Tegucigalpa – La socióloga Julieta Castellanos considera que el Partido Libertad y Refundación (Libre) ve en la propuesta presentada en las últimas horas como un salvavidas para dejar la idea en la ciudadanía de que están interesados y que la familia presidencial sigue comprometida con traer una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
La iniciativa de Ley Especial de CICIH, presentada en la sesión de ayer miércoles 17 de abril por la diputada Xiomara Zelaya, conocida como «La Pichu», estaría bajo control o supervisión de la Fiscalía General.
Para Castellanos, Libertad y Refundación tiene una enorme deuda con el pueblo hondureño, especialmente con la instalación de la CICIH y ahora la familia presidencial está previendo que este será el reclamo principal de oposición y partidarios.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dijo que hace 16 meses cuando la diputada Zelaya junto a su familia anunció que se firmaría el memorando de entendimiento con Naciones Unidas “no había ningún acuerdo” y que los mensajes fueron para presionar a la ONU.
“Pero eso se agotó, yo creo que no habría cabida para un nuevo memorando de entendimiento, que se vence en julio la última extensión, porque si no hay avances para que la ONU acepte venir en unas condiciones en que realmente puedan trabajar creo que la ONU estaría cayendo en el juego político de Libre”, señaló.
Asimismo, la analista califica la propuesta oficialista como un enredo de palabras, pero que “en el fondo es darle vuelta a lo mismo, pero con palabras nuevas”, dijo al enfatizar que el proyecto contiene dos condiciones que desde un inicio la ONU dijo que no aceptaba: financiarla con fondos nacionales y que sea el Fiscal General quien otorgue la garantía de querellante autónomo.
Con la primera condición, Castellanos dijo que quien paga manda y con la segunda, explicó que es contradictoria porque no puede ser autónoma e independiente, si el fiscal va a determinar quiénes van a tener la representación de un querellante autónomo, es decir, que estaría supeditada al fiscal general.
“En el fondo hay un irrespeto al conocimiento y a las personas que entendemos, porque creen que todos somos ignorantes y por lo tanto están empleando categorías que no caben”, aseveró. VC
