Tegucigalpa – Las reyertas con saldos trágicos ya no son tan comunes en las cárceles hondureñas y la gobernabilidad ha vuelto parcialmente en el sistema penitenciario, pero se siguen suscitando episodios vergonzosos a casi un año desde que la administración pasó a manos de las Fuerzas Armadas de Honduras.
– Las comunicaciones ilícitas siguen saliendo de los recintos y cuando se producen muertes quedan bajo un velo de misterio porque no hay pronunciamientos de las autoridades de medicina forense para aclarar bajo qué condiciones se produjeron las mismas.
– Analistas enfatizan que el gobierno no debe olvidar que la CIDH ha sido enfática en que los organismos encargados del sistema penitenciario no deben ser los uniformados de verde olivo.
– La discontinuidad de políticas de seguridad, abre una brecha que el criminal va a aprovechar, advierte el general Isaías Barahona.
En las últimas semanas varios sucesos han puesto en entredicho la gestión del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que van desde la muerte de una mujer en custodia a bordo de un vehículo carcelario, pasando por la fuga de dos internos aprovechando un apagón de energía en la principal cárcel del país, hasta el hallazgo sin vida en las últimas horas de uno de los responsables del asesinato de cuatro jóvenes, incluido el hijo del expresidente Porfirio Lobo. Este último suceso ocurrió en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, y la primera versión oficial es que se habría suicidado mediante ahorcamiento.
Fiel a su estilo, el titular del instituto Penitenciario, coronel Ramiro Muñoz, un día antes se jactó al decir que el sistema carcelario ya no era el mismo de hacía unos meses y que no se podía seguir calificándolos de la misma forma por los vergonzosos sucesos ocurridos a través de la historia.
Todas las garantías de seguridad y hasta dos celdas ofreció el también comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) al estadounidense Gilbert Reyes, sospechoso del asesinato de tres mujeres en Roatán en enero pasado.
En ese sentido, la prensa le consultó al comandante Muñoz sobre la determinación de la justicia dominicana de una probable extradición de Reyes a lo que él respondió “la seguridad está garantizada en la cárcel de Támara, es más hasta dos celdas están listas para que nadie lo moleste”.
No habían pasado ni 24 horas cuando el comandante Ramiro Muñoz expresó esas palabras cuando esta mañana se reportó el hallazgo de un privado de libertad sin signos vitales en una celda en la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara conocida como El Pozo.
De la fuga de dos peligrosos privados de libertad ocurrida hace algunas semanas, el coronel Muñoz justificó que eso ocurre hasta en “Alcatraz” haciendo referencia al modelo de cárcel de máxima seguridad de la famosa prisión ubicada en la Bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos.
La ingobernabilidad en el sistema penitenciario provocó que la presidenta Xiomara Castro anunciara la construcción de una megacárcel en las Islas del Cisne, a 250 kilómetros de las Islas de la Bahía. El proyecto, pese al rechazo de ambientalistas y otros sectores, va viento en popa y el otro mes se inicia la edificación de los que será la denominada “Alcatraz hondureña”.
La actual población penitenciaria hondureña la componen cerca de 20 mil privados de libertad, de los que casi un millar son mujeres, la mayor parte de ellos no han recibido condenas y sus procesos prácticamente están estancados por la imposibilidad de pagar un abogado y por la alta mora judicial.
Más de las 20 cárceles del país presentan condiciones de hacinamiento y organismos defensores de derechos humanos han dicho que siguen siendo “una bomba de tiempo” con el riesgo inminente de tragedias como la que han sacudido el sistema en las últimas décadas.
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¿Y el plan integral?
Cuando se acerca el plazo que el Ejecutivo dio a las Fuerzas Armadas de Honduras para devolverle la gobernabilidad a los centros penitenciarios hondureños, analistas consultados por Proceso Digital destacan que los militares han tenido aspectos positivos en su misión, pero también afloran elementos negativos, y puntualizan que tampoco no se ha visto que haya un plan integral para la transición a los mandos civiles.
El 20 de junio de 2023, tras la matanza de 46 mujeresen la cárcel de Támara, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) tomó gradualmente la coordinación, dirección y control de los 21 centros penales del país.
Al declarar estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional, la presidenta Xiomara Castro instruyó que durante un año, que se cumple dentro de 14 días, los militares deben reclutar, capacitar y formar por lo menos dos mil nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
De los “militares a los cuarteles” a la militarización
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, recordó que la militarización del sistema penitenciario fue una medida que sorprendió, pues este gobierno dijo que la desmilitarización era algo que se venía.
Como se recordara, el Partido Libertad y Refundación (Libre) tuvo durante la campaña política de 2013, cuando su candidata Xiomara Castro quedó fuera de la presidencia, un discurso que fue claro: “los militares a los cuarteles”, decía entonces ella en sus más encendidos discursos.
Ahora la realidad es otra, señaló Castañeda a Proceso Digital, “pero vieron la necesidad de incumplir esa promesa y darle esta administración a las Fuerzas Armadas, a la Policía Militar puesto que el sistema penitenciario se estaba viendo en una situación complicada”.
Balance de un año de control
Al hacer un balance de los resultados en estos casi 12 meses que la PMOP tiene de estar al frente de las cárceles, Castañeda destacó “que no se ha vuelto a ver un hecho como el ocurrido el 20 de junio de 2023 en Támara, además los amotinamientos se ha visto que se han reducido y que han sido controlados como se debe”.
El general en condición de retiro, Isaías Barahona se pronunció en similares términos, “creo que han alcanzado algunos éxitos, la gobernanza de las cárceles de alguna forma ha mejorado un poco, no va a ser perfecto y no lo es en ninguna parte del mundo”.
El también excanciller refirió que quienes están en los centros penitenciarios no son angelitos, “y los criminales tienen un instinto de violar la ley y de saltarse cualquier contención que exista, pero además de eso, esos criminales no están solos, ellos tienen afuera una contraparte que sigue operando aunque el de adentro ya no los conduzca”.
Por su parte, el dirigente del transporte, Wilmer Cálix afirmó a Proceso Digital que el rubro reporta una disminución de las extorsiones desde las cárceles.
“Nosotros como rubro del transporte hemos visto una disminución de las llamadas desde las cárceles, antes era una locura. Hemos visto que ahora no nos llaman, no nos extorsionan desde las cárceles”, aceptó.
Algunas llamadas siguen saliendo
Pese a la disminución, los jerarcas militares al mando de los penales reconocen que todavía un 10 % de las llamadas siguen saliendo desde las cárceles hondureñas.
“Luchar contra el poder del dinero de estos grupos no es fácil, pero todos los días les destruimos sus sistemas de comunicación colocados en las comunidades vecinas, sus antenas para que no puedan tener comunicación”, expresó el comandante de la Policía Militar, Ramiro Muñoz, a inicios de mayo.
Al iniciar la intervención, las autoridades militares denunciaron que solo en la cárcel de Támara, se movían un promedio semanal de 10 millones de lempiras producto de transacciones derivadas del crimen organizado, en especial tráfico de drogas.
A finales de 2023, se capturó al coronel José Rodimiro Arita en posesión de 445 mil lempiras en la cárcel de La Tolva. De acuerdo a las acusaciones del MP, el entonces director del recinto contribuía con la Pandilla 18, pero recién hace unas semanas un juez ordenó que el alto militar se defienda en libertad y muy probablemente será absuelto pese a la gravedad del delito.
En abril pasado, el comandante Ramiro Muñoz dio por terminadas las reyertas y problemas de seguridad en las cárceles del país después que declarara la intervención y se asignara a esta fuerza de seguridad la administración del sistema penitenciario.
“Hace poco se hablaba que dos reos de alta peligrosidad se escaparon, pero se espera que hay una respuesta pronta”, dijo Castañeda al agregar que “lo que nosotros desde ASJ instamos de manera muy precisa es que ya existe una instancia que debe administrar el sistema penitenciario y es el Instituto Nacional Penitenciario”.
También hay aspectos negativos
El analista Kenneth Madrid considera que tener a los militares controlando las cárceles ha tenido aspectos positivos, pero también negativos que no han tenido respuestas claras.
“Los hechos lamentables que han sucedido por parte de las Fuerzas Armadas han sido aspectos que han marcado aún la organización castrense se encuentra infiltrada por ciertos sectores de la criminalidad organizada y deben proceder a depurar sus filas”, propuso en su declaración a Proceso Digital.
Madrid estima que en este primer año de balance, el gobierno no debe olvidar que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) ha sido enfática y clara en que los organismos encargados del sistema penitenciario no deben ser la FFAA, deben ser los civiles los que estén a cargo.
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“Los militares no están formados para este tema (derechos humanos)”. Las FFAA no se pueden quedar de forma permanente, están en un periodo transicional y aun no vemos un plan que demuestre la salida de ellos de forma gradual del sistema penitenciario, al contrario están tomando raíces y eso no puede suceder.
En esa línea se debe capacitar a todo el personal civil que custodia estos centros penitenciarios, se deben ajustar medidas más drásticas para que desde los centros penitenciarios se gestionen extorsión, secuestros, asesinatos, venta o tráfico de drogas o armas.
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“En ese aspecto se debe ir informando cuando se va iniciar ese proceso de fortalecimiento del INP y que este tema de las Fuerzas Armadas controlando el sistema no se quede permanentemente, porque no lo establecen así las convenciones internacionales, los tratados y las mismas disposiciones normativas de Honduras”, explicó.
No obstante, “las FFAA no se pueden quedar de forma permanente, están en un periodo transicional y aun no vemos un plan que demuestre la salida de ellos de forma gradual del sistema penitenciario, al contrario están tomando raíces y eso no puede suceder”, advirtió el analista.
Madrid cuestionó que “no hay tampoco un plan que demuestre que están formando custodios penitenciarios, que están llegando a la cifra necesaria ni hay un plan gradual para que también las FFAA puedan ir saliendo de ahí”.
¿Y la prevención del delito?
La ASJ lamenta que se le da más importancia a la construcción de una cárcelen una isla que a la construcción de escuelas, centros de adaptación de menores, y es ahí donde la parte preventiva donde el gobierno debe jugar un rol importante.
“Es en la educación donde se ven reflejados los cambios estructurales, en la problemática de país, en los problemas sociales”, subrayó el director de Seguridad y Justicia de ASJ.
Adicionalmente, Castañeda recuerda que en las cárceles aisladas es donde históricamente el gran ausente es el respeto a los derechos humanos, por lo que esos temas preocupan.
Los analistas consultados por PD coinciden en que en forma general ha habido demasiados desaciertos por parte de la autoridad castrense, hay muchas denuncias de violaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios y no se le ha dado la importancia necesaria a este tema.
A mediados de noviembre pasado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), informó que privados de libertad denunciaron que son víctimas de torturas en un centro carcelario del país.
Varios privados de libertad relataron que fueron víctimas de tortura y tratos crueles en uno de los centros penitenciarios del país. “Nos sacaron de los módulos, sin ropa, en horas de la madrugada, amarrados de las manos, nos llevaron a un lugar lleno de lodo, nos golpearon con garrotes, nos daban patadas, puñetazos, nos golpearon con los fusiles en la cabeza”, contaron a Conadeh.
La Delegada Adjunta Primera del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Yumila Díaz, condenó los actos de tortura que se estarían cometiendo en los centros penitenciarios del país y exhortó, al Estado a prevenir la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes en perjuicio de las personas que se encuentran retenidas o privadas de su libertad.
Rechazo a la militarización
El Instituto Nacional Penitenciario es quien tiene el mandato por ley de tener el mando de los centros penitenciarios, así como de aplicar todos los beneficios, salvaguardar el sistema de derechos humanos para los privados de libertad y corregir los llanos que sucedieron en el pasado.
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“Las muertes y actos criminales dentro de los centros penitenciarios han sido temas desacertados son temas que no deberían de suceder y eso hace un llamado de atención fuerte para el gobierno, para el Congreso Nacional en los cuales estos temas no deben ser permanentes”, dijo Madrid.
“Sigamos el camino que nos dio la CIDH con estas normas hacia donde teníamos que partir y no vamos a tener mayor problema, de tal manera que esperamos que se dé un periodo transicional, que comencemos para fortalecer el sistema, para ejercer fuertemente el sistema de resocialización de las personas y que las FFAA continúen con la labor que la Constitución les da y que no estén usurpando labores que le corresponden al sistema civil del Estado”, reflexionó.
Sin una estrategia clara
El general en condición de retiro y exvicecanciller, Isaías Barahona, aseveró que por norma, las FFAA todas las misiones que recibe trata de cumplirlas de la mejor manera posible, aunque señaló que la dinámica de las cárceles hondureñas es complicada.
Por eso, tanto las FFAA como la Policía Nacional, que en su momento ha tenido a cargo esta misión, han tenido éxitos y han tenido fracasos, señaló Barahona al agregar que lo que se requiere es que se diseñen estrategias más sostenibles, y que no sea de estar cambiando un rato por aquí y otro por allá.
Y es que según Barahona, “la discontinuidad que se produce de políticas de cambios de una policía a unas FFAA o a un a PMOP para sostener, abre una brecha que el criminal va aprovechar, así que hay que evitar esa brecha y hacer transición que afecten menos al sistema y sobre todo producir una solución estable”.
Hasta hoy -agregó- esa solución no la ha producido el gobierno, sino que tienen estrategias de seguridad que se cambian a cada rato, dijo al enumerar estrategias como el estado de excepción, la compra de equipos nuevos que no dan la solución que se espera en el tema de seguridad ciudadana. VC
