Aunque todavía no hay un pronunciamiento común sobre esta cuestión de la FIO, que aglutina a los defensores del Pueblo o de Derechos Humanos iberoamericanos, Cabezas señaló que la idea es tener uno consensuado y presentarlo mañana en Tijuana, localidad fronteriza con San Diego (California, EE.UU.).
«No es para felicitar al Gobierno de EE.UU. por haber hecho el muro, ni mucho menos», anticipó Cabezas.
Cabezas responsabilizó de la supuesta campaña contra la CNDH lanzada desde EE.UU. a la organización Human Rights Watch (HRW), que el pasado 13 de febrero condenó en un informe la pasividad con que defiende los derechos humanos en México el Defensor del Pueblo de ese país, José Luis Soberanes.
Sus homólogos iberoamericanos señalaron en un documento conjunto que dicho informe carecía de «objetividad, profesionalismo y respeto», y «en su fondo y forma contiene muchas afirmaciones y conclusiones distorsionadas e irrespetuosas».
Además, descalificaron a HRW por considerarla una ONG al servicio «del Partido Republicano» estadounidense.
En el acto, el Procurador del Ciudadano de Puerto Rico, Carlos López Nieves, conminó a HRW a «estar observando mejor los francotiradores en Arizona» y a vigilar «la forma en que se trata a los hispanoamericanos en EE.UU. antes de mirar a quien realmente está defendiendo dignamente y con valentía (a los inmigrantes)».
Por su parte el Defensor del Pueblo adjunto de España, Manuel Aguilar, manifestó su deseo de que la CNDH «continúe en la línea de defensa y promoción de los derechos humanos» mantenida hasta ahora en toda Iberoamérica.
La FIO fue creada en 1995 y reúne a defensores del Pueblo, procuradores, comisionados y presidentes de Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de Iberoamérica.
Los países miembros de la FIO son dieciocho: Andorra, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela.
