Tegucigalpa (Especiales Proceso Digital) – A un poco más de un mes de haberse oficializado la convocatoria a elecciones primarias de marzo de 2025, la violencia política, el decreto de amnistía política y las acusaciones por presuntos actos de corrupción contra presidenciables y atentados en contra de funcionarios allegados a connotados políticos, ensombrecen el ambiente preelectoral, mientras desde Washington envían mensajes a favor de elecciones limpias y justas.
– El presidenciable nacionalista Nasry Asfura acude este día a los tribunales. De los delitos que se le acusan a Asfura, a excepción del lavado de activos, el resto conlleva la pena de inhabilitación en cargos de administración pública, generando con ello más suspicacias al respecto.
– Washington ha sido claro: la comunidad internacional espera elecciones justas, limpias y transparentes en Honduras.
La violencia política y la polarización por motivos ideológicos sigue su escala ascendente. El 10 de octubre Eduardo Colindres, uno de los asistentes más cercano al círculo del alcalde sampedrano, Roberto Contreras, fue objeto de un atentado cuando un desconocido tiroteó su casa de habitación al grado de herirlo y llevarlo de emergencia a un hospital de la zona. Colindres se encuentra estable pero el edil de la principal ciudad industrial de país denunció ser objeto de amenazas e intimidaciones y atribuyó a ese hecho el atentado contra su empleado de confianza.
Roberto Contreras insinuó incluso que estaba pensando en abandonar la política y aunque no atribuyó directamente de donde procedían las amenazas, lamentó que este clima de virulencia siga aumentando e hizo un llamado a las autoridades para investigar el hecho y dar con el paradero de los responsables.
El presunto sicario que atacó a Eduardo Colindres se transportaba en una motocicleta y forzó la cerradura de la casa de Colindres, ingresó y le disparó mientras éste descansaba en su residencia. Las autoridades no han reportado ni avances ni hipótesis acerca de los posibles móviles del atentado, que, de entrada, el alcalde sampedrano atribuye a cuestiones políticas.
Mujeres, líderes sociales y periodistas
Esa violencia política también continúa hacia las mujeres que participan de la contienda preelectoral, así como a actores de la comunidad anticorrupción y periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles a través de la ferocidad desatada en las redes sociales por medio de las llamadas tropas digitales y los mensajes de odio y estigmatización como parte de las llamadas narrativas negativas de descrédito, muchas de ellas gestadas desde las esferas gubernamentales.
A ese escenario se suma la determinación del pleno de la Corte Suprema de Justicia, de decidir por mayoría, que el polémico decreto 04-2022 que contiene la amnistía política es constitucional, blindando así a los exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya, aplicando retroactividad a casos antes del golpe de Estado de 2009, a funcionarios de Zelaya presos por corrupción, entre otros cuestionamientos hechos por los expertos al decreto.
Los magistrados de la Corte Suprema analizaron en ese decreto al menos tres aspectos: la situación de los exfuncionarios del gobierno del presidente Zelaya depuesto por el golpe de Estado; la situación de los defensores humanitarios víctimas del golpe de estado y de los sucesos acontecidos en las elecciones de 2017, y el tema de la CICIH, la comisión internacional contra la impunidad que en el decreto de amnistía queda como una figura asesora en la lucha contra la corrupción sin potestades de ningún tipo.
La polémica del decreto de amnistía, en la cual la mayoría de la ciudadanía hondureña está de acuerdo en aquellos casos motivados políticamente, se centra en que bajo esa iniciativa han sido beneficiados y liberados personas ligadas y condenadas a actos de corrupción, una de ellas presa incluso antes del golpe de estado y ya con sentencia firme, pero fue uno de los primeros beneficiados por sus conexiones políticas con el primer anillo de poder que gobierna el país.
Sentencias ponen en riesgo sistema jurídico: Orellana
El otro punto es que la amnistía contempla una categoría de delitos que puede ser aplicada incluso a personas ligadas a la criminalidad organizada, pero los defensores de la amnistía señalan que muchos defensores humanitarios fueron acusados por delitos de asociación ilícita, por ejemplo, para no vincularles a hechos políticos motivados, como parte de la estrategia de criminalizar el derecho a la protesta y que existen muchos casos que se ha comprobado que las personas acusadas que salieron a las calles tras el golpe de Estado y luego en los sucesos poselectorales de 2017, también ha ocurrido lo mismo.
La polémica sigue instalada y se desconocen los alcances de esa sentencia de la Suprema Corte porque aún la siguen redactando, aseguran los magistrados. Igual sucede con el fallo de la sentencia que declara inconstitucional las ZEDEs, cuyo alcance de la sentencia se desconoce. La Corte Suprema tiene esa deuda con la ciudadanía en torno a los alcances de esos dos fallos trascendentales para la seguridad jurídica y la vida democrática del país.
En el caso de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), los expertos en materia constitucional y activistas en la lucha contra la corrupción señalan que la Corte de Justicia dio el tiro de gracia a la llegada de la Misión al dejarla, como señala el texto del decreto, que su única función será de asesora en políticas anticorrupción. Hasta que se conozca la sentencia se podrá indicar qué tan fuerte o qué tan débil será la instalación de esa misión anticorrupción, que, de entrada, los expertos de la ONU advirtieron que por su ambigüedad ese decreto de amnistía podría complicar el trabajo de la CICIH.
Para el exfiscal del Estado y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, los dos fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia suponen enormes riesgos para la seguridad jurídica del país al destacarse dos elementos: el cambio de criterio y la retroactividad de las sentencias. El primero lo reconoce expresamente la ley y el segundo, contraviene la Constitución que expresamente les reconoce efectos derogatorios, lo que se traduce en una reforma constitucional, porque en adelante la sentencias anularán la ley desde su origen.
“Esto significa que las sentencias que hoy desestiman esas acciones pueden revertirse si la jurisdicción decide cambiar su criterio”. Orellana reflexiona sobre estos fallos y advierte que es necesario poner límites a los efectos retroactivos, cuyo simple reconocimiento es una declaración de que esa jurisdicción puede reformar la Constitución.
Mientras este debate del alcance de la sentencia de la Corte declarando constitucional la amnistía política, un exalcalde sampedrano que empieza a acumular sobreseimientos en sus causas de corrupción, espera que bajo este decreto se le faciliten otros procesos para poder quedar en libertad, regresar al país e incorporarse de lleno a las filas del partido en el poder, Libertad y Refundación, Libre. Se trata del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, quien enfrenta varios procesos legales por corrupción, pero que su defensa invoca el decreto de amnistía alegando persecución política.
El tema de la amnistía política no ha terminado de cerrarse en la opinión y la oposición política de acusar al gobierno y a la Corte de Suprema de haber sellado otro pacto de impunidad (como se conoce a la amnistía política), cuando el Ministerio Público a través de su fiscalía especializada en redes de corrupción, la Uferco, interpone requerimiento fiscal en contra del exalcalde de Tegucigalpa y aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, conocido como “Papi a la orden”, por presuntos actos de corrupción durante fue edil capitalino.
Desfile de acusaciones
Esa acusación, según el abogado de Asfura, Dagoberto Aspra, es la misma que se presentó cuando Asfura fungió como alcalde y que fue desvanecida en su momento. Y ahora, Asfura tiene a su favor un argumento: un informe del actual Tribunal Superior de Cuentas en donde lo exoneran de cualquier responsabilidad de presunto enriquecimiento ilícito por ese caso por el cual se le acusa.
Nasry Asfura ha dicho que se presentará voluntariamente a los tribunales porque quien nada debe, nada teme, la defensa del exalcalde señala que no hay motivación para la acusación y que desvanecerán la misma hoy 21 de octubre cuando fueron citados por juez competente. De los delitos que se le acusan a Asfura, a excepción del lavado de activos, el resto conlleva la pena de inhabilitación en cargos de administración pública, generando con ello más suspicacias al respecto.
Pero el Partido Nacional, el principal partido de oposición política, ha denunciado que horas después de que el poder judicial ratificara que la amnistía política es constitucional, inicia la persecución política contra el partido y uno de sus aspirantes más fuertes a ganar la candidatura presidencial en los comicios de marzo de 2025 como es Nasry Asfura.
Otros sostienen que este hecho es una “venganza” porque se incumplió el pacto con Libertad y Refundación suscrito en marzo de este año en donde se acordó el reparto en la conducción de los entes electorales, algo que no salió como se había establecido y que el 11 de septiembre el expresidente y coordinador de Libre, el asesor Manuel Zelaya Rosales, recordó en un airado reclamo en sus redes sociales.
El expresidente Zelaya posteó lo siguiente: “El 19 de marzo de 2024, los partidos políticos, a través de nuestras bancadas representadas en el Congreso Nacional, logramos un acuerdo histórico, democrático y transparente para la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la Unidad de Política Limpia, Directiva del Congreso Nacional, y el Ministerio Público (MP). Ahora, cuando es momento de cumplir la palabra empeñada, no recuerdan nada. Se les ha olvidado o alegan amnesia de la votación masiva de sus diputados, con 106 votos a favor. Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional conoce en detalle este acuerdo”.
La oposición representada en el Partido Nacional se declara en alerta, aseguran que la Fiscalía y el Poder Judicial vienen contra varios de sus miembros como parte de una persecución política que busca “doblegarnos”, aseguró el jefe de la bancada nacionalista en el poder legislativo, Tomás Zambrano.
En tanto, el general en retiro y líder del movimiento civil de ciudadanos denominado Ejército de Paz, Romeo Vásquez, ha denunciado que el gobierno de Castro se prepara también a presentar requerimiento fiscal en su contra como parte de lo que estima una estrategia de persecución política. De su lado, el aspirante presidencial Jorge Cálix también ha denunciado la preparación de acciones fiscales en su contra, ya que su candidatura continúa siendo una piedra en el zapato para Libertad y Refundación que observa cada día como gran cantidad de sus activistas y liderazgos locales se suman a la fuerza de Cálix, según lo informado desde ese movimiento político.
Todo este ambiente de tensión y polarización se produce bajo el escenario político preelectoral en donde las cábalas están a flor de piel, la incertidumbre busca ensombrecer el panorama político electoral, y Washington ha sido claro a través de mensaje del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en su reunión con la ministra de la Defensa, Rixi Moncada, al hacer hincapié en su conversación, que Estados Unidos esperaba una elecciones limpias y justas en Honduras.
El mensaje de Nichols no sólo era a la ministra de Defensa en donde las Fuerzas Armadas son el garante de la alternabilidad en el poder y de la custodia electoral, era también para la precandidata presidencial del oficialismo, que, por primera vez, en la historia democrática de Honduras tiene dos sombreros a la vez: juez y parte de un proceso electoral que comienza a elevar su tono en los ribetes de polarización.
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En tanto, el Consejo Nacional Electoral sigue en su marcha de aplicar el cronograma electoral que fue reformulado ante el acortamiento y el vencimiento de plazos, en donde ha dejado inamovible la fecha del 8 de noviembre para que los movimientos políticos internos de los partidos que irán a elecciones primarias presenten sus planillas en los tres niveles electivos y para que se designe la empresa contratada para aplicar el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, conocido como el TREP. Es el ambiente que precede a las elecciones de marzo de 2025. PD
