Tegucigalpa – Han pasado ya dos meses desde que se filtró el video entre la diputada de Libre, Isis Cuéllar, y el entonces ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirmaban la utilización de dinero público para actividades proselitistas. Sin embargo, no existe investigación clara ni castigo para los implicados, pese a las promesas de ser “implacables contra la corrupción”.
El video que expuso el clientelismo
En el material, Cuéllar relataba cómo gestionó cheques para financiar la campaña electoral de su partido: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit”, se escucha en la conversación.
Los kits, según la propia congresista, incluían equipos de sonido, sillas, mesas, carpas, banderas, camisetas y tazas con logos partidarios. Todo financiado con fondos del tesoro nacional.
Fondos sociales: millonarios, pero opacos
Entre 2023 y 2025, el Congreso Nacional aprobó 2,850 millones de lempiras en fondos sociales, con un promedio anual de 850 millones. A junio de 2025, se habían ejecutado 1,451 millones: 59% a través de Gobernación y Justicia 23% vía el FHIS y 17% desde Sedesol. Unos 126 diputados habrían recibido asignaciones directas.
Mientras tanto, según el Observatorio de la Democracia de la RDD, las prioridades ciudadanas apenas aparecen en la ejecución: Infraestructura hospitalaria, medicamentos y vacunas: 27%, infraestructura escolar: 12%, textos escolares: 2%.
El contraste es evidente: abundancia para el clientelismo, escasez para derechos básicos.
Impunidad con sello oficial
Aunque el ministro Cardona se vio obligado a renunciar tras el escándalo, no enfrenta proceso judicial, ni investigación que se conozca y ha desaparecido de la escena política visible.
LEER: Isis Cuellar reaparece en redes sociales para promocionar a presidenciable Rixi Moncada
Por su parte, la diputada Cuéllar sigue en su cargo, con salario y privilegios intactos. Ninguna sanción administrativa ni penal ha recaído sobre ella, pese a sus confesiones en video y según algunas versiones sigue muy influyente en su zona promocionando abiertamente su campaña a reelección como diputada por el departamento de Copán.
La propia presidenta prometió todo el peso de la ley y ordenó un informe a la Secretaría de Transparencia. El documento reveló inconsistencias, pero no pasó de ahí. El Ministerio Público apenas hizo gestiones menores, sin resultados visibles.
Costos políticos de la inacción
La socióloga Julieta Castellanos advirtió que cada día de inacción aumenta la factura política: “Entre más tiempo pasa sin acciones del Ministerio Público y más se aproximan las elecciones, más factura le pasa a Libre esta impunidad y complicidad. También golpea la credibilidad del propio Ministerio Público”.
A dos meses de este caso las preguntas siguen abiertas ¿Se verá algún resultado de las investigaciones? ¿Se continuará ejecutando el fondo social en 2025 bajo el mismo esquema? ¿Seguirán diputados y funcionarios usando dinero público como caja chica electoral?
Por ahora, el caso Sedesol parece camino a la misma ruta que tantos otros: escándalo, promesas y luego olvido. LB
