El pleno de los 15 magistrados de la Suprema Corte, sostuvo una reunión desde las 9:00 de la mañana y hace breves instantes determinaron aprobar una especie de auto acordado a la que oficialmente denominaron “figura de instrucción” para garantizar el procedimiento y garantías a los intervinientes en el trámite de extradiciones de hondureños.
La versión noticiosa fue confirmada a Proceso Digital por el portavoz del máximo tribunal de justicia de Honduras, Melvin Duarte.
El portavoz indicó que la figura de instructivo aprobada por el pleno recoge los principios generales de la extradición, deberes, obligaciones y lo relativo a los sujetos intervinientes. La norma contiene ocho numerales y el paso a seguir garantizando el debido proceso, explicó Duarte.
A mediados del mes anterior, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, había anunciado que esa dependencia del Estado haría uso de los autos acordados para dar trámite a las extradiciones de hondureños.
En esa oportunidad y tras reunirse con el presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, el magistrado titular dijo que la medida debería asumirse para hacerle frente a solicitudes de extradiciones que pudieran llegar a los tribunales de justicia en este país centroamericano.
En los últimos meses, Estados Unidos y Honduras han sostenido una serie de encuentros bilaterales en los que el tema de seguridad ha primado en la agenda común.
La Ley de Extradición aún sigue sin ser reglamentada en torno a los casos concretos de hondureños vinculados al narcotráfico.
Se ha anunciado que el Poder Judicial someterá a consideración del Parlamento hondureño un nuevo proyecto de ley para extraditar a connacionales vinculados con el crimen organizado, pero se desconoce si la iniciativa ha llegado al seno legislativo.
Un primer proyecto de Ley de Extradición fue enviado por la Corte Suprema al Legislativo a inicios de julio de 2012. Esa iniciativa fue calificada, posteriormente, por el titular del Legislativo como “una trampa”.
En una sesión a puerta cerrada, el Congreso emitió el decreto No. 269-2011, que representa una reforma al artículo 102 de la Carta Magna hondureña. En la misma se autoriza, de forma excepcional la extradición de hondureños ligados al crimen organizado cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante.
