Tegucigalpa – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio el tiro de gracia al acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) que dio vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), el último frente anticorrupción que funcionaba en el triángulo norte de Centroamérica.
– El Salvador (CICIES), Guatemala (CICIG) y Honduras (MACCIH), finiquitaron sus frentes anticorrupción en un lapso de dos años.
– Esta semana se anunció la creación del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), por agencias civiles de los países del norte de Centroamérica y la Fundación Internacional de Seattle (SIF).
“Hemos decidido que como Presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-CICIES porque es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”, dijo Bukele en una conferencia de prensa.
Bukele justificó que esta decisión se debe al anuncio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de tener como asesor al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, procesado penalmente en El Salvador.
La creación de la CICIES fue una de las principales promesas de Bukele para llegar al Ejecutivo en 2019.
A inicios de mayo se produjeron las destituciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general en El Salvador.
El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y, como primera acción, votara la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año.
Todo este entramado político ha generado fuertes señalamientos de la comunidad internacional, al grado de EEUU advirtió que se debe responder ante las destituciones de los altos cargos.
Fin de la MACCIH en Honduras
El 17 de enero de 2020, el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA), pusieron fin al convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).
De abril de 2016 a enero de 2020, tiempo que estuvo el cuerpo anticorrupción auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), se lograron presentar 13 casos junto al MP-UFECIC, que involucraron a 112 imputados (80 funcionarios, incluidos diputados, así como 32 particulares).
La MACCIH tuvo muchas dificultades para operar en Honduras y sectores políticos que se vieron afectados minaron el camino y una eventual renovación del convenio desde el Poder Legislativo.
(VER) La MACCIH cometió errores, dice titular de Congreso Nacional Mauricio Oliva
Del total de los casos, al menos cuatro fueron casi sobreseídos en su totalidad: Pacto de Impunidad, Patuca III, Pandora y Caja Chica del Hermano, mientras se ordenó repetir el expediente Caja Chica de la Dama que había concluido con una sentencia de 58 años de prisión para la exprimera dama Rosa Elena de Bonilla.
(VER) El estatus de los casos MP-MACCIH
La CICIG, primera en decir adiós
En septiembre de 2019, Guatemala se despidió de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo creado por las Naciones Unidas a petición del gobierno del entonces presidente Oscar Berger, para hacer frente a poderosos grupos políticos y algunos al margen de la ley que operaban libremente, sin que los controles judiciales del Estado pudieran enfrentarlos.
La CICIG comenzó operaciones en agosto del 2007, luego que el gobierno de Berger y la ONU firmaron un acuerdo el 2006 para dar inicio a este novedoso experimento, siendo el español Carlos Castresana su primer comisionado general.
Presentó 70 casos, la mayoría emblemáticos, pero muchos fueron cuestionados, mientras otros deben ser continuados por el Ministerio Público. Algunos criticaron que la comisión no trasladó las habilidades y competencias a los fiscales para continuar su trabajo.
Aunque comenzó con algunos casos que afectaban a poderosas estructuras criminales, la CICIG tuvo su primer gran impacto el 2009 cuando en apoyo a la Fiscalía General se unió a la investigación que demostró la malversación de 15 millones de dólares de parte del expresidente Alfonso Portillo, por el cual fue extraditado a Estados Unidos, que lo pidió para que enfrentará cargos criminales por uso de su sistema financiero.
Pero fue el 2015 cuando la CICIG logró el golpe mediático nacional e internacional al desarticular una red de defraudación aduanera, la cual estaba liderada por el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Pero la CICIG, al mando del colombiano Iván Velásquez, presionó el acelerador e investigó y pidió el desafuero al actual mandatario Jimmy Morales, así como proceso al hermano y al hijo del mandatario, lo que provocó que el titular del Poder Ejecutivo lanzara una campaña para expulsar al organismo antiimpunidad y luego lo hizo con el comisionado Velásquez.
Eso fue el principio del fin de la CICIG, ya que finalmente el presidente Morales aunque no pudo expulsar al ente, no renovó su mandato y con ello lo puso fuera de las fronteras del país.
Nace CCINOC
Esta semana se anunció la creación del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), lanzado por organismos de sociedad civil de distintos países de la región y la Fundación Internacional de Seattle (SIF).
El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica, fue presentado en una iniciativa liderada por organizaciones de Guatemala, El Salvador y Honduras para combatir la corrupción y la impunidad.
El lanzamiento desarrollado de manera virtual, dio a conocer que el CCINOC tiene el objetivo de convertirse en un centro de observación, investigación, información educación y divulgación de referencia regional.
El Centro surge como el resultado del trabajo de 11 organizaciones de sociedad civil con sede en el norte de Centroamérica y la Fundación Internacional de Seattle (SIF).
Participaron en el evento; Ricardo Zúñiga, enviado especial para el norte de Centroamérica del Departamento de Estado; Heide Fulton, subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Programas para el Hemisferio Occidental en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.
Además, Sonia Vega Alonso, Consejera Política de la Delegación de la Unión Europea en Honduras, Hans Magnusson, embajador de Suecia en Guatemala y Rita Rudaitis Renaud, representante del gobierno de Canadá.
JS
