Tegucigalpa- Al menos 110 quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado por violentar los derechos humanos de mujeres y niñas atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en el primer año de ejecución del Estado de excepción en el país, reveló el Observatorio Nacional de Derechos Humanos de este ente estatal.
El Conadeh calificó de “alarmantes los niveles de violencia y arbitrariedad perpetrados por agentes de seguridad pública en el marco de la suspensión de garantías”.
Entre el 6 de diciembre del 2022 y el 6 de diciembre del 2023, el CONADEH atendió casos de personas que expresaron las diferentes formas de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres. De las 110 quejas analizadas, 72 de ellas presentaron violencia verbal, física e incluso sexual.
La violencia física fue la de mayor recurrencia con 41 casos atendidos, y que, según el relato de las propias afectadas, las violaciones de derechos humanos incluyeron golpes, patadas, jalones de cabello y bofetadas por parte de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
Violencia sexual, grave vulneración a los derechos humanos
El Conadeh explicó que la violencia sexual es aquella acción de naturaleza sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno.
Entre los hechos denunciados, ante el Conadeh está el caso de una menor de edad que, las autoridades policiales no le permitieron vestirse previo a ordenarle salir de su hogar.
También está el caso de una mujer, que denunció haber sido violada, posterior a la detención de su esposo, en su casa de habitación. Otra denunció haber sido obligada a desnudarse para luego ser fotografiada con la aparente justificación de determinar si “portaba drogas”.
Una madre denunció que su hija fue objeto de registro y desvestida en su casa de habitación, mientras que otra mujer se quejó que fue agredida sexualmente para evitar la detención del hermano.
Tomando en cuenta los actos denunciados, el Conadeh recordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTE IDH) en la cual se señala que “[…] la violencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras para ellas, que se ven agravadas en los casos de mujeres detenidas.
Además, que la violación sexual de una detenida, por un agente del Estado, es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente.
Según el Conadeh, el Estado de Honduras tiene la obligación, no solo de prevenir la violencia sexual, sino que, también la de identificar y erradicar sus causas subyacentes, así como, sancionar a los actores que contribuyen a su prevalencia.
“La violencia sexual bajo ningún escenario es aceptable, por lo que sus indicios suponen una clara violación a los derechos humanos”.
Los hechos relacionados, con la participación de agentes de seguridad en actos de violencia sexual hacia mujeres y niñas, constituyen graves vulneraciones a derechos humanos, que podrían acarrear responsabilidad del Estado si no se adoptan medidas de prevención e investigación.
El uso desproporcionado de la fuerza, en el marco de las intervenciones de agentes de la seguridad pública puede constituir un atentado a la dignidad humana, toda vez que acarrea repercusiones físicas y psicológicas en la vida de mujeres y niñas.
Miembros de la DIPAMPCO, los más denunciados
De las 110 quejas atendidas por el Conadeh, en el primer año del Estado de excepción, al menos 41 quejas fueron interpuestas contra miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), 30 en contra de la Policía Nacional y, 23 contra la Dirección Policial de Investigación (D.P.I).
Durante ese periodo, 17 de los 18 departamentos del país fueron escenario de hechos denunciados por violaciones a derechos humanos de las mujeres y niñas, en el marco del Estado de excepción. Francisco Morazán es el departamento con mayor incidencia con 27 casos, seguidos por Cortés, Choluteca y Atlántida con 12.
El 03 de diciembre de 2022, el Gobierno adoptó el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022 que dio origen al Estado de excepción en ciertas áreas geográficas o departamentos del país, en los cuales existían mayores índices de crimen organizado.
El Estado de excepción se implementó supuestamente para hacerle frente a la delincuencia común y organizada, para dar con los responsables de delitos como la extorsión, para preservar la vida, restablecer la paz y el orden en el país y luchar contra la impunidad.IR
