000, no se investigaron.
Además de la persecución y muerte, el exilio de periodistas, así como las denuncias en los tribunales de justicia, la desinformación son muros que se anteponen al ejercicio informativo en el país centroamericano; cuya legislación no cede posturas y se encamina a más restricciones, muestra de ello es la normativa penal, orientada a encarcelar los comunicadores.
En los próximos días, por ejemplo, casos como el del periodista Carlos Ávila, quien enfrenta un proceso penal en Choluteca, zona sur de Honduras, podría ir a prisión debido a que tiene una pena que no es conmutable, según la normativa, entonces será encarcelado en caso de que la acusación no sea desestimada, debido a que la actual ley no permite que el caso se resuelva en una instancia civil.
Entre los 128 diputados propietarios e igual cantidad de suplentes, el legislador Darío Morán, presentó un proyecto de ley orientado a despenalizar los delitos contra el honor, con ello se convirtió en un aliado en la Cámara Legislativa, de cara al ejercicio hostil en el que los periodistas ejercen su profesión en el país.
Reformas legislativas prolongadas
“Ahora el llamado es para que se turne a comisión de dictamen la propuesta del diputado Morán, para despenalizar el delito contra el honor, no queremos que sea una respuesta inmediata, sino que haya una amplia discusión con diversos sectores en el marco de los derechos humanos”, dijo a Proceso Digital, Amada Ponce directora del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Desde la iniciativa, el gremio periodístico y organismos asociados han tomado impulso, para demandar una vez más, la modificación de artículos sobre la calumnia en institución supervisada, injuria, concepto publicitario, responsabilidad civil, procedibilidad y perdón, todos ellos contenidos en el 229, 230, 231, 232, 233 y 234 del nuevo Código Penal.
“No pedimos liberar de responsabilidad al periodista, sino que, al equivocarse, tengan la posibilidad de redimir el honor de la persona con multas que no sean tan altas o estableciendo acciones administrativas; pues las denuncias son de bancos, empresas, funcionarios públicos y la mayoría con bastante peso político y de las que, no se sabe cuál será el resultado”, amplió Ponce.
Según C-Libre, más de una veintena de periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación que se encuentran en el exilio, pero esta es una cifra subjetiva porque en realidad no se tiene un registro exacto porque las personas por temor a represalias solo deciden irse sin poner una debida denuncia como corresponde.
Más de 40 periodistas procesados ¿y la Constitución?
Honduras registra actualmente 40 periodistas procesados, todos con enormes posibilidades de terminar en prisión, las motivaciones para denunciarlos siguen siendo políticas, entre otras causas, todo ocurre cuando periodismo, sigue en pugna por reformar dichos artículos, para dar soluciones distintas, dijo Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas a Proceso Digital.
El Código Penal en el título III define que la calumnia, difamación e injuria, son delitos contra el honor. Traspiés, visibles en el periodismo, que ahora deben resolverse en tribunales, cuando en la anterior normativa, las instancias civiles eran suficientes. Esto contradice la Carta Magna, que en su artículo 71 define la libre emisión de pensamiento, sin previa censura.
“Estamos en una situación crítica, porque ejercer periodismo aquí es para valientes, aun con tantos riesgos, la prensa con integridad y dignidad sigue trabajando desde todas las plataformas posibles, el exilio y persecución, es inevitable lamentablemente, esperamos que después de décadas luchando, quienes tomas decisiones atiendan el clamor del periodismo, muchas veces acorralado sin justificación alguna”, expuso Reyes.
El CPH cree que es oportuno acompañar a la comisión del Congreso para presentar un dictamen justo y equilibrado que encaje con la realidad de país, primero que permita llegar a acuerdos en instancias civiles y en caso de que haya una sanción económica, que sea justa y de acuerdo con el poder adquisitivo del comunicador, para no seguir con una legislación que todo lo criminaliza.
La libertad de expresión y sus desafíos
Para la investigadora y periodista, Thelma Mejía, penalizar los delitos contra el honor, no es más que un efecto inhibitorio directo a la libertad de expresión, por criminalizar el derecho a la palabra, pues impide el intercambio libre de las ideas y el debate, así como la fiscalización al poder público, un ejercicio que forma parte al quehacer de la prensa.
Indicó a Proceso Digital que un Estado que contempla reglas carcelarias y criminaliza la libre expresión por medio de leyes inquisitivas, configura el autoritarismo, para controlar los medios por su intolerancia a las críticas, si eso, pasa se está frente a un sistema emperador alejado de la democracia. La libre expresión, es la base sobre la cual descansan todas las libertades que conforman los derechos humanos.
Mejía dice que, sí la libre expresión tiene límites, no debe ser la cárcel por ejercer el derecho a la palabra, ya que la doctrina define sus alcances. La salud del periodismo no es la mejor y frente a tantos desafíos, la prensa sigue siendo valiente para informar en un país, donde la corrupción, narcotráfico y crimen organizado, son los principales obstáculos que amenazan su ejercicio.
La periodista Thelma Mejía, agregó que la desinformación y falsas noticias son actores en el ecosistema mediático que generan daños a través de redes sociales, que paralizan la sociedad y sorprenden a quienes se hacen presa fácil de la información sin corroborar, esto obliga a ser más rigurosos, ahondar en la investigación, para hacer periodismo de calidad diferenciado de la mediocridad, si la apuesta es esa, la libertad de prensa será confiable y creíble, tendrá como enfrentar a gobiernos de corte autoritario.
La situación del periodismo en Honduras
Desgraciadamente en sociedades como las nuestras –manifestó el periodista Renato Álvarez a Proceso Digital-, la institucionalidad es instrumentalizada por intereses políticos y económicos, donde no se tiene certeza que el periodismo esté exento de represalias, máxime si los temas afectan a grupos de poder.
“Por mucha convicción y certeza doctrinaria que tenga el periodista en una investigación o comentario, sustentado en evidencias irrefutables, siempre influye y no por cobardía, sino por el amedrentamiento que ejerce la legislación que condena con cárcel la libertad de expresión, misma garantizada en la Constitución de emitir opiniones, ideas e información”, amplió Álvarez.
No obstante, piensa que leyes que penalizan el delito contra el honor, dan vergüenza y se logran fortalecer por la complicidad de intereses existentes a su alrededor y que influyen negativamente en el afán de hacer un periodismo responsable e independiente.
Reflexionó respecto a que los hechos de las últimas décadas dividieron la sociedad, se perdió de vista que el periodismo trasciende las ideologías, y que más allá, hay otras obligaciones, dijo el reconocido periodista Álvarez.
La libertad de expresión, en el caso de Honduras – apostilló Álvarez-, “es una mixtura que solo refleja una libertad confundida con libertinaje, representa el desorden y desorganización, es como si se hablara de ética y profesionalismo con ideologismos; como lo decía Matías Fúnez (QDDG), una patastera, yo le agrego, – una patastera y mil diablos -”.
El mecanismo de protección y los DDHH
Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu), dijo que es imperativo fortalecer el sistema de protección, porque la debilidad de este solo viene a fragmentar la razón de ser del periodismo, y la precariedad del programa tiene su origen en la histórica falta de voluntad política para hacerlo funcionar.
El presupuesto y personal, sigue siendo insuficiente –agrega Meza-, ya que se tiene apenas dos analistas para más de 500 casos de personas que recurrieron al mecanismo en los últimos años, frente a estas dificultades, es necesario crear una institución autónoma que no dependa de la Secretaría de Derechos Humanos, para evitar injerencias desde la institucionalidad.
Los anteriores escenarios solo acentúan el cerco de obstáculos para la libertad de expresión, y el no atenderlo, para los periodistas del interior del país, significa seguir enfrentando a caciques y caudillos, cómplices de la corrupción y en las grandes ciudades el careo con el poder político, intolerante a la crítica, manipulador de la ley como ocurrió con el Código Penal. JP
