La Ley contiene 62 artículos y crea la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, ente que únicamente podrá interferir llamadas telefónicas y conversaciones con la autorización de un juez y a solicitud de un fiscal del Ministerio Público.
La medida ha sido justificada como una necesidad legislativa que forma parte del paquete de medidas para combatir la indiscriminada criminalidad que afecta a Honduras. Los impulsadores de la iniciativa justifican que en este país centroamericano son muchos los que escuchan e interceptan comunicaciones y que frente a esa realidad el Estado está en desventaja.
De esa manera -aseguran parlamentarios- se descarta que a los hondureños honestos se les podrá intervenir sus comunicaciones y de manera antojadiza o arbitraria, ya que la Ley contiene penas para aquellos que hagan mal uso de esta herramienta. Pero esa aseveración contrasta con las reservas en la aprobación de la Ley que ha circulado con carácter limitado.
Las intervenciones “sólo se realizarán cuando sean necesarias para la obtención de informaciones respecto a la investigación y solamente podrá ser autorizado por el órgano autorizado en forma escrita”, dice la Ley. “No podrán intervenirse las comunicaciones de un sospechoso por más de tres meses”, un plazo prorrogable.
Las intervenciones a realizar son básicamente a las llamadas telefónicas y también se podrán ejecutar -siempre con la autorización correspondiente-, a las comunicaciones verbales en domicilios o recintos privados, con indicios suficientes de que ocurre o se ordena una actividad ilícita. De la misma forma también se estipulan las comunicaciones electrónicas por lo que las compañías operadoras de redes deberán manejar registros de direcciones IP.
La Unidad de Intervención de las Comunicaciones pertenecerá a la Dirección Nacional de Investigación, dependencia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Dicho Consejo está integrado por el Presidente de la República, los presidentes del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, los secretarios de Defensa y Seguridad y el Fiscal General.
Sobre el procedimiento a seguir, se tendrá que hacer constar los nombres y apellidos de la personas a intervenir; las actividades realizadas que merezcan dicha intervención y el número de teléfono con su respectivo sim.
A partir de la vigencia de la ley, las compañías celulares tienen noventa días para registrar a todos los propietarios de celulares con sus datos personales; después de este plazo, todos los números que no estén registrados serán cancelados de inmediato.
La persona que denuncie a alguien porque sin autorización está interviniendo sus llamadas, se procederá a penalizarlo hasta seis años de reclusión y 120 salarios mínimos.
“Se castigará con reclusión de seis a diez 10 años de reclusión al funcionario judicial, policial, del Ministerio Público o de la empresa generadora de la información, que divulgue o utilice la información recabada”, dice el artículo 50.
La Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones explica que “En el artículo 223 del Código Procesal Penal se contempla la intervención de las comunicaciones, especialmente las telefónicas, pero no se establece un procedimiento sobre este tipo de intromisiones a la privacidad y por lo tanto dicho artículo queda derogado”.
Posiciones encontradas
El ex rector universitario y defensor humanitario, Juan Almendares, rechazó la medida ya que según dijo se trata de una decisión para “implementar la persecución, intimidación y el terror”.
Dijo que Honduras una política expresa de “escuchas” únicamente genera un estado de sospechas.
Agregó que en un proceso de intervención telefónica nadie puede confiar en la función que cumplan la Policía o las Fuerzas Armadas hondureñas.
Entre tanto, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, se pronunció en favor de la iniciativa. “La ley el país la necesita” dijo a la vez que abogó por el resguardo para la vida privada y la garantía para que las comunicaciones sean utilizadas estrictamente bajo los procedimientos y las garantías de rigor.
Castellanos dijo que en casos como los secuestros, la legislación se hace necesaria, a la vez que indicó que la ley no debería bautizarse como “ley de escuchas” porque, a su juicio, el nombre distorsiona su propósito.
