Tegucigalpa – Las alarmas se encendieron en Honduras y trascendieron internacionalmente al efectuarse la “primera confiscación de bienes a la empresa privada”, según denunció la empresa BELCO, tras la intervención por parte de la ENEE a la compañía energética encargada del suministro eléctrico en la isla de Guanaja, lo que a juicio de analistas impactará en la inversión y enviará un mal mensaje.
Aunque la empresa es pequeña y servía a un poco más de seis mil consumidores, el efecto fue multiplicador, ya que lo que se advirtió cuando se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica el 2022 se concretó, ya que la ley le concede al gobierno la opción de intervenir empresas eléctricas que no presten adecuadamente el servicio o bien rechacen la renegociación de los precios del kilovatio que venden a la ENEE.
La referida ley señala que el gobierno puede intervenir temporalmente y con un plazo máximo de dos años.
El gobierno, por medio de sus funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), explicó la acción, señalando que el servicio era deficiente y que las tarifas eran superiores a las que pagan los consumidores del resto del país.
Erick Tejada, gerente interino de la ENEE y ministro de Energía, justificó la intervención en que BELCO operaba sin licencia, aunque dijo que instalaron mesas de diálogo en noviembre del año pasado.
Pésimo mensaje y aberración
Desde el campo político y el sector económico se señaló que la medida es un mal mensaje y una aberración que impactará en la inversión.
El precandidato presidencial del oficialista partido Libre, Jorge Cálix, dijo a Proceso Digital que la medida de intervenir BELCO es un “pésimo mensaje” para el país y pidió al gobierno de su partido que rectifique.
Cálix argumenta que Honduras necesita un clima de estabilidad y seguridad jurídica para atraer inversiones y generar empleos, y que acciones como esta podrían disuadir a los inversionistas.
De su lado el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y especialista en energía, Dante Mossi, señaló que la medida es una aberración y pidió al Ministerio Público que intervenga.
En un posteo en su cuenta X, Mossi escribió “Esto es una aberración. Si una empresa tiene un problema, esta se interviene con una orden judicial. Y si es necesario contratar un operador, se contrata uno, y no se pone al mismo Estado! Espero que se retroceda la decisión y se retorne al Estado de Derecho. El Ministerio Público debe revisar esta situación”.
De su lado el abogado Gustavo León Gómez escribió en su cuenta de X que los “proyectos de generación de energía requieren financiamiento” y para lograr los recursos se requiere certeza de la fuente de pago, así como los flujos por la venta de energía. Indicó que puede también ser garantía de pago ciertos equipos y las acciones de la sociedad, destacando que la confianza es el primer paso.
“Sin debido proceso que garantice los derechos fundamentales, no hay seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no habrá inversión y sin inversión no habrá empleo ni desarrollo. Solo un Tribunal Competente tiene facultades para impartir justicia y privar a alguien de sus derechos”, señaló el reconocido profesional del derecho.
Impacto internacional
La noticia de la intervención gubernamental en BELCO fue ampliamente difundida a nivel internacional por publicaciones especializadas, así como medios reconocidos.
La agencia Reuters, de amplia difusión en la prensa financiera global, informó en un despacho, que fue recogido por diarios y plataformas financieras. (PD).
