Tegucigalpa- El Congreso Nacional sigue atrapado en una paralización crónica que ya no sorprende a nadie, porque ha sido lo común durante más de tres años bajo la presidencia de Luis Redondo.
-La pausa sigue mientras Libre condiciona presupuesto de UFTF y TJE a Ley de Justicia Tributaria y préstamos millonarios.
La administración del partido Libre, que prometió renovar la política hondureña y desterrar las prácticas de condicionamiento y extorsión del pasado, o lo que muchos llamaron el “tilín-tilan” , pero ha demostrado lo contrario: lo que se observa hoy son “las mismas prácticas, corregidas y aumentadas, según versiones de analistas y parlamentarios de oposición.
Recientemente, la discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria se ha convertido en un ejemplo claro del chantaje político que domina el Legislativo.
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El vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, fue contundente cuando declaró -se aprueba la ley de Justicia Tributaria se aprueba en su conjunto y total de todos sus elementos o no se aprueba nada-.
El tema vuelve a la palestra pública como tema de momento cuando según el Cohep el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria no forma parte del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este lunes que su personal se encuentra en Honduras para llevar a cabo la revisión del programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA), como parte del seguimiento a los compromisos asumidos por el país en materia económica.
El FMI, sin referirse específicamente al proyecto de Ley de Justicia Tributaria reiteró la necesidad de crear mayor espacio fiscal para inversión pública y gasto social, así como avanzar en la reducción de exoneraciones fiscales.
Otra exigencia del oficialismo
En paralelo, la aprobación de préstamos millonarios, a cambio de la aprobación del presupuesto de la Unidad de Fiscalización de la Política Limpia (UFTF) se ha convertido en moneda de cambio dentro de negociaciones que nada tienen que ver con la transparencia ni la fiscalización electoral.
El comisionado Emilio Hércules recordó que la UFTF solicitó 81 millones de lempiras desde el 20 de junio, fondos esenciales para auditar y supervisar los gastos de campaña, pero la aprobación se mantiene retenida por la parálisis del Legislativo por falta de acuerdos.
Mientras tanto, la propaganda electoral inunda calles, medios y redes sociales sin mecanismos efectivos para controlar el financiamiento de campañas, cuyo monto supera los 1,500 millones de lempiras.
Extorsión legislativa
El director del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal, calificó la situación como una “extorsión legislativa”, en la que la aprobación de proyectos depende de concesiones cruzadas entre facciones políticas, en un Congreso convertido en “mercado de voluntades” donde clientelismo y enriquecimiento ilícito se reproducen impunemente.
A esto se suma la baja productividad del Legislativo. Según un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), de 391 proyectos presentados en 2024, solo 126 fueron aprobados, reflejando una efectividad apenas del 32% .
Por otra parte, desde el año 2022, el Congreso Nacional ha destinado 613.6 millones de lempiras en subvenciones, fondos ejecutados por los diputados en la opacidad, según, el coordinador de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ)Juan Carlos Aguilar, quien añadió que no se conoce el destino ni las liquidaciones de estos. El informe de la ASJ, titulado -Debilidad institucional en el combate a la corrupción- concluyó que el Congreso Nacional es uno de los órganos en los que menos confían los ciudadanos.
Modo campaña
Con la campaña electoral en plena fase final, los diputados parecen más preocupados por su reelección que por cumplir con sus responsabilidades parlamentarias. En cuanto a la paralización la oposición se limita a señalar de extorsión la actitud de Libre, pero tampoco buscan salidas a la situación porque se encuentran comodos con vacaciones pagadas que se extienden semanas tras semanas, mismas que les permite hacer proselitismo politico sin interrupción.
Lo anterior es evidente, porque la oposición con sus condicionamientos mantiene la parálisis sin convocatoria o cuando las gira la cancela a última hora argumentando cualquier banalidad.
La evidencia es clara: Libre prometió un Congreso distinto, pero la práctica demuestra que las dinámicas de extorsión, condicionamiento y paralización legislativa no solo persisten, sino que se han intensificado.
Mientras tanto, la transparencia, la fiscalización y la confianza ciudadana siguen pagando el precio de un Legislativo que funciona más como un mercado político que como un poder al servicio de los hondureños, no obstante, muchos parlamentarios alistan sus mejores verborreas para su reelección, los ciudadanos tendrán el poder en el voto si administrarlo bien, o elegir a los mismos que no representan los intereses de los ciudadanos cuando llegan a ocupar sus famosas curules.LB
