San Salvador – El relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, expresó este jueves su preocupación por el cierre de operaciones de la organización humanitaria Cristosal en El Salvador.
«Externo mi preocupación por la suspensión de operaciones de Cristosal en El Salvador y el exilio de su personal. Cristosal es una voz trascendental para la defensa de los #DDHH en el país», publicó Vaca en X.
Añadió que «El Salvador debe tener más -y no menos- ojos y voces que registren lo que está pasando».
Mediante un comunicado difundido este jueves y una conferencia en Guatemala, la organización Cristosal anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador a raíz de una «escalada represiva» contra activistas por el Ejecutivo de Nayib Bukele.
Esa ONG señaló que el «régimen de los hermanos Bukele ha desmantelado los principios básicos de la democracia» y lamentó que «bajo un estado de excepción permanente y con control casi absoluto de todas las instituciones, El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho».
«Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala», señaló en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala el director ejecutivo de la organización, Noah Bullock.
El activista dijo que «esta decisión responde a una situación insostenible del acoso estatal, amenazas directas a nuestro personal y a la criminalización de defensores».
La ONG considera que la detención de la abogada Ruth López, jefa Anticorrupción de dicha organización, «no es un caso aislado, sino (que forma) parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar».
López se encuentra detenida desde el 18 de mayo pasado por una acusación de enriquecimiento ilícito y su caso fue puesto bajo secreto. Otros cuatro activistas y críticos de Bukele también han sido detenidos y más de 40 periodistas han salido del país principalmente por acoso policial.
Cristosal, que extendió su labor a Guatemala y Honduras, brinda acompañamiento a víctimas de la violencia de las pandillas y de atropellos estatales, es una de las más críticas del Ejecutivo de Nayib Bukele y parte de las ONG que han recabado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022. JS
