Tegucigalpa – «Es tiempo de recapacitar, no se debe juzgar a nadie, se debe entender y comprender hay culpables e inocentes, llevo una experiencia, Dios tiene su tiempo”, son parte de las frases que pronunció la exprimera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, al abandonar la cárcel de mujeres en Támara, donde estuvo interna por dos años y medio tras ser condenada por corrupción.
– Rosa Elena Bonilla de Lobo (2010-2014) y su exsecretario privado, Saúl Escobar estuvieron privados de la libertad al ser señalados en caso Caja Chica de la Dama.
La exprimera dama salió del recinto carcelario vistiendo una camisa negra a juego con una mascarilla diseñada del mismo color, con estampados que figuraban besos o labios, su cabello retocado lucía iluminaciones, sus cejas y sus ojos perfectamente maquillados y una actitud reflexiva, y muy conversadora con los periodistas que allí la abordaron.
Ella salió de la cárcel este martes, a donde llegó su esposo el expresidente Porfirio Lobo para recogerla luego que un tribunal anuló el juicio en el cual se le condenó a 58 años de prisión, se dispuso someterla a un nuevo proceso aún sin fecha y en las últimas horas un Tribunal de Sentencia exigió a las autoridades penitenciarias su inmediata liberación.
Porfirio Lobo llegó a la cárcel femenina a recoger a su esposa.El caso conocido como Caja Chica de la Dama es emblemático en Honduras, marca una etapa inédita que pone por primera vez a una figura de su nivel tras las rejas. De principio a fin los hecho en torno al tema se detallan en el siguiente trabajo cronológico.
Cronología
El 28 de febrero de 2018, la exprimera dama fue capturada, junto a su cuñado Mauricio Mora, por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), en su residencia en la aldea El Chimbo, municipio de Santa Lucía.
Ese mismo día, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó el caso Caja Chica de la Dama denunciando que Rosa Elena Bonilla se apropió de fondos del Estado para pago de gastos personales y crear una red de blanqueo señalando comisión de delitos de lavado de activos, fraude y malversación de caudales públicos.
El 9 de marzo de 2018, el exsecretario privado de la exprimera dama, Saúl Escobar Puerto, bajo la protección de organismos de derechos humanos se entregó a las autoridades.
Un día después, Escobar Puerto fue llevado hacia penitenciaría Marco Aurelio Soto en Tamara tras la resolución de detención judicial.
El 27 de abril 2018, la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción revocó a la exprimera dama la calificación de los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, así como el aseguramiento de bienes.
Tres meses después, el 24 de julio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió elevar el caso Caja Chica de la Dama a juicio oral y público.
El inicio del juicio oral y público programado para el 16 de enero de 2019 se aplazó hasta el 28 de enero. El 28 de enero, la defensa de Saúl Escobar no se presentó al juicio debido que abandonó el caso.
El 18 de febrero de 2019, arrancó el juicio oral caracterizado el primer día con dilataciones y falta de copias de las pruebas de nuevos medios probatorios.
Rosa Elena estuvo presa dos años y cinco meses.Cuatro días después, el 22 de febrero, el Ministerio Público volvió a imputar a la exprimera dama de lavado de activos y malversación de caudales públicos.
El 12 de marzo, un testigo protegido por la Fiscalía relató en juicio que cobraban cheques del proyecto Calzando los Niños de Honduras, impulsado por la exprimera dama, en una agencia bancaria y entregaba el dinero a uno de los ayudantes de Saúl Escobar.
El 20 de marzo, la Fiscalía en pleno juicio oral procedió a una serie de aseguramiento de bienes de los imputados.
Ese mismo día, la pericia del MP revelaron que los imputados crearon sociedades mercantiles para traspasarse acciones entre el núcleo familiar de la exprimera dama para aumentar el valor adquisitivo.
Una semana después, fiscales del MP dieron a conocer en el juicio que la exprimera construyó su residencia en el sector de Zarabanda con fondos del Estado.
El 8 de abril, el exdiplomatico y amigo de la exprimera dama, Carmelo Rizzo Peralta, compareció ante el Tribunal de Sentencia alegando que desconocía las actividades del despacho de la Primera Dama y nunca formó parte de las sociedades mercantiles pertenecientes a la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
El 10 de abril, la pericia presentada por la defensa de la exprimera dama reveló que Rosa Elena Bonilla siguió emitiendo cheques a nombre del Estado tras haber abandonado Casa Presidencial.
El 26 de abril finaliza el juicio oral y público y la exprimera dama da declaraciones por primera vez aseverando que su proceso en su contra era un proceso político para tapar otros actos de corrupción.
El 22 de mayo, Ministerio Público y ATIC realizaron allanamientos en bienes inmuebles pertenecientes a los imputados en la búsqueda de pruebas.
El 20 de agosto, el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción declaró culpable a Rosa Elena Bonilla de ocho delitos de fraude y tres de apropiación indebida, Saúl Escobar fue encontrado culpable de ocho delitos de fraude; mientras que el cuñado de la exprimera dama, Mauricio Mora, fue absuelto de lavado de activos, fraude y confabulación para lavar activos.
El 4 de septiembre, Rosa Elena Bonilla fue condenada a 58 años de prisión por ocho delitos de fraude y tres de apropiación indebida, Saúl Escobar fue sentenciado a 48 años privados de su libertad por la comisión de ocho delitos de fraude.
El 26 de febrero de 2020, MP junto a la ATIC aseguraron otros 16 bienes inmuebles a los imputados.
Sin embargo, el 16 de marzo, la Sala de lo Penal del Poder Judicial ordenó la repetición del juicio oral de la exprimera y su exsecretario privado por violación al principio de acusación y quebrantamiento de forma, hechos y fallos contradictorios e incongruencias entre los delitos.
El 23 de julio, la exprimera dama y su exsecretario privado recibieron la resolución de liberación inmediata por parte del Tribunal de Sentencia por haber expirado la duración de la prisión preventiva.
