Tegucigalpa – El anteproyecto de la Ley Especial sobre la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), presentado por la diputada Hortensia Zelaya -hija de la pareja presidencial-, se puede considerar una especie de salvavidas para justificar la ausencia de la misión internacional corrupción que fue una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro.
– La propuesta de la hija de la presidenta no garantiza la instalación de la CICIH, cuestionan actores jurídicos.
– En la figura del Fiscal General queda la discrecionalidad de empujar los casos de corrupción que promueva el cuerpo anticorrupción, de acuerdo a lo presentado por la diputada Zelaya Castro.
La iniciativa de Ley Especial de CICIH, presentada en la sesión del miércoles 17 de abril por la diputada Xiomara Zelaya, conocida como «La Pichu», estaría bajo control o supervisión de la Fiscalía General.
Esta ley establece un marco jurídico y un procedimiento específico, incluyendo los elementos necesarios para la implementación del mecanismo de la CICIH en Honduras. El convenio no ha sido firmado entre el gobierno y la ONU.
Actualmente hay una segunda extensión del memorándum de entendimiento que vence en junio de este año con exiguos avances para lograr su instalación. La representante de la ONU en Honduras, Alice H. Shackelford recientemente reveló que apenas se han cumplido tres de nueve reformas para una CICIH independiente.
La propuesta de la diputada Zelaya Castro establece que el financiamiento del cuerpo legal anticorrupción sería en buena parte por el Estado de Honduras y otra por cooperantes internacionales. Tendría un funcionamiento de cinco años bajo la figura de querellante autónomo.
El anteproyecto apenas se había presentado en la Cámara Legislativa cuando unas horas después el canciller Enrique Reina informó que el mismo fue remitió oficialmente a la comunicación del Secretario General Adjunto de la ONU, Jenca Miroslav.
Salva vida de la familia presidencial
A criterio de la socióloga Julieta Castellanos, el Partido Libertad y Refundación (Libre) ve en la propuesta presentada en las últimas horas como un salvavidas para dejar la idea en la ciudadanía de que están interesados y que la familia presidencial sigue comprometida con traer una Comisión Internacional Anticorrupción.
Para la exrectora Castellanos, Libertad y Refundación tiene una enorme deuda con el pueblo hondureño, especialmente con la instalación de la CICIH y ahora la familia presidencial está previendo que este será el reclamo principal de oposición y partidarios.
Dijo que hace 16 meses cuando la diputada Zelaya junto a su familia anunció que se firmaría el memorando de entendimiento con Naciones Unidas “no había ningún acuerdo” y que los mensajes fueron para presionar a la ONU.
“Pero eso se agotó, yo creo que no habría cabida para un nuevo memorando de entendimiento, que se vence en julio la última extensión, porque si no hay avances para que la ONU acepte venir en unas condiciones en que realmente puedan trabajar creo que la ONU estaría cayendo en el juego político de Libre”, señaló la académica.
Asimismo, calificó la propuesta oficialista como un enredo de palabras, pero que “en el fondo es darle vuelta a lo mismo, pero con palabras nuevas”, dijo al enfatizar que el proyecto contiene dos condiciones que desde un inicio la ONU dijo que no aceptaba: financiarla con fondos nacionales y que sea el Fiscal General quien otorgue la garantía de querellante autónomo.
Con la primera condición, Castellanos dijo que quien paga manda y con la segunda, explicó que es contradictoria porque no puede ser autónoma e independiente, si el Fiscal General va a determinar quiénes van a tener la representación de un querellante autónomo, es decir, que estaría supeditada a él.
“En el fondo hay un irrespeto al conocimiento y a las personas que entendemos, porque creen que todos somos ignorantes y por lo tanto están empleando categorías que no caben”, puntualizó Julieta Castellanos.
El analista y exdiputado hondureño, Raúl Pineda Alvarado, estimó que la propuesta no refleja una posición coherente, “recordemos que la misma diputada (Hortensia Zelaya) presentó una reforma constitucional y que ahora se pretende aprobar la ley cuya duración va a ser mínima un año porque implica reformas al Código Penal que debe ir a la Corte, implica reformas constitucionales y al final el problema se resuelve de manera sencilla haciendo un tratado que contengan las reformas que se tengan que hacer”, expuso.
Aseguró que no es necesario hacer modificaciones constitucionales porque la MACCIH entró a funcionar sin reformas legislativas y en dos meses estaba presentando resultados.
Analizó que la CICIH poco difiere de la MACCIH, que implica la transformación del sistema legal de Honduras a un mecanismo de un protectorado, lo cual no es conveniente.
Pineda Alvarado tachó que se pretenda crear un poder supranacional sobre las autoridades hondureñas.
“Se quiere vender la idea que es Naciones Unidas la interesada, los interesados somos nosotros, los que debemos crear las condiciones somos los hondureños”, concluyó.
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Apuntes jurídicos a la iniciativa
De su lado, el abogado Kenneth Madrid cuestionó que en la iniciativa la diputada Zelaya proponga a la CICIH como querellante autónomo con atribuciones y facultades de Acusador Privado por un período de cinco años, ya que se violenta de forma expresa el artículo 232 y 233 de la Constitución de la República, que establece: “…corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública.
Agregó que la Carta Magna no permite que el ejercicio de la acción penal pública pueda ser ejercida por otra entidad que no sea el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República en su caso. No se permite bajo ningún presupuesto que esa acción penal pública pueda ser delegada en una persona o entidad ajena a la Fiscalía.
Otro apunte de Madrid es que la figura del querellante autónomo no existe bajo ningún contexto en el marco del Código Procesal Penal.
Mientras tanto, el especialista en Administración de Justicia Penal, citó que en relación a la capacidad de la CICIH de recibir denuncias, es menester recordar lo que establece el artículo 267 del Código Procesal Penal, “… La etapa preparatoria del juicio se iniciará con la denuncia del hecho criminal ante la Policía Nacional o el Ministerio Público o con las informaciones que se hayan recibido acerca del mismo, sin perjuicio de la acción del Acusador Privado, del Estado y sus entes”. Debido a esta disposición procesal no puede bajo ningún contexto recibir denuncias la CICIH porque se tendría que reformar forzosamente éste artículo 267 de la norma procesal.
Acentuó que la CICIH debe tener la capacidad de generar una política de persecución penal a efecto de enfocarse en la gran corrupción y casos donde es latente el nivel de impunidad, porque de forma conexa un delito de corrupción podría involucrar otro tipo de delitos y allí verían limitada su actuación a pesar que fuese necesaria su intervención.
Sugirió garantizar la inmunidad y seguridad personal no sólo de los actores internacionales, debe protegerse además a los nacionales a efecto de que incluso en el futuro no existan represalias contra ellos, ya que, en Guatemala una vez que la CICIG terminó su mandato, los fiscales, jueces y otros actores fueron perseguidos políticamente al grado que se encuentra fuera de Guatemala en su condición de asilados en otros países.
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CESPAD ve positiva la propuesta
En tanto, el director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Gustavo Irías, señaló que aunque no tienen un análisis detallado ni una opinión sobre la propuesta de ley del oficialismo para el funcionamiento de la misión internacional de lucha contra la corrupción, ven positivo que la propuesta haya salido desde el Legislativo.
Irías considera que haber salido desde el Congreso Nacional, la propuesta realizada por la diputada Zelaya, es un insumo de mucha importancia para el debate que permitirá colocar el tema de la instalación de la CICIH en la agenda nacional.
La propuesta busca crear la Ley de la CICIH, que regulará el marco jurídico de la misión y que detalla ciertos parámetros para su operación en el caso que se logre su instalación.
“Aspiraríamos a que esta iniciativa sea un elemento en torno al cual pueda generarse el debate con diversos actores de la sociedad, que pueda abrirse un proceso de consulta con organizaciones ciudadanas y movimientos sociales”, apuntó.
Irías dijo que hasta ahora, la participación ciudadana destaca como la gran ausente en torno a la instalación de la CICIH, por lo que este día se planteó la necesidad de la constitución del Consejo Consultivo Ciudadano, como organismo permanente.
Iniciativa inútil
Para el exjuez y experto penal, Félix Ávila, la propuesta de la diputada Zelaya Castro no es necesaria e incluso es inútil.
Agregó que sin duda alguna la propuesta sobre la CICIH tiene un amplio respaldo social, por tanto, iniciativas como esta deberían ser aprobadas.
No obstante, en este caso el gobierno actual dice por un lado querer la CICIH, pero por otro lado las manifestaciones son que no quiere, resaltó.
En ese sentido, dijo que a su criterio la propuesta de ley de la diputada Xiomara Zelaya, no es necesaria porque de lo que se trata es de establecer el convenio que aún no ha sido formado entre Honduras y la ONU.
Es claro que se deba hacer una ley para reformar las normas procesales, pero eso debe ser cuando ya exista la CICIH, ahora de nada sirve que se haga una Ley Especial.
“Me parece inútil que se esté buscando hacer una ley para crear la ley de la CICIH cuando no se ha dado el convenio, es decir la CICIH no existe, entonces para qué estar haciendo eso (proyecto de ley)”.
Seguidamente dijo que en un análisis académico se establece que en la legislación procesal penal nacional no hay un organismo acusador que tenga independencia al margen del Ministerio Público, porque se sabe que constitucionalmente sólo existe un órgano acusador público que es la Fiscalía porque así está establecido.
No obstante, en el caso de la CICIH, como existe el respaldo social si se establece el convenio y si se tratara de una reforma constitucional, está claro que habrá una cabida legal o legitimación constitucional para que la CICIH, pueda actuar como un acusador independiente, cerró el especialista en derecho penal.
Anteproyecto no contribuye a negociación con ONU
La iniciativa de ley especial para la CICIH no contribuye a las negociaciones que mantiene Honduras con Naciones Unidas (ONU), según el presidente electo del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano.
Consideró que esta iniciativa de ley sólo genera confusión en la ciudadanía hondureña.
Entendemos las buenas intenciones que se pueden tener de los diputados, pero que se haga desde el Legislativo genera confusión en lugar de ayudar a las negociaciones con la ONU, manifestó el profesional del derecho.
Comentó que la única certeza es la suscripción de pláticas entre Honduras con la ONU que conllevó a la firma de un memorándum de entendimiento que obliga a buscar las condiciones para la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción.
El presidente electo del Colegio de Abogados pidió que se analice con detenimiento el proyecto de la hija de la pareja presidencial y cumplir con derogar proyectos que ha solicitado la ONU para instalar la CICIH.
Fue consultado por la periodicidad que debería tener la CICIH en Honduras, a lo que contestó que debe ser pactada entre Honduras y la ONU en la suscripción del convenio.
La periodicidad debe ser pactada con Naciones Unidas, porque hacerlo a través de un decreto legislativo es una imposición de un poder del Estado a un organismo internacional, advirtió.
Igualmente, se refirió al tema del financiamiento, el proyecto pide que el mecanismo sea financiado por el Estado como cooperantes internacionales.
No obstante, consideró que no sería correcto que el Estado se quede con la potestad del veto de donde procede el financiamiento para colaborar con la misión.
Finalmente, incitó a la diputada Xiomara Zelaya a que presente un proyecto aparte la derogación de la inmunidad parlamentaria para los congresistas. JS
