Tegucigalpa – La Subcomisión Interinstitucional de Justicia Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó este miércoles, solicitar al Congreso Nacional (CN) reformar los artículos sobre la libertad condicional establecida en el nuevo Código Penal, para que entre en vigencia de manera inmediata.
Un comunicado oficial del Poder Judicial indica que en el marco de la emergencia de la pandemia mundial del COVID-19, se determinó impulsar una serie de medidas encaminadas a que los privados de libertad con enfermedades crónicas y mayores de 60 años.
La solicitud, además incluye a los privados de libertad que tengan condiciones inmunológicas críticas, enfermos en fase terminal y psiquiátricos, entre otros, puedan gozar de los beneficios de preliberación, libertad condicional o conmuta, si cumplen con los requisitos establecidos por la Ley.
En este sentido, una de las primeras medidas, es solicitar respetuosamente al Congreso a través de su Secretaría, la reforma por adición de los artículos 81 y 82 del nuevo Código Penal, referente a la libertad condicional y a su régimen excepcional, a fin de que estos artículos entren en vigencia lo antes posible y no hasta el 10 de mayo próximo como está previsto, ya que con esto eventualmente se pueden salvar muchas vidas.
Asimismo, otra de las determinaciones es enviar una comunicación a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, (INP), a efecto de que se analice y se tome la decisión de que los privados de libertad que ya están gozando del beneficio de la pre-liberación, no estén ingresando y saliendo de los centros penitenciarios en forma reiterada como lo establece el mecanismo, sino que de forma excepcional se les permita permanecer en los domicilios señalados de manera continua mientras dure la emergencia.
Esta decisión corresponde únicamente al INP, a través de la Comisión Técnica Interinstitucional que existe en cada uno de los centros penales, medida que vendría a “evitar que se acreciente de manera sustancial el riesgo de contaminación para estos privados de libertad que gozan del beneficio de preliberación.
Asimismo evitar que siendo potencialmente transmisores del virus puedan contaminar a quienes no gozan de dicho beneficio”, explicó el Presidente del Poder Judicial Rolando Argueta, quien convocó este día a los representantes de las instituciones que forman esta instancia para impulsar de manera urgente estas acciones.
De forma unánime la Sub Comisión también determinó retomar la aplicación del Protocolo Interinstitucional de Actuaciones que regula los procedimientos, plazos y actuaciones y el mecanismo que establece cómo se debe realizarse la aplicación de beneficios de preliberación y libertad condicional para personas de tercera edad, enfermos en fase terminal o psiquiátricos y para quienes gocen de los requisitos estipulados en la ley.
Además, se acordó retomar el Plan Nacional de Verificación de Beneficios para Privados de Libertad que fue aprobado el año anterior en el marco de las actuaciones de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal a fin de agilizar la tramitación y procesamiento de las solicitudes de beneficios en base a la ley.
En este sentido, las instituciones que forman parte de la instancia interinstitucional: Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad, INP, CONAPREV, Defensa Pública, se comprometieron a priorizar y agilizar las constancias de conducta, estudios socio económicos, estudios patrimoniales, las pericias de los trabajadores sociales, psicólogos, forenses y todo aquel documento que se requiera para tramitar el goce de los beneficios mencionados.
En el 2019 más de 3,800 privados de libertad fueron beneficiados con estas medidas y unos 214 entre enero y febrero del presente año lo que ha reducido en parte el número que ya había sido identificado por el Poder Judicial en su auditoría penitenciaria.
