Tegucigalpa- El especialista en auditoría social del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cristian Nolasco, advirtió sobre los riesgos que implica el uso recurrente de compras directas por parte del Estado, especialmente en la Secretaría de Salud, subrayando que esta modalidad debe ser una excepción y no la regla.
Nolasco recordó que las compras directas, utilizadas para adquirir medicamentos y otros bienes y servicios, carecen de una regulación robusta en la Ley de Contratación del Estado, lo que abre la puerta a procesos opacos y con poco margen de competencia. “Las compras directas deben aplicarse solo cuando se cumplan los motivos establecidos por la normativa. En el caso concreto de la Secretaría de Salud, la justificación ha sido un decreto de emergencia en el sistema sanitario”, explicó.
Uno de los principales riesgos de esta modalidad, señaló el experto, es que las instituciones tienen la libertad de seleccionar directamente a los oferentes, sin necesidad de hacer una convocatoria pública a través de medios oficiales como La Gaceta. “Eso debilita el principio de transparencia y reduce la posibilidad de recibir mejores ofertas para el Estado”, apuntó.
No obstante, Nolasco reconoció que la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) ha enviado ciertos manuales para mejorar el proceso bajo criterios de competitividad. “Contratación directa no significa contratar con el primer oferente disponible. Las instituciones deben invitar a un número considerable de proveedores y realizar controles, aunque menos rigurosos que una licitación pública”, afirmó.
Sobre el reciente proceso de licitación pública de la Secretaría de Salud —en el cual varios oferentes fueron descalificados por errores insubsanables en su documentación— el representante del CNA insistió en que la ley vigente debe respetarse. “Esos documentos tenían errores que, por ley, no se pueden subsanar. Por eso, ahora la Secretaría de Salud debe activar un nuevo proceso, pero con una celeridad prudente y responsable”, indicó.
Finalmente, Nolasco subrayó la necesidad urgente de actualizar la Ley de Contratación del Estado, vigente desde 2001. “Las dinámicas del mercado y las nuevas exigencias requieren una legislación moderna, especialmente en compras sensibles como medicamentos. Mientras tanto, todo proceso debe hacerse en el marco de los principios de buena y sana administración, buscando siempre el bienestar del Estado”, concluyó.LB
