Tegucigalpa– El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó hoy a las autoridades hondureñas acercar los servicios de Medicina Forense a las comunidades con el propósito de reducir los índices de impunidad que sobrepasa el 90% en los delitos contra la vida en el país y evitar que se violente el derecho a conocer la verdad que tienen los familiares de las víctimas.
La actual situación que se vive en el país, hace que el pueblo hondureño no sólo tenga que enfrentar una crisis económica sin precedentes, también se debate en una crisis de inseguridad pública por la cantidad de muertes violentas que se reportan en diversas regiones del país.
Para el Conadeh es motivo de preocupación el irrespeto del derecho a la vida que priva en el país, a lo que se une el alto nivel de impunidad que, según estimaciones, está por encima del 90% en los delitos contra la vida.
El Delegado Adjunto del Conadeh, Ricardo López señaló que un factor que puede estar influyendo, en el alto índice de impunidad, es la intolerancia de las personas cuando su familiar fallece, al no permitir el levantamiento del cuerpo para que la autoridad pueda realizar la correspondiente autopsia.
Otro ingrediente que estaría “abonando” la impunidad, en el país, es que algunos crímenes se cometen en comunidades alejadas de donde se encuentran las instalaciones de Medicina Forense.
Cuando un cuerpo es trasladado a Medicina Forense, para su respectiva autopsia, los familiares tienen que ver después cómo se las arreglan para retornar a sus comunidades, muchas veces lejanas, y poder enterrar el cuerpo de la persona fallecida.
Según el defensor de los derechos humanos las autoridades hondureñas deben reflexionar y analizar en la necesidad de acercar los servicios de Medicina Forense a las comunidades a efecto que este tipo de circunstancias no afecten el proceso de investigación.
Argumentó que existen incontables casos donde se obstruyó el trabajo de Medicina Forense y, posteriormente, se tiene que solicitar, judicialmente, una exhumación para aplicar una autopsia y verificar si se encuentran elementos científicos para determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales que tuvieron participación en el crimen.
Es lamentable, dijo López, saber que hay casos que todavía no han sido investigados, por parte de las autoridades, con lo cual se violenta el derecho a conocer la verdad que tienen los familiares de la persona fallecida violentamente.
Agregó que la impunidad no solo genera un sentimiento de impotencia en los familiares, sino que es una “ventana abierta” que incita a las personas que cometen este tipo de delitos contra la vida a seguirlos cometiendo.
Los delitos contra la vida suman y siguen
La vida es el bien personal más preciado e inherente a la dignidad humana, por lo que, la muerte violenta de personas es un tema de carácter nacional que para enfrentarlo se requiere de la colaboración de todos los sectores.
La Constitución de la República garantiza a todos los habitantes el derecho a la vida, además, es atribución de las autoridades encargadas de la seguridad en el país, prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de delitos, faltas o infracciones, así como mantener y restablecer la paz interna, la tranquilidad, el orden público, la seguridad y el respeto de los derechos humanos.
La sociedad hondureña experimentó en el presente siglo un alarmante incremento de la criminalidad que se ve reflejada en las más de 104,000 muertes violentas registradas desde el año 2000 a septiembre del 2024.
La violencia alcanzada en el país es de tal magnitud que entre los años 2000 y 2010 las muertes violentas ascendieron a 39,346 personas.
La situación de violencia contra la integridad física y la vida empeoró entre el año 2011 y el 2020 al registrarse 52,393 personas muertas en circunstancias violentas.
Entre el año 2021 y septiembre del 2024, suman cerca de 13,000 muertes violentas, situación que se ha agravado por las constantes “masacres”, lo que indica que la galopante violencia homicida no se ha podido frenar pese a las medidas adoptadas que incluyen, un estado de excepción impuesto desde diciembre del 2022.IR
