Tegucigalpa – En medio de la creciente controversia por el caso de la financiera Inversiones Koriun, el alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, aclaró este jueves que su administración no ha recibido “ni un solo centavo” por haber otorgado el permiso de operación a la empresa, actualmente intervenida por el Ministerio Público.
“Que quede bien claro: nosotros no hemos recibido absolutamente nada de dinero de Koriun por el permiso. La gente anda diciendo que sí, pero eso es falso”, declaró el edil, quien aseguró que el proceso fue estrictamente administrativo. Según explicó, la empresa presentó su documentación y se sometió a una revisión minuciosa que duró cerca de tres meses.
Mejía también defendió la actuación de la municipalidad, señalando que la aprobación se basó en documentos legales y el análisis de los socios de la empresa, por el tema de impuestos vecinales.
Se ha contactado que por ejemplo muchos tenían años de estar en el sistema de la financiera. Incluso algunos tienen 50,000 o 200,000 lempiras invertidos y les pagaban entre 2,500 y 3,500 lempiras semanales, que es lo que paga una maquila y ahí los tienen sin trabajar por eso a la gente le llamó la atención, dijo.
El alcalde subrayó que la movilidad económica generada por la empresa fue evidente, con un flujo de dinero que beneficiaba indirectamente a la economía local. No obstante, cuestionó fuertemente a las instituciones del Estado por intervenir de forma tardía.
“La gran pena es de los entes del Estado, que vienen a actuar cuando ya agarran fuerza, cuando ya tienen raíces. Nosotros criticamos eso. Ahora tenemos una bomba social con más de 20,000 personas afectadas, muchos de ellos con inversiones de hasta 8 millones de lempiras”, expresó Mejía, al advertir sobre el riesgo de una convulsión social en Choloma si no se encuentra una salida pronta al problema.
El Ministerio Público investiga a Inversiones Koriun por operar sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y por presunto fraude financiero en perjuicio de miles de ciudadanos. Hasta el momento, se han asegurado 233 millones de lempiras y 213 mil dólares en efectivo relacionados con el caso y el MP asegura que se devolverá el dinero a los accionistas, mientras el Gobierno anuncia que asumirá responsabilidad en lo que haga falta. LB
