Tegucigalpa – Apenas 14 días restan para que concluya el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, que logró en 11 años la entrega de 56 nacionales a la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico y criminalidad organizada. Pero, las últimas declaraciones de los titulares del Estado e incluso el Fiscal General le ponen la cruz a esta herramienta jurídica.
– Desde el Ejecutivo le pusieron hace meses la lápida al tratado de extradición y aunque existía la esperanza que la presidenta Castro diera un paso atrás, el convenio que dio excelentes resultados está en sus estertores.
Desde la propia institucionalidad del Estado prácticamente dejan claro que la suerte está echada y que el convenio llegará a su fin el próximo viernes 28 de febrero, tan sólo nueve días antes de las elecciones primarias a las que está convocado el tripartidismo (Liberal, Nacional y Libre).
Desde lo interno del partido en el poder varias voces se han levantado para solicitar “respetuosamente” que la presidenta Xiomara Castro dé marcha atrás con la decisión de eliminar la entrega de capos de la droga a la gran potencia mundial.
El diputado Jari Dixon y el precandidato presidencial Rasel Tomé han pedido, no una ni dos veces, han hecho solicitudes reiteradas al Ejecutivo que dimita a su pretensión de concluir con el tratado vigente desde enero de 2012 cuando el Parlamentó aprobó la reforma constitucional al artículo 102, aunque la primera extradición se materializó en mayo de 2014 a través de un auto acordado por el Supremo cuando Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo inició el camino que le siguieron 57 compatriotas más, algunos de ellos incluso ya recobraron su libertad.
Por esos tiempos, cuando se aprobó la extradición, Honduras era el país más peligroso del mundo con una tasa de homicidios de 86 por cada 100 mil habitantes, que colocó –además- a San Pedro Sula y Tegucigalpa entre las 20 ciudades más violentas del planeta.
Las autoridades de la época atribuían a las operaciones del narcotráfico la alta tasa de muertes violentas. Zares antidrogas, personajes políticos, población inocente, cargos policiales e incluso periodistas fueron víctimas de esa vorágine de violencia que acabó con miles de vidas y que retrató al país a nivel internacional.
La extradición de los capos ayudó en gran medida a bajar esos índices de violencia, luego que los jefes del hampa operaron por décadas incluso con la complicidad de los operadores de justicia.
Previo a que se aprobara la extradición, en el país se narraban las reiteradas visitas del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, además el aterrizaje de narcoavionetas era como una moneda de cambio que ya no sorprendía a nadie. Más de una veintena de muertes violentas diarias se registraban, la mayoría en balaceras o hechos de homicidios múltiples a plena luz del día.
La figura de la extradición generó la captura de figuras prominentes del narcotráfico, quienes no tenían ni siquiera una infracción vial en Honduras. Otros hampones mejor decidieron entregarse por su cuenta a las cortes estadounidenses y negociar rebajas de sus penas mediante información que llevara a otros criminales y permitir fueran alcanzados por el brazo de la justicia.
Pero todo ese andamiaje judicial bilateral entre Honduras y EEUU está es sus estertores.
Ejecutivo sin cambiar su postura
“Por ahora no hemos tomado otra determinación”, expresó este jueves el canciller Enrique Reina a la consulta si el Poder Ejecutivo medita retirar la denuncia del tratado con EEUU.
La presidenta Xiomara Castro denunció el tratado de extradición el pasado 28 de agosto de 2024, luego que su cuñado, Carlos Zelaya, aceptara públicamente la existencia de una narcovideo –que luego se publicó cinco días después– en el que pactó la entrega de millonarias contribuciones de capos de la droga a la primera campaña electoral del Partido Libre en noviembre de 2013.
En ese momento, el Ejecutivo excusó que no quería que la figura de extradición se usara con fines políticos y se arguyó que se pretendía desestabilizar la figura del jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, por una reunión previa con su par de Venezuela, Vladimir Padrino, cita a la que la embajadora de EEUU, Laura Dogu refirió su decepción por ese encuentro con narcotraficantes.
Pero en las últimas horas, el titular de Relaciones Exteriores remarcó que “por ahora no hay acercamientos, pero estamos abiertos, creo que la discusión o la negociación y el trabajo que hemos tenidos con Estados Unidos se han centrado en el tema migrantes, es prioridad política para la administración Trump y es prioridad para la presidenta defender a los migrantes y su dignidad”.
Reina enfatizó que “por ahora el tema de la extradición no hemos abordado sobre la mesa, si lo hacen pues conversaremos y por ahora no hay cambios”.
Defendió que el proceso de denuncia de los tratados compete al Poder Ejecutivo, no regresa al Congreso, nunca ha ocurrido y no pasará porque la ley no lo menciona y tampoco el convenio, y por ahora es facultad del Poder Ejecutivo.
El canciller hondureño remató que la forma es vía Congreso para habilitar la extradición, es decir sería mediante una reforma constitucional.
No permitiré que se violente la Constitución: Redondo
De su lado, el jefe del Poder Legislativo, Luis Redondo, negó la noche del miércoles (12.02.25) a la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, la posibilidad de presentar una iniciativa de orden orientada a reafirmar el Tratado de Extradición, que vence el próximo 28 de febrero y suspendió la sesión parlamentaria.
La iniciativa de Mena fue firmada por 73 diputados del Congreso Nacional, pero Redondo no le dio oportunidad de presentarla al negarle la palabra, una acción que para la diputada Maribel Espinoza viola las propias normas de la ley orgánica del poder Legislativo.
Ante esa situación, Redondo calificó de “improcedente e ilegal” lo que pretendió Mena.
Según el ahora miembro del oficialista Partido Libre, la diputada Mena pretendió solicitar una moción para que el Congreso apruebe el mantenimiento de la vigencia de la extradición, sin embargo, ese poder del Estado no tiene facultades de decidir o dirigir la política exterior del Estado, puesto que esa es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo.
Continuó su exposición afirmando que lo que pretendió Mena es claramente que el Congreso Nacional ejerza una injerencia al margen de la Constitución y cometa usurpación a las funciones del Ejecutivo.
“Esto es tan ilegal como que la Corte Suprema de Justicia elabore, apruebe e implemente una ley”, ejemplificó Redondo.
Puntualizó que “como siempre lo he sostenido, en mi condición de Presidente del Congreso Nacional no permitiré ninguna moción que violente la Constitución, que usurpe funciones de otro Poder del Estado o pretendan dar un Golpe de Estado”.
No habrá más procesos de extradición: Ráquel Obando
Esta misma semana, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, adelantó que sin tratado de extradición no habrá más pedidos por parte de EEUU.
Sobre los procesos de extradición a falta de pocos días para la finalización del tratado, pronunció que “si ya no está vigente el tratado de extradición, pues obviamente ya no van a hacer ninguna solicitud de extradición porque sabrán que ya no tiene ninguna vigencia”.
Ráquel Obando refirió que el Poder Judicial acelera los procesos de los últimos pedidos de extradición para poder entregarlos a EEUU en el menor tiempo posible.
A finales de 2024, la magistrada presidenta expresó su deseo para que se retomaran los diálogos que condujeran a seguir con la vigencia del convenio entre Honduras y EEUU.
En esa ocasión, reconoció que la extradición es una gran herramienta para el combate contra el narcotráfico, pero que no dependía del Poder Judicial, sino del Ejecutivo.
Trabajaremos con o sin extradición: MP
De su lado, el Fiscal General, Johel Zelaya, dijo que la figura de la extradición es un tema que no le compete propiamente al Ministerio Público.
Sin embargo, defendió que la Fiscalía está para perseguir a quien sea, sin distingos de colores políticos, “ya sea narcotraficante o corrupto”.
Subrayó que “estamos obligados, haya o no haya extradición, el Ministerio Público no se para, seguimos en la lucha frontal contra la corrupción”.
El fiscal Zelaya mencionó que “sabemos que somos objeto de ataques, máxime este año, tanto el Ministerio Público como el Fiscal General no estamos exentos de los ataques políticos que van a venir, ya me lo sé de moda, y ya sé lo que viene en marzo, en abril, en mayo, en junio, yo sé cuál es esa agenda”.
Igualmente, la cabeza de la Fiscalía respondió a los reclamos ciudadanos sobre las acciones del MP en torno al narcovideo que involucra a Carlos Zelaya. “Aquí no tenemos por qué cubrir a alguien, pero por mucho que presionen al Fiscal General, el Fiscal General sabe lo que está haciendo, mi conciencia está tranquila, pueden decir lo que quieran las redes sociales”, manifestó.
Ante la insistencia de los miembros de la prensa por el narcovideo, refirió que “es un tema político” y remató que es un hecho ocurrido en 2013 “que no es fácil descubrir la verdad”.
Así, el Fiscal General y los jefes de los tres poderes del Estado le han puesto la tapa al convenio de extradición que permitió en un poco más de una década a Honduras entregar a la justicia norteamericana a jefes del hampa, transportistas de drogas, mandos intermedios de la narcoactividad, exdiputados e incluso a un expresidente de la República, un exjefe de la Policía hondureña y exfuncionarios de gobierno. JS
Últimas notas sobre extradición
• Valle: “Sos defensor de narcos”; Torres: “Cuántos diputados liberales o alcaldes son narcos?
• Jefe de bancada nacionalista pide a Gobierno recapacite sobre denuncia de Tratado de Extradición
• Diputadas Claudia Ramírez y Suyapa Figueroa portan camisas donde exigen la extradición
