Tegucigalpa – El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos alertó sobre la ilegalidad de un eventual proyecto de ley que pretenda destinar fondos públicos para pagar a personas que invirtieron en la empresa Koriun Inversiones, al señalar que esta acción representa un precedente negativo, una medida populista y una amenaza para el Estado de derecho en Honduras.
Barrientos enfatizó que solo tienen iniciativa de ley la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral en asuntos de su competencia, por lo que, de presentarse un proyecto fuera de estos canales, se estaría violando lo que establece la Constitución de la República.
“Si mandan este proyecto de ley, vemos con mucha duda que los diputados se quieran arriesgar a cometer un delito o exponerse a una persecución civil o penal por aprobar cosas ilegales”, advirtió el constitucionalista.
Agregó que el artículo 321 de la Constitución establece que nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales, y recordó que los fondos públicos no deben ser usados para solventar “estafas de orden privado”, como en el caso de los inversionistas defraudados por Koriun Inversiones.
“Esto es un mal precedente, una medida populista que viene a afectar a todos los hondureños. Incitamos a los diputados a no cometer la torpeza de caer en este esquema, que claramente busca ganar votos a través de un compromiso de pago que no tiene ninguna relación con el Presupuesto General de la República”, señaló Barrientos.
El abogado concluyó que, de aprobarse una iniciativa en ese sentido, se estaría utilizando al Congreso Nacional como un instrumento para validar actos ilegales, debilitando aún más la institucionalidad del país.LB
