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Apoyo a la cuarta urna y ausencia de críticas al gobierno marcan marchas del 1 de Mayo

Tegucigalpa.-Una deslucida marcha del Día Internacional del Trabajo concluyó hoy en la capital hondureña, con un llamado final de la dirigencia obrera para que se nacionalice la energía térmica, se revise el contrato con la Empresa de Medición Eléctrica de Honduras (SEMEH) y se haga efectiva la consulta popular y el referéndum, que impulsa el Poder Ejecutivo a través de la cuarta urna.
 

  • Al final de la movilización, los principales dirigentes obreros fueron invitados a un almuerzo a Casa Presidencial, mientras que medios de comunicación radales especularon que la marcha fue financiada por el gobierno de la República.

Inusualmente la marcha obrera estuvo marcada por la ausencia de críticas al gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales y el apoyo de algunas organizaciones a la iniciativa de la cuarta urna que impulsa el Poder Ejecutivo para instalar una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de reformar la Constitución Política del país.

Supuestos estudiantes universitarios montaron una tienda de campaña en pleno centro de la capital para realizar un simulacro de la actividad que Zelaya ha programado para el último domingo de junio, mientras una organización de taxistas de la capital, afín al gobierno, promovió la cuarta urna durante la movilización.

A lo largo de la marcha, una orquesta musical acompañada de sugestivas bailarinas, vestidas de blanco y rojo, promovieron la cuarta urna entre los presentes, mientras un vehículo con una enorme pancarta invitaba a apoyar la iniciativa presidencial.

Los dirigentes obreros se olvidaron de señalar puntualmente los yerros de la actual administración en materia de seguridad, alto costo de la vida, desempleo, pobreza, galopante corrupción y desorden administrativo y económico.

Un tema que se pensó dominaría la marcha era el escándalo de pago de sobornos de la transnacional estadounidense Latinode a altos funcionarios de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), pero el mismo ni siquiera fue mencionado por la dirigencia obrera.

Analistas locales indicaron que la celebración fue bastante suigéneris porque no tuvo el fervor y las punzantes críticas que han caracterizado otras marchas obreras en el pasado, posiblemente en “agradecimiento al gobierno por el último incremento al salario mínimo de 5,500 lempiras”.

Otro aspecto que llamó la atención fue que el hecho que las organizaciones sindicales rechazaron la iniciativa del Congreso Nacional de crear un décimo quinto mes de salario, bajo el argumento que quien lo pagará será el estado y no los empresarios.

Los trabajadores afiliados a las tres principales centrales obreras (la Confederación Trabajadores de Honduras, Central General de Trabajadores y Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras) desfilaron a lo largo de la primera avenida y concluyeron la marcha en la Plaza Central con sendos discursos exigiendo reivindicaciones económicas.

Los principales dirigentes leyeron al final de la marcha un documento, entre los que exigieron salarios justos, oposición al trabajo temporal, precios bajos a la canasta básica, un estricto control de precios para los productos de primera necesidad y los insumos para producirlos, aumento general de salarios, cumplimiento del salario mínimo y derogación del salario diferenciado.

También pidieron la derogación de los decretos legislativos 219 y 220 del 19 de diciembre de 2003, que contienen el congelamiento de los salarios y la Ley de Ordenamiento Retributivo del Gobierno Central. Además exigieron respeto a la libre sindicalización, respeto a la estabilidad laboral y aplicar la Ley de Protección al Consumidor.

Pidieron además el esclarecimiento del asesinato del dirigente campesino Ericson Lemus el 24 de mayo de 2005, Wilfredo Lara, asesinado el 27 de agosto de 2007 y la dirigente sindical Altagracia Fuentes, ultimada en el 2008, entre otros.

Asimismo, la clase obrera exigió la derogación de la contra reforma electoral en su totalidad, aprobación de una Ley Electoral que garantice la igualdad de derechos para todas las fuerzas políticas y sociales, garantizar la vigencia de las candidaturas independientes sin restricciones para los tres niveles de elección popular.

La representante de la CGT, Francisca Canales, pidió la gratuidad de la educación, emisión de una ley general de educación, no la privatización de la educación y el cese de la represión estudiantil en la Universidad Pedagógica Nacional, incremento al presupuesto de la salud, ruptura de techos de cotización en el Seguro Social para los que ganan menos no subsidien a los que ganen más, rescate el transporte urbano, entre otras demandas.

Otras de las exigencias de los obreros fueron el enjuiciamiento de los responsables de la masacre en el penal de El Porvenir, Atlántida, y del centro penal de San Pedro Sula, no a la criminalización de la protesta social y la manipulación del pueblo por algunos medios de comunicación y políticos de turno.

Finalmente, pidieron que los temas que toquen los intereses nacionales, no deberán ser definidos sin la consulta del gobierno al pueblo en general y al movimiento popular en especial, y se deben hacer efectivos el referéndum y la consulta pública.

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“Cualquier diálogo nacional que pretenda impulsar otros proyecto de país, obligatoriamente debe pasar por la derogatoria del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los doce puntos antes mencionados”, señalaron.

Al final de la movilización, los principales dirigentes obreros fueron invitados a un almuerzo a Casa Presidencial, mientras que medios de comunicación radales especularon que la marcha fue financiada por el gobierno de la República.

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