Tegucigalpa – La depuración policial en Honduras parece ser un sueño irrealizable. Al menos esto se colige de los involucramientos reiterados en ilícitos de miembros y exmiembros de ese cuerpo del orden.
– Reprobar las pruebas de confianza no determina la salida de un elemento del cuerpo del orden. Además decenas de expedientes por enriquecimiento ilícito “duermen el sueños de los justos” en el Ministerio Público.
– “El Tigre” Bonilla denunció que actualmente hay muchos elementos que reprobaron el polígrafo y todavía se encuentran dentro de la Policía.
– Desde hace años elementos en activo y retirados de la policía han sido acusados al tráfico de drogas, robo de vehículos y asesinatos, entre otros.
El proceso de limpieza institucional que comenzó a finales de 2011, luego del asesinato de dos jóvenes universitarios, sigue un proceso tortuoso y con pocos resultados, critican diversos sectores de la sociedad hondureña.
El último capítulo lo protagonizó el exoficial Álvaro Ernesto García Calderón, detenido esta semana en su residencia en Valle de Ángeles y acusado por integrar grupos de extorsionadores. El exmiembro policial fue separado en 2013 por no aprobar las pruebas de confianza.
Durante su captura se encontró una caleta con más de 660 mil lempiras. Además se le acusa de construir una lujosa mansión en seis meses en una zona exclusiva de Valle de Ángeles, acusaciones que no pudo desvirtuar en la audiencia de imputados.
Cansados de conocer hechos bochornosos que involucran a miembros de la carrera policial, incluso se ha recomendado emitir un decreto ejecutivo que permita acelerar la depuración, otros han sugerido una auditoría externa y los extremistas se han atrevido a insinuar el cierre definitivo de la institución.
En lo que sí han coincidido estos mismos sectores es que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), debe arrancar sus operaciones con la fallida depuración policial.
En las últimas horas, el secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, urgió al Congreso Nacional aprobar las reformas a Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial, con el afán de acelerar la tan llevada y traída depuración policial.
Estos instrumentos jurídicos otorgarían “plenos poderes” al director general de la Policía para proceder a despedir miembros de la carrera policial ligados a situaciones irregulares y que ahora mismo el entramado legal no lo permite.
El jefe de la bancada del Partido Nacional, Óscar Álvarez, manifestó que una de las prioridades en la lucha contra la criminalidad es completar el proceso de limpieza de la Policía Nacional.
Insistió que en Honduras ha sido más fácil provocar la salida de un ministro de Seguridad que la separación de un policía corrupto.
En tanto, el exjefe policial, José Luis Muñoz Licona, admitió que el mismo sistema no ayuda a resolver el problema de la contaminación en la institución policial.
Indicó que es procedente replantear todo el esquema de limpieza, porque ya presenta un profundo desfase. Asimismo, aseveró que la Policía es un reflejo de la sociedad hondureña.
Muchos que reprobaron polígrafo siguen en la institución
Este jueves a su llegada a Honduras después de permanecer casi dos años en Colombia desempeñando labores de agregado policial, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, dijo que la depuración es un proceso constante que ha contado con la venia del gobierno hondureño.
“Es una realidad que la institución se está transformando, lo que sucede es que estas son cosas de proceso, hay una voluntad del presidente de la República en transformar la Policía, también hay apoyo de organismos internacionales”, explicó.
“El Tigre” Bonilla insistió que “la depuración es un proceso permanente que iniciamos en mi gestión, ahí se afianzó y se empezaron con las pruebas de confianza, se hizo mucho trabajo de investigación. Muchas veces se trata de satanizar este proceso”.
El exjerarca policial reconoció que muchas acciones se han visto entorpecidas desde el interior de la Policía debido a que muchos miembros de la institución de todos los grados se fueron a una condición de reposo (estado de disponibilidad) lo que no permitía que estos elementos fueran separados.
Concluyó que “alguna gente no pasó las pruebas del polígrafo y están en la institución policial”.
No sirve de nada declarar emergencia
Ante la posibilidad de declarar una emergencia en la Policía hondureña, la encargada del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, dijo que “no es necesario llegar a ese extremo para lograr la depuración. Con los estamentos jurídicos existentes lo que procede es que la Dirección de la Carrera Policial haga lo que le corresponde y no ande con contemplaciones”.
Ejemplificó el caso del exoficial Álvaro García, detenido esta semana por presuntos ligues con grupos criminales. “Si las autoridades encargadas de investigar estos elementos no lo hacen, demuestra que no están cumpliendo con el fin para el cual fueron creadas”, apuntó.
Ayestas se preguntó: “¿quién investiga a los que investigan? Son ellos mismos que se están investigando. Los buenos tienen que aparecer para mejorar que la Policía merece mejor suerte. No creo que se solucione el problema declarando una emergencia, basta con sustentar las pruebas ante el Ministerio Público para que las acusaciones concluyan positivamente”.
DIECP atada de pies y manos
El titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Óscar Vásquez, dijo que han retomado algunas diligencias que involucran a altos oficiales de la institución en presuntos actos ilícitos.
Agregó que trabajan con fiscales del Ministerio Público para determinar o descartar señalamientos contra miembros de la carrera policial.
Explicó que en torno a los resultados de pruebas de confianza, cuando un elemento policial las reprueba, los informes son turnados a otras dependencias para que se tomen las acciones pertinentes porque la DIECP no tiene la facultad de separar a nadie.
“De mil resultados que enviamos de miembros de la todas las escalas que reprobaron sus pruebas de confianza, únicamente 300 de ellos habían sido separados de la fuerza policial”, declaró el funcionario.
Especificó que por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito hasta diciembre de 2015 sumaban 23 expedientes contra igual número de elementos policiales con incongruencias en más de 300 millones de lempiras.
En tanto dijo que la institución que él maneja remitirá en los próximos días al Ministerio Público al menos 120 expedientes de policías vinculados a otros actos ilícitos.
Sociedad Civil pugna por reformas
Miembros de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), demandaron al Congreso Nacional que aprueben lo antes posible las reformas a Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial.
Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la ASJ, manifestó que “se hace indispensable dotar de las herramientas necesarias al titular del Ministerio de Seguridad para proceder de forma legal y efectiva a sacar a los altos oficiales y agentes de escala básica que han cometido o están ejecutando actos reunidos con la Ley”.
De igual forma, Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), exigió a la Comisión de Seguridad de Poder Legislativo, dictaminar de una vez por todas el proyecto encaminado a reformar la Ley Orgánica de la Policía Nacional que facilitaría la depuración policial; del mismo modo, pidió a las entidades contraloras del Estado e instituciones operadoras de justicia “concatenar esfuerzos para investigar, juzgar y sancionar a los criminales, delincuentes y corruptos que utilizando el uniforme policial se han vuelto millonarios de la noche a la mañana”.
En días anteriores, diversos sectores de la sociedad civil pidieron al Congreso Nacional retomar la agenda legislativa, privilegiando -entre los asuntos pendientes- dictaminar, discutir y aprobar las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial, el nuevo Código Penal, y Ley de Portación y Tenencia de Armas.
Un total de mil 775 agentes de la Policía Nacional fueron destituidos entre 2012 y 2014 como parte de un proceso de depuración de la institución, que cuenta con 12.309 oficiales, según el estudio «Diagnóstico sobre el funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia Penal en Honduras» divulgado la semana anterior.
Desde hace años miembros en activo y retirados de la institución policial han sido vinculados al tráfico de drogas, el robo de vehículos y violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, entre otros delitos.
