Tegucigalpa – La Junta Proponente de aspirantes a los cargos de Fiscal General y Fiscal Adjunto, oficializó la nómina de cinco profesionales del derecho que este mismo martes fue entregada al Congreso Nacional para que ese poder del Estado haga la escogencia de las cabezas del Ministerio Público.
– La nómina la integran cuatro hombres y una mujer.
– Exfiscal, actuales fiscales del MP, funcionario de la PGR y regidor municipal, entre los postulantes que pasaron en la nómina final.
La presidenta de la Junta Proponente, Rebeca Ráquel Obando, informó que los mejores evaluados fueron: Jenny Gabriela Almendares, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya y Pablo Emilio Reyes.
La también presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), agradeció a los 26 profesionales que se autopostularon para los más altos cargos de la Fiscalía en los próximos cinco años.
A continuación el perfil y parte de lo que expusieron en sus audiencias públicas los cinco aspirantes finales:
1. Jenny Gabriela Almendares Flores
Nacida en Tegucigalpa, Francisco Morazán, el 12 de marzo de 1971 (52 años), y con colegiación 3,951. Egresó como Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAH en 1993 y tiene una especialidad en Derecho Penal y un máster en Derecho Procesal Penal.
Tiene 30 años de ejercicio profesional, fue viceministra de Derechos Humanos, fiscal del MP por 20 años, una certificación como consultora internacional de la ONU y ha trabajado de manera independiente. Es la hija del exrector de la UNAH, Juan Almendares Bonilla. Es soltera y tiene un hijo.
En la audiencia ante los proponentes cuando fue consultada sobre implementar medidas para evitar el uso indebido de información confidencial en casos de corrupción, contestó que debe efectuarse políticas públicas dentro del MP que defina cuál es la información que se pueda brindar para transparencia y justicia, y cuales no pueden revelarse.
La profesional del derecho contó que una de sus aspiraciones como Fiscal General es que el MP tenga iniciativa de ley para propugnar las reformas que limitan la facultad investigativa.
Aunque en caso que no logre que el MP tenga iniciativa de ley, propuso luchar con las políticas públicas en coordinación con los entes de persecución penal como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para lograr que las investigaciones no sean lentas y haya un ejercicio de la acción penal pronta.
2. Mario Alexis Morazán Aguilera
Con 46 años, nació el 4 de enero de 1977 en la capital Tegucigalpa, tiene colegiación número 8,757. Tiene maestría en DDHH y Doctorado en Derecho Penal obtenidos en Costa Rica. Abogado de la UNAH, con especialidades en Derecho Penal y Procesal Penal. Soltero y no tiene hijos.
Fue juez de Paz, fiscal auxiliar, ministro consejero en la embajada en Costa Rica, fiscal titular, director de política migratoria de Cancillería (2022) y actual secretario general de la Procuraduría de la República.
Ha impartido cátedra de Derecho de Integración y Derecho Penal en la UNAH, Unitec y Ceutec.
En su participación pública ante la Junta Proponente, cuestionó que existen varias fiscalías en el MP que no están desempeñando su labor, por lo que urge una reingeniería. “El Ministerio Público es parsimonioso, no se trata de ejercer las funciones a ultranza, sino enmarcados en la ley. Se debe dar una respuesta asertiva y eficaz al amplio mandato que tiene la institución”, dijo.
Abogó por una persecución penal apegada a los límites legales y constitucionales, se debe utilizar toda la institucionalidad con todas las capacidades de las diferentes direcciones.
Sobre la Dirección de Medicina Forense, apuntó que ha estado abandonada por parte de las máximas autoridades de la Fiscalía. “Una obligación del próximo fiscal es reforzar a Medicina Forense y para ellos se debe tener un presupuesto adecuado, hay que solicitar que se cumpla el presupuesto que por ley corresponde a la institución (3 % del presupuesto general)”, refirió.
3. Marcio Cabañas Cadillo
Tiene 47 años, nació en la ciudad de Tegucigalpa y es soltero, su número de colegiación 07431.
Es licenciado en ciencias jurídicas y sociales desde 1999, se graduó como abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en 2002, sacó una especialización en derecho penal y procesal penal en 2016 en la UNAH y una maestría en políticas públicas y gestión de seguridad en 2013 en la Universidad Nacional de la Policía.
Laboró como procurador en el Bufete Velásquez de 1998 al 2000, analista de investigación III en la Secretaría de Seguridad en el 2000, fiscal auxiliar en el Ministerio Público en Choluteca del 2001-2002, posteriormente ha tenido varias rotaciones en la sede de Tegucigalpa.
Actualmente está asignado en la Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y Conexos desde el 2018.
Cabañas Cadillo enfatizó que la Fiscalía debe liderar la política criminal en el país de una forma protagónica, igualmente resaltó la importancia de fortalecer el programa de protección de testigos y apoyo decidido a las acciones de una eventual Misión de Apoyo Internacional contra la Corrupción.
4. Johel Antonio Zelaya
Tiene 43 años, nació en el municipio de Reitoca en Francisco Morazán, está casado con Gloria María Barrientos y su número de colegiación es 10344.
Obtuvo la licenciatura en ciencias jurídicas en la UNAH en 2004, el título de abogado en 2009 siempre en la UNAH y el título de notario en 2014 en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Inició su carrera laboral como asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente del 2005 al 2006, seguidamente fue asesor legal en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) hasta el 2015.
Actualmente se desempeña como asesor legal desde el 2014 en la ONG “Acción Honduras”, asesor legal en Grupo Flores desde el 2015, socio mayoritario desde el 2015 en el Despacho Legal Zelaya y Asociados, desde el 2022 es consultor externo en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). También es actual regidor en el municipio de Reitoca desde el 2022.
Aboga para que cada fiscal se convierta en Fiscal General, empoderar a los funcionarios del MP y que los cargos sean ocupados por meritocracia.
5. Pablo Emilio Reyes Theodore
Abrió sus ojos al mundo el 21 de junio de 1983 (40 años) en Tegucigalpa, Francisco Morazán y con colegiación 14,905. Estudió en el Instituto San Miguel y egresó como abogado en la UNAH, tiene un máster en Derecho Empresarial en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec). Está casado con Valentina María Suárez Perdomo.
Ha desempeñado cargos como escribiente, procurador, asesor, liquidador de la DEI y director de la firma legal CONSULTUS desde 2020 hasta la actualidad.
En su comparecencia pública, consideró que el personal de la Fiscalía debe someterse a constantes evaluaciones y pruebas toxicológicas, psicométricas y socioeconómicas para constatar que los empleados no se desvíen del camino.
Propuso fortalecer y mejorar la investigación en hechos penales, reconociendo que es la mayor debilidad del Ministerio Público en investigar estos aspectos. Sugirió que dentro del ente acusador debe haber una unidad de protección a los fiscales que se encargan de llevar casos de alto impacto y de crimen organizado.
La Junta Proponente entregó al Congreso Nacional este martes la nómina de cinco aspirantes a fungir como cabezas de la Fiscalía. El Parlamento deberá seleccionar a los dos profesionales del derecho que dirigirán el ente acusador del Estado, pero para ello se ocupa el respaldo de las dos terceras partes de la Cámara, es decir 86 votos. JS
