Tegucigalpa – La criminalización de la protesta pacífica disparó las alarmas luego que acciones tomadas en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a solicitud de la presidenta Xiomara Castro. En las últimas horas también se denunció que desde el Congreso Nacional se quieren acentuar las penas contra la libertad de expresión.
– “No vamos a permitir que se viole la libertad de expresión o que se invadan tierras y los castigos sean mínimos, estamos en una sociedad de derecho, donde se respetan los derechos humanos”, expresó el diputado Umaña.
– La suspensión de la sesión de la madrugada del jueves en la que se conocería el decreto fue para analizar más el articulado y evitar “errores involuntarios”, dijo el diputado oficialista Netzer Mejía.
– Existe la intención de criminalizar la difamación y la calumnia, pero también ir más allá contra los dueños de medios de comunicación, una medida aún más intimidatoria según defensores de DDHH.
Una extraña sesión parlamentaria en horas de la madrugada de este viernes, donde se pretendían eliminar algunos decretos concitó suspicacias entre las bancadas. El pleno desconocía la agenda y únicamente fueron informados que se derogarían ciertos decretos a solicitud de la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH) como condición para su instalación en Honduras.
Entre los decretos en mención figuraban el 57-2020 y 93-2021, este último contiene la derogatoria del artículo 28 del vigente Código Penal que criminalizaba la libertad de expresión. El citado decreto nunca entró en vigencia y fue derogado a solicitud de sectores defensores de libertades fundamentales.
Pese a la derogación de ese artículo (28 del Código Penal), más bien el Colegio de Periodistas (CPH), ha insistido en la eliminación de otros articulados sobre delitos contra el honor porque representan un inminente riesgo para el gremio periodístico, al criminalizar con cárcel los delitos contra el honor, la injuria y la calumnia.
Voces desde el propio hemiciclo legislativo denunciaron que desconocían lo que se trataría la madrugada del viernes y rechazaron las intenciones de coartar la libertad de prensa, de crear súper poderes y de reactivar artículos dentro del Código Penal que atentan en contra de la libre expresión y a liberar en algunos casos a usurpadores.
(LEER) Despenalizar delitos contra el honor, una urgencia en Honduras
Citando lo que rezaba el Código Penal hondureño en su artículo 28 (derogado): RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN. En los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de difusión no responden criminalmente los cómplices.
Los que sean autores sólo responden, en estos casos, de forma escalonada, excluyente y subsidiaria, de acuerdo con el orden siguiente:
a) Quienes hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quienes les hayan inducido a realizarlo;
b) Los directores de la publicación o programa en que se difunda;
c) Los directores de la empresa editora, emisora o difusora; y.
d) Los directores de la empresa de grabación, reproducción o impresión. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de Honduras, no puede perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los literales del párrafo anterior, debe dirigirse el procedimiento contra las mencionadas en el literal inmediatamente posterior.
Penalizar libertad del ejercicio de la prensa
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, denunció que su bancada fue sorprendida porque creyeron que se discutiría las transacciones de los bonos de carbono y otro tipo de dictámenes.
“Nos salieron con la sorpresa de la derogatoria de los artículos relacionados a la libertad de expresión y reducción de penas a las condenas por usurpación. Eliminar totalmente estos artículos daría posición a que se vuelva al artículo último en el que se penaliza prácticamente la libertad de expresión, también por adición se disminuyen ciertos delitos de usurpación que la empresa privada se está quejando por las tantas invasiones de tierra de propiedad privada”, explicó.
Continuó diciendo que Luis Redondo determinó suspender la sesión al conocer que no contaba con los votos necesarios y convocó para el próximo martes a las 2.00 de la tarde.
Dijo que las reformas pretendidas penalizarían la libertad del ejercicio profesional de la prensa y además podría existir una persecución lo que causa temores.
Respecto a las reformas al Código Penal, Umaña hizo la metáfora al decir que “nos quisieron golear sin portero y de penal” lo que generó una marcada oposición de las bancadas representadas en el Poder Legislativo.
“Nos salieron con esta sorpresa, que además venía la vuelta de la criminalización de lo que llamamos libertad de expresión. Está más dirigido al control de los medios de comunicación porque en el caso que a un periodista le pidieran la fuente de sus informaciones estarían obligados, y eso es un secreto y todos sabemos que es importante mantenerlo”, describió al referirse a la secretividad de las fuentes periodísticas.
Denuncia otra mordaza
Umaña también denunció que desde el gobierno también se pretende censurar las publicaciones en redes sociales y otros medios en la Internet. “Después van a ir contra las redes (sociales) porque hay una ley que pretenden meter en el Congreso Nacional para criminalizar los escritos en las redes sociales; personalmente me parece que en las redes se abusa, pero ya querer criminalizarlo no me parece”.
Aseveró que están latentes los intentos de mancillar la democracia en Honduras.
Citó que la intolerancia del oficialismo ha crecido en el país y eso se demuestra con las normativas que se pretende aprobar.
Falso que se pretenda penalizar libertad de expresión
Mientras, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Netzer Mejía, rechazó que con la derogación del decreto 93-2021 se pretenda penalizar la libertad de expresión como algunos interpretan.
“Es totalmente falso lo establecido por el jefe de bancada del Partido Nacional que pretendemos penalizar los delitos por difamación y lo que corresponde a la libertad de expresión”, respondió Mejía, tras la denuncia pública realizada por la bancada del Partido Nacional.
El congresista oficialista aseguró que Libre es defensor de la libertad de expresión.
Aceptó que en la última sesión legislativa se determinó seguir socializando la ley para que no se cometiera “un error involuntario” y se revisaran los artículos que se estarían derogando.
Señaló que se pretende derogar el decreto 93-2021 y otros para crear un ambiente para que se dé la instalación del mecanismo internacional anticorrupción (CICIH).
“Estamos dando con estos instrumentos jurídicos la posibilidad que estamos luchando contra la corrupción en Honduras y si estamos dándole armas a la CICIH para que venga a luchar”, prometió.
Debe garantizarse libertad de expresión
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, comentó que la libertad de expresión debe garantizarse tras la intención de derogar el decreto 93-2021.
Mediante su cuenta de Twitter, comentó que con otros diputados revisó el proyecto de reforma por adición que será presentado la próxima semana en el Congreso Nacional.
Señaló que dentro de la reforma no está incorporado el artículo 28 en el proyecto que será sometido a tercera votación.
“El día de ayer revisamos entre varios diputados designados, el proyecto de reforma por adición que se presentará al pleno del CN el próximo martes y no se encuentra incorporado un art. 28 en el proyecto de ley que será sometido a tercera votación. La libertad de expresión debe garantizarse”, posteó Espinoza.
Cabe señalar que la bancada del Partido Nacional denunció que la eliminación de este artículo permitiría que se penalice a periodistas y propietarios de medios de comunicación.
“Puñalada trapera” contra medios
Respecto al tema, el abogado penalista Fernando Gonzales, calificó la intención como “una puñalada trapera” en contra de los medios de comunicación.
De concretarse ese tipo de reformas se daría un zarpazo a la libertad de expresión, porque ahora quieren que las personerías jurídicas se hagan responsable, es decir en contra de lo que pueda decir cualquier periodista; además que va en contra de lo establecido en Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El profesional del derecho, enfatizó que cuando el actual gobierno era oposición hablaba en contra de este tipo de reformas y ahora hacen justamente lo contrario.
Estas acciones deben llamar a todos a poner las barbas en remojo y no dejar que pasen ese tipo de abusos.
De igual forma el penalista lamentó que se quiera criminalizar la marcha pacífica que se dio en Choluteca por parte de trabajadores, cuando los colectivos de Libre han violentado hasta derechos humanos como es la salud cuando se han tomado hospitales y centros de salud.
Amenaza a dueños de medios
Con la eliminación del decreto 93-2021, el gobierno pretende mantener amenazados a los periodistas y dueños de medios de comunicación, aseveró el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Comentó que en la sesión legislativa del jueves, la bancada recibió el borrador del dictamen ocho horas después de la hora de la convocatoria.
Zambrano interpretó que con esta propuesta de derogación lo que se quiere es amenazar a los medios de comunicación disfrazándolo con otros mensajes y establecer una dictadura.
“En esa propuesta va orientada a derogar en su totalidad el decreto 93-2021, incluido el artículo 28, que contiene una amplia reforma a varios artículos del Código Penal”, explicó.
El diputado nacionalista recordó que en el 2021, por presión o solicitud de los medios de comunicación, se derogó el artículo 28 que nunca entró en vigencia que establece la responsabilidad penal en delitos cometidos a través de los medios de comunicación.
La responsabilidad era para quién escribía el texto, quien la producía, los directores de la publicación, adicionó.
“Con la derogación que tienen propuesto pretenden volver a darle vida a este artículo 28. Los periodistas van a quedar expuestos para tenerlos amenazados, amedrentados y poder buscar cómo determinar una acción penal”, advirtió.
También mencionó que la derogación del decreto incluirá la responsabilidad penal a todas las personas jurídicas.
De igual manera, denunció que se crea una unidad de inteligencia patrimonial adscrita a la Secretaría de Seguridad.
La intención de las máximas autoridades del Legislativo surge en el mes consagrado a los periodistas hondureños. JS
