Tegucigalpa -La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Unidad de Control de Contenedores de la Administración Aduanera, realizó el decomiso de un contenedor en las instalaciones del Centro Logístico del puerto de Puerto Cortés, cargado con miles de artículos que utilizaban de forma ilegítima distintivos y marcas internacionales registradas.
El procedimiento se ejecutó luego de una inspección minuciosa efectuada por personal especializado, que permitió descubrir que el contenedor ocultaba un voluminoso cargamento de carteras, monederos y gorras que imitaban reconocidas marcas de lujo.
La mercancía fue catalogada como falsificada y valorada en aproximadamente 12.3 millones de lempiras en el mercado nacional, constituyendo así uno de los decomisos más significativos en lo que va del año en materia de propiedad intelectual y protección al consumidor.
Durante la operación, los agentes fronterizos contabilizaron más de mil conjuntos de carteras y monederos de imitación, centenares de piezas de reconocidas marcas de moda, además de cerca de 11 mil gorras con logotipos reproducidos de manera ilícita.
Cada uno de los productos incautados estaba destinado a ser comercializado de forma irregular en el mercado, generando no solo pérdidas económicas a las marcas originales, sino también un riesgo para los consumidores que adquieren artículos de dudosa calidad y sin garantías.
La Policía Nacional resaltó que este decomiso se logró gracias al trabajo articulado entre las diferentes instituciones que operan en el principal puerto del país.
El cargamento quedó bajo resguardo oficial mientras se desarrollan las diligencias legales correspondientes.
¿Por qué es un delito?
Aunque algunos ciudadanos consideran que la falsificación de productos no representa un daño real, la ley lo tipifica como un delito porque se trata del uso ilegítimo de distintivos y marcas registradas, lo que vulnera los derechos de propiedad intelectual y promueve el contrabando.
Estos productos, al no cumplir con controles de calidad, colocan en riesgo la salud y seguridad de los consumidores, además de fomentar la economía informal que golpea directamente a emprendedores y empresas que generan empleo y pagan impuestos.
