Tegucigalpa – Tras una reunión, la tarde de este viernes, del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) se aprobó el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen, que tendrá una duración de seis meses con el afán de contrarrestar la criminalidad.
– Este viernes se aprobó el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen para contrarrestar la inseguridad del país.
– Las 3 mil 500 cámaras comenzarán a funcionar en un plazo de 30 días, se comprometió el gerente de Hondutel.
– Se estableció un protocolo policial para enfrentar el problema de tomas de vías públicas de libre tránsito, así como la perturbación ilícita del funcionamiento del Estado.
En la reunión estuvieron los titulares del tres poderes del Estado, los ministros de Seguridad, Defensa y Copeco, el jefe de la Policía y del Estado Mayor Conjunto, así como el Fiscal General del Ministerio Público.
El Plan Nacional de Solución Contra el Crimen constituye la II etapa del Plan Nacional de Seguridad que comenzó hace unos meses el gobierno de la República.
Se informó que la presidenta Xiomara Castro prorrogó por seis meses el PCM-10-2023 del 20 de febrero de este año, el que decretó la suspensión de garantías constitucionales y se asigna las responsabilidades por sectores geográficos a la Secretaría de Seguridad y como “colaborador efectivo” en igual materia a la Secretaría de Defensa.
Las acciones se seguridad se intensificarán en Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios.
Mientras en los departamentos de Atlántida, Yoro y Copán, la Secretaría de Defensa mediante la Policía Militar del Orden Público ejecutará labores de seguridad.
Además, se instruye a las FFAA colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en la habilitación de batallones como centros de reclusión de emergencia.
La cuarta medida tomada por el gobierno, la Corte Suprema de Justicia se comprometió a nombrar jueces con jurisdicción nacional para acompañar de manera eficiente y oportuna las acciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad con base en el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen.
Igualmente, el Ministerio Público asignará fiscales para acompañar las acciones de las instituciones de seguridad del Estado en la ejecución del plan.
La presidenta Castró emitirá un decreto de emergencia para el funcionamiento de los equipos técnicos y operativos, reconstrucción, reforma y equipamiento de instalación de centros penales de máxima seguridad en cualquier sitio del territorio hondureño.
La séptima medida ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con la colaboración de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) deberá proceder a prohibir la compra y venta de tarjetas sim-card (chip) para teléfonos celulares sin que exista un estricto registro e identificación de los comparadores, responsabilizando y sancionando en caso de incumplimiento a las compañías telefónicas autorizadas y sus sucursales para operar en el país.
Se instruye -además- a la Dirección Nacional de Inteligencia para que elabore un programa de análisis criminal con la participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad para compilar y sistematizar de manera ordenada y científica toda la información que exista sobre denuncias, investigaciones, detenciones, órdenes de captura, requerimientos fiscales y sentencias para efectos de identificar las personas con mayor incidencia en la comisión de delitos.
Se estableció un protocolo policial para enfrentar el problema de tomas de vías públicas de libre tránsito, así como la perturbación ilícita del funcionamiento del Estado y la obstrucción del orden público, anunciando de acuerdo con la ley los procedimientos para solicitar el cese de las tomas y de actuaciones ilegales, poner a la orden del MP a los responsables y garantizar la libre circulación de las personas. JS
