Custodio dijo que las autoridades hondureñas deben cumplir con sus obligaciones de perseguir el delito y administrar correctamente la justicia, y propuso poner en marcha una política criminal que, siendo eficiente en el uso de los medios imaginados para combatirlo, no menoscaben el estado de derecho y las garantías y libertades ciudadanas.
Custodio planteó que el crimen organizado, “se ha convertido en un grave factor de amenaza al derecho de los hondureños a vivir en un ambiente seguro y sin violencia”.
Es considerado “una de las más peligrosas amenazas a los Estados, tanto por su alta capacidad de provocar violencia como por su enorme poder corruptor”, dijo.
El ombudsman hondureño no descartó que el crimen organizado haya penetrado estructuras estatales, contribuyendo al aumento de la corrupción, al entorpecimiento de la justicia, a la generalización de la impunidad y, en suma, al debilitamiento del Estado de derecho.
Señaló que para enfrentar esta problemática los diferentes gobiernos han optado por la acción policíaca represiva, antes que la atención de los problemas estructurales causantes del problema como: el desempleo, la falta de oportunidades para el estudio y la sana recreación.
Recordó que el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por los evidentes signos de debilidad que muestran algunos Estados de la región para hacerle frente al crimen organizado, en particular a la narco actividad.
Además, ha reiterado su profunda preocupación ante la situación, cada vez más grave, de inseguridad pública y violencia generalizada que reclama, con urgencia, acciones oportunas, adecuadas y eficaces de prevención y combate.
En todas estas acciones, según Custodio, debe privar un enfoque de seguridad democrática y de respeto a los derechos humanos.
Recomendó atender de manera prioritaria y eficaz las acciones delictivas llevadas a cabo por grupos organizados que, al margen de la ley, agudizan la crisis de violencia que viven los hondureños y en general los centroamericanos.
Se estima que entre el 2006 y el 2010 el Estado hondureño destinó para la Secretaría de Seguridad alrededor de 31,000 millones de lempiras.
No obstante, pese al aumento considerable del presupuesto, el índice de criminalidad en el país, a partir del 2007, lejos de disminuir aumentó.
Para el caso, en el 2006, la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes era de 46.2, tasa que ascendió a 77 en el 2010, con la cual se supera casi 9 veces más la tasa mundial de 8.8, establecida por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000.
Los registros estadísticos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos indican que, en Honduras, entre el año 2000 a junio de 2010 perdieron la vida en forma violenta 36,036 personas en su mayoría víctimas de las armas de fuego, armas blancas y otras armas contundentes.
