Tegucigalpa – La Coalición Anticorrupción (CAC), presentó hoy un profundo análisis sobre instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICH), donde cree que el mecanismo para que funcione eficientemente, debe ser autónomo, independiente y con un panorama en su marco jurídico que permita fortalecer la institucionalidad.
El informe presentado este martes, destaca como un avance el hecho que la actual administración gubernamental, sea quien solicite la venida de la Comisión Internacional, contrario a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que fue una demanda ciudadana.
La llegada de la CICIH, es urgente y necesaria, tomando en cuenta la histórica y extendida corrupción que persiste en Honduras, que ha facilitado la malversación de los recursos públicos, y la imposición de un modelo de impunidad que impide la acción penal del Ministerio Público y del sistema de justicia en casos de corrupción del pasado, presente y futuro.
Es además la demanda de amplios sectores del país que fue retomada por la presidenta Honduras, ya que en el imaginario de la población, la herencia de la MACCIH, sigue siendo el referente de una Misión Internacional que identificó los mecanismos con operaban las mafias que cooptaron la institucionalidad estatal y que no vaciló en investigarlos y procesarlos.
La CAC señala que el sistema de justicia prácticamente ha colapsado por su ineficacia, falta de independencia y voluntad política para enfrentar las redes corruptas y la criminalidad organizada, Honduras vive una situación de impunidad estructural y sistémica que afecta al conjunto del sistema político, es por ello que es imperativo reconstruir el sistema de justicia.
Lo anterior -dice el ente de sociedad civil- como parte de la recuperación del Estado de Derecho, para impedir que el modelo de la impunidad se reproduzca y continúe operando en el actual gobierno, ya que este contexto, justifica la instalación de una nueva Misión Internacional Anticorrupción en el corto plazo con perspectiva estratégica de mediano y largo plazo.
Asimismo, indica que derogar los llamados pactos de impunidad, porque son los que impiden la acción penal de los órganos de justicia contra de las redes de corrupción. Las modificaciones que ha experimentado el marco jurídico del país, para proteger las actividades de estas mafias, han sido tantas que se debería priorizar en una Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales (Decreto No 116-2019).
«No es posible asumir un combate frontal contra la corrupción en Honduras, al margen de un enfoque de derechos humanos», señala Coalición Anticorrupción
Pues esta constituye parte del núcleo principal de los pactos de impunidad. Con el decreto 57-2020, el Congreso Nacional interpreta los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal en lo relativo a los requisitos previos para solicitar el decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de los fiscales en temas de corrupción.
Y el decreto 93-2021, por ser una herramienta jurídica permitió al Legislativo realizar reformas del Código Penal y Procesal Penal, especialmente reformar el artículo 439 del Código Penal relacionada con el lavado de activos, que suprimió el enriquecimiento ilícito de la lista de delitos precedentes.
Adicionalmente el decreto legislativo reformó el artículo 47 del Código Procesal Penal, impidiendo a la Fiscalía acceder al secreto bancario en delitos afines con la administración pública (malversación, fraudes y exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho y otros).
Será importante fortalecer la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (UFERCO), instancia heredera de la MACCIH, concretamente porque en la actualidad esta Unidad opera en medio de un debilitamiento logístico y presupuestario que limitan las investigaciones penales.
Otra de las reformas que el CAC propone para que no limite a la CICIH, es la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, en lo referido al Capítulo ll, artículo 4, que evite que funcionarios acusados de delitos de corrupción, donde no haya mediado ninguna motivación política, se vean librados de la acción de la justicia.
“No es posible asumir el combate frontal de la corrupción, al margen de un enfoque derechos humanos. Los 12 años de autoritarismo y corrupción han generado en Honduras una verdadera crisis de derechos humanos, expresada en víctimas específicas (individuales y colectivas), que tienen el derecho al acceso a la justicia, a la reparación y no repetición”, reza el amplio informe.
Partiendo de la experiencia de la MACCIH, el organismo de sociedad civil espera que CICIH sea independiente del poder estatal y tener autonomía de actuación por parte de la Naciones Unidas, superando el rol de simple vocero. Por supuesto, igualmente, tendrá que contar con el respaldo de la institucionalidad pública y de la sociedad civil en su contribución al restablecimiento pleno del Estado de Derecho y al funcionamiento autónomo y efectivo del sistema de justicia hondureño.
Adicionalmente, somos de la opinión que el nombramiento de los integrantes de la Misión Internacional deberá ser realizado por los organismos correspondientes de las Naciones Unidas, en base a criterios de calificación académica, experiencia y capacidades jurídicas en temas anticorrupción.
Plantea dos líneas de acción: investigar y enjuiciar a responsables de delitos relacionados con la corrupción pública de alto impacto y sus redes criminales; y fortalecer las instituciones públicas, con asesoría técnica, a fin de asegurar la independencia, eficiencia y efectividad en el gobierno, gestar capacidades de operadores del sistema de justicia.
El alcance de los propósitos y tareas enunciadas no son de corto plazo, es por eso que creemos que la duración del mandato de esta Misión debe transcender el período del actual gobierno, siendo lo ideal un convenio que incluya a dos o más períodos de gobierno.
Entre tanto, cree que es oportuno que con la llegada de Comisión externa, la sociedad civil debe jugar un papel preponderante y organizado, que permitan reclamar el cumplimiento de obligaciones estatales, en coherencia con los instrumentos internacionales de derechos humanos y principios derivados de ellos, asumidos por el Estado como por el sistema de las Naciones Unidas.
Y es por todo lo anterior que la Coalición Anticorrupción, expresa que para recuperar a Honduras y sus instituciones, construir un Estado democrático de derecho, desmontar el modelo autoritario y de corrupción, restablecer la decencia nacional y avanzar hacia un futuro de esperanza, es esencial la real participación de la ciudadanía y sus organizaciones. JP
