São Paulo – El Gobierno brasileño formalizó este jueves un acuerdo para indemnizar a la familia del periodista Vladimir Herzog, asesinado por la dictadura militar hace 50 años en un crimen condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El pacto prevé el pago de casi tres millones de reales (unos 550.000 dólares) y la manutención de una «prestación mensual» concedida anteriormente por la Justicia en concepto de «daños morales a la familia», según informó la Abogacía General del Estado brasileño.
La presentación del acuerdo tuvo lugar este jueves en la sede del Instituto Vladimir Herzog, en la ciudad de São Paulo, en un acto en el que participaron familiares y amigos del periodista, así como el abogado general del Estado, Jorge Messias.
En la ceremonia, Messias se disculpó por el crimen en nombre del Estado brasileño y renovó «el compromiso ético y político de mantener encendida la lucha permanente por la democracia».
Vladimir Herzog es uno de los símbolos de la lucha por la memoria histórica en Brasil.
En octubre de 1975, el entonces director de periodismo de TV Cultura fue citado a declarar en la sede del Departamento de Operaciones de Informaciones, un organismo considerado como uno de los más activos centros de persecución política, tortura y muerte durante el régimen militar (1964-1985), en São Paulo.
Allí fue torturado y asesinado, aunque el Ejército alegó entonces que se suicidó en su celda, lo que más tarde se demostró como falso.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado brasileño por «no haber investigado, juzgado y castigado a los responsables por la tortura y el asesinato de Herzog», declarado como «crimen de lesa humanidad», según recordó el Gobierno brasileño en una nota.
Además, la sentencia obligó a la Justicia brasileña a reiniciar el proceso penal sobre el caso, pues la corte entendió que ese tipo de crímenes no pueden ampararse en la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen.
De hecho, otras demandas similares se han archivado en la Justicia brasileña bajo el argumento de esa Ley de Amnistía, que amparó a represores y guerrilleros y cuya constitucionalidad fue ratificada en 2010 por el Tribunal Supremo. JS
