Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una denuncia contra jueces que favorecieron a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-junio de 2009) con la aplicación del decreto 04-2022, es decir la Amnistía Política, y que fue denominado como “Pacto de la Impunidad”.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, comentó que la denuncia es en contra de dos jueces, uno del Juzgado de Ejecución y el otro es un togado de letras de lo penal.
Agregó que los togados son acusados por la comisión del delito de prevaricato judicial por favorecer a estos exfuncionarios con la aplicación de la Amnistía Política.
“Los dos impartieron justicia selectiva y se rindieron ante débiles argumentos”, declaró la directora del CNA en conferencia de prensa.
Señaló que estos jueces beneficiaron a exfuncionarios cometieron actos ilícitos en el ejercicio de su función publica, pero que fueron beneficiados con solo argumentar que eran “persecuciones políticas” sus procesos judiciales en su contra.
El CNA reprochó que estos jueces hayan sobreseído de sus cargos al expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Enrique Flores Lanza; y el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri.
Castellanos mencionó que los jueces atendieron rápidamente la solicitud de aplicarles amnistía política por el nombre de los acusados que la carga del expediente que se tenía enfrente.
Seguidamente, indicó que uno de los acusados fue favorecido con la amnistía política solo con mencionar que su proceso judicial es porque es cercano con el expresidente Mel Zelaya, mientras que el otro argumentó que fue objetivo de los operadores de justicia por su investidura de funcionario.
“Se ha utilizado como una puerta abierta para que funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del 27 de enero 2006 al 28 de junio de 2009 para que puedan acogerse a este pacto por actos propios del ejercicio de su función pública”, aseveró.
Asimismo, recordó que la Amnistía Política fue aprobada por el actual Congreso Nacional para que fuera aplicada a la medida de estos dos exfuncionarios.
Acusó que los diputados que aprobaron el decreto 04-2022 les pareció fácil porque no serán procesados por la figura del decreto 117-2019, que es la inmunidad parlamentaria.
Queda la sensación que está será la primera de muchas amnistías, porque una vez que se encuentra la manera de hacer las cosas, otros buscaran repetirla buscando la impunidad, analizó Castellanos.
Castellanos dijo que este decreto iba dirigido para perdonar a exfuncionarios que cometieron delitos comunes y políticos, pero no para cargos en contra de la administración pública.
Sin embargo, los jueces aplicaron la amnistía para favorecer a Marcelo Chimirri y Enrique Flores Lanza, que habían cometido delitos en contra de la administración pública.
“En el pasado denunciábamos cantidad de acciones de funcionarios del Partido Nacional y hoy denunciamos a personas que pertenecen a Libre, vendrá otro gobierno y el mismo actuar del CNA tendrán”, arguyó.
La directora del CNA alegó que interpone esta denuncia para que no se siga dando estas acciones de aplicación del decreto de Amnistía.
De su parte, El investigador del CNA, Luis Urbina, expresó que la impunidad está apremiando el territorio hondureño indicando que el decretó de Amnistía puede fomentar que cuando haya un cambio de gobierno, todos los casos judicializados del Ministerio Público, sean beneficiados con esta figura alegando persecución política.
Como se hacía con el gobierno anterior, el actual va con las mismas prácticas, reprochó.
Confirmó que solicitarán al Ministerio Público que inicien un proceso de antejuicio contra estos dos jueces.
Reveló que los togados denunciados son Víctor Méndez (juez de letras de lo penal) y Alma Jacqueline Paz (jueza de ejecución), pero que en la actualidad ya no se están desempeñando en estos cargos. AG
