Tegucigalpa – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ve disposición de Honduras de generar marcos jurídicos para atender desplazados por violencia.
-La discusión del proyecto de ley es un punto de partida para una respuesta más ordenada, citó el entrevistado.
-La discusión de la ley con el objetivo de su aprobación es un gran paso si se toma en cuenta que no existe obligación estatal de tener marcos jurídicos en este renglón.
Así lo manifestó a Proceso Digital el representante de Acnur en Honduras, Andrés Celis, quien visitó la sala de redacción de este medio de comunicación para abordar el tema.
Celis reflexionó que se ha elevado la disposición de las autoridades a asumir algo que no es fácil de asumir como lo es la creación de marcos jurídicos y normativos para responder las necesidades de los desplazados.
Aunque no se trata de un proyecto aprobado, Acnur ve con buenos ojos que se desengavete el proyecto de ley para prevenir, atender y proteger a personas desplazadas forzosamente a causa de la violencia en Honduras.
Recordó que es un proyecto que presentó al Congreso Nacional desde el año 2019, pero fue engavetado, sin embargo la actual legislatura la ha traído a discusión nuevamente aunque aún no se completa la fase de discusión y aprobación.
La ley fue creada por una Comisión de Migración, de manera interinstitucional con la participación de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos Acnur, quien acompañó técnicamente el proceso.
“En Hora Buena”
Para el representante de Acnur en Honduras en “Hora Buena” se ha retomado la discusión de este proyecto de ley ya que el país centroamericano ha presentado recientemente hechos de desplazamiento forzado en el suburbio de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés.
“En hora buena y en un contexto complejo porque se acaban de presentar hechos de desplazamientos masivos que no son tan comunes aunque el desplazamiento es de día a día en el país”, manifestó el alto funcionario.
Cabe señalar que al menos 10 familias abandonaron sus casas en Chamelecón por amenaza de las pandillas, según denunciaron los propietarios, lo anterior provocó que se realice una intervención policial y militar en ese sector del país.
En ese sentido, refirió que el hecho que se someta a discusión el proyecto de ley es una buena noticia para el país, por lo que Acnur ve disposición de generar los marcos jurídicos y normativos para dar respuesta a los desplazados por violencia.
Bondades de la ley
Celis destacó que existen muchas bondades en la ley, en primera instancia destacó que se coloca a diferentes poderes del Estado a dialogar sobre una problemática que requiere acciones compartidas.
Los diputados, en cualquier país, representan diferentes sectores de población y su función es atender esas necesidades de población, caviló.
“Era inaceptable que durante mil 200 días ese proyecto de ley hubiese estado sin moverse dentro del Congreso Nacional, el hecho que haya revivido es un mensaje importante”, señaló.
A renglón seguido dijo que sin claridad de competencias a principio de legalidad dada la tradición jurídica de Honduras permitía que varias instituciones argumentaron que la atención de desplazados no era su competencia.
En ese sentido, subrayó que el marco legal planifica quien es el responsable y se brinda claridad de competencias de las diferentes instituciones.
Aceptó que el país cuenta con algunas contradicciones generadas por las mismas leyes, como los niveles de subregistros catastrales que permiten que no aparezcan los marcos jurídicos que permiten los derechos de propiedad de viviendas y genera desplazamiento en sectores del país.
“Ese marco jurídico contribuye a resolver esos vacíos que la legislación puede llegar a tener por operar o estar pensada para escenarios de normalidad… el hecho que exista un marco legal clarifica responsabilidades que luego permiten asignar recursos”, acotó.
Otra bondad de la ley es que permite a las personas afectadas acudir a autoridades adecuadas para encontrar una respuesta efectiva.
“Además se permite resolver vacíos que el marco vigente jurídico en un escenario de violencia no estaba llenando”, zanjó.
Línea de tiempo de la ley
Desde el año 2013 se comenzaron a formular leyes para la protección de desplazados en la región, recordó Celis.
Sin embargo, fue hasta el año 2015 que realizó una primera asesoría técnica al gobierno hondureño en la que se analizó los vacíos del marco jurídico vigente, continuó.
No obstante en el 2013 ya se había creado una Comisión de Desplazados a través de un decreto ejecutivo y con la misma se estableció la necesidad de diseñar los instrumentos administrativos y jurídicos para dar una respuesta. Como resultado en el 2016 se inició a formular la iniciativa de ley.
Pero fue hasta el año 2019 que se presentó formalmente ante el Congreso Nacional de la República, un 26 de marzo de dicho año, narró el representante de Acnur. Lo que se hizo fue entregar un borrador para que fuese el Congreso que decidiera si le parecía o no y podía añadir o quitar según la realidad del país, prosiguió.
Concluyó que en aquel entonces no existió voluntad política para la aprobación de dicha ley, luego se debió atender la emergencia por el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota, por lo que el proyecto se engavetó hasta la semana anterior que se retomó.
“Actualmente existe disposición de las autoridades a asumir algo que no es fácil de asumir y generar condiciones con marcos normativos que sean adecuados para responder”, cerró.
