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Acuerdo de Cartagena no pretende blindar a nadie, únicamente aplicar la ley de forma igualitaria: Lobo

San Pedro Sula – El acuerdo de Cartagena no pretende evitar la aplicación de la justicia ni blindar casos de corrupción dijo esta tarde el presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
 

El gobernante se refirió así a las denuncias de quienes invocan al acuerdo de Cartagena y aducen que el mismo les ampara en causas judiciales que se les siguen en tribunales hondureños y que están vinculadas a presunta corrupción y abuso de autoridad.

El gobernante dijo que el acuerdo de Cartagena es un pacto político en el que se hace énfasis en que todo debe enmarcarse en la Constitución y las leyes vigentes en Honduras.

“El acuerdo Jamás busca evitar el juzgamiento o pretende imponer nada sobre la ley” dijo Lobo.

El presidente reafirmó su deseo de que los países garantes del acuerdo de Cartagena, Colombia y Venezuela ,nombren un abogado por lado mismos que junto a otro profesional del derecho, que él desinará, deberán darle seguimiento a los casos que conocen los tribunales hondureños en torno a los ex ministros de Manuel Zelaya, con el fin de verificar la apropiada impartición de justicia.

Indicó que se trata de que nadie esté por encima de la ley y que la misma se aplique de forma igualitaria.

Este lunes en los tribunales hondureños, las audiencias para conocer los casos por presunta corrupción contra el ex ministro de la Presidencia en la administración del liberal Manuel Zelaya, Enrique Flores, se interrumpieron en medio de un ambiente de presiones de su cuerpo de defensores y grupo político quienes buscan que se le ampare en el acuerdo de Cartagena.

Sectores zelayistas interpretan que el acuerdo de Cartagena garantiza que el mismo cubre a todos los ex funcionarios que tienen acusaciones por presunta corrupción y malos manejos de fondos públicos.

Ante esta evocación los imputados esperan recibir de la justicia hondureña similar trato al que se le ha dado al ex presidente Manuel Zelaya a quien, por presiones de los países del Sur de América, acuerpados por el secretario de la OEA, Miguel Insulza, se le anularon todas las acusaciones en su contra, también vinculadas a presuntos actos de corrupción, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

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