Tegucigalpa – La invasión de tierras en el sur de Honduras recurrente en las últimas semanas avizora un nuevo conflicto agrario que se suma a un problema histórico marcado especialmente en la zona del Bajo Aguán, pero vigente en al menos siete departamentos del país.
– Las invasiones de tierra asoman de nuevo en Honduras, lo que pone en precario la inversión nacional y extranjera, pero también se avista la agudización del problema agrario en el país.
– La CCISur lanza un S.O.S. para que las invasiones no avancen a otros departamentos.
Detrás de las invasiones se autoproclaman supuestos colectivos de Libertad y Refundación (Libre), del partido en el poder, sin embargo desde los liderazgos políticos centrales han negado tal aseveración y los ligan con otros sectores interesados en crear caos e inseguridad.
La política actual del gobierno es evitar el uso de la fuerza y los desalojos violentos de las autoridades, por lo que sectores afectados exigen el cumplimiento de la ley para garantizar la propiedad privada.
La iniciativa privada denunció en las últimas horas que las tierras invadidas forman parte de la industria exportadora dedicadas al cultivo de melón, okra y azúcar, así como para labores de ganadería.
Los denunciantes aseguran que en los últimos 20 años las empresas meloneras pasaron de 30 a 2 por esta problemática y otros derivados de las invasiones. Igualmente de media docena de compañías productoras de okra, apenas tres quedarán al final del año en el caso de seguir esta problemática.
También se avizora la pérdida de 5 mil empleos de no parar estos conflictos agrarios. Las invasiones en el sur -específicamente- dejan pérdidas de plazas laborales, disminución en la producción, reducción en la generación de divisas e incertidumbre y desaliento de la inversión nacional y extranjera, de acuerdo a lo denunciado por la organización empresarial de la zona sur.
Lo que ocurre en el sur es el rebrote de un fenómeno que se extiende en al menos siete departamentos, marcado con mayor fuerza en el Bajo Aguán en Colón.
Una de las afectadas, Argentina Díaz, relató que el 25 de marzo de este 2022 varias de sus propiedades fueron invadidas por el grupo campesino 9 de noviembre. “Somos una empresa que cuenta con su empacadora, con 250 manzanas, dedicada a la producción de okra americana e hindú con 11 años en el mercado generando 5 mil empleos por ciclo”, declaró.
Adicionó que como empresa extendieron la queja formal a la presidenta Xiomara Castro, “se nos permitió hacer todo el debido proceso y en 82 días teníamos aplicado el desalojo con la colaboración de la Policía Nacional y la Fiscalía”.
Díaz apuntó que el desalojo se hizo sin enfrentamientos y sin mayores novedades, sin embargo eso provocó daños colaterales porque no se hicieron los respectivos ciclos de siembra, “esto nos ocasionó el retiro de clientes y no tener efectivos para seguir operando”.
Cuando se produjo la invasión contaban con 375 empleos, pero ahora apenas operan con 75, reveló Argentina Díaz. Al no existir cultivos de okra los clientes se fueron para República Dominicana y México.
El director del Instituto de la Propiedad, Darío García, dijo que investigan este tipo de conflictos agrarios, al tiempo que expresó no tener la certeza que las organizaciones encargadas de las invasiones sean colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Refirió que las investigaciones apuntan a otro tipo de situaciones detrás de las invasiones, pero que no quiso mencionar para no entorpecer las mismas.
García externó que desde la administración gubernamental no se quieren los desalojos violentos, pero que exista el respeto a la ley.
Indicó que las invasiones de tierras en Choluteca ya hay instalada una mesa de trabajo en las que se giraron invitaciones al Poder Judicial y Ministerio Público.
“Es un mandato de la presidenta (Xiomara Castro) evitar los conflictos sociales y abordarlos con responsabilidad. No creemos que sea gente de Libre las que están en estas tierras”, reiteró el funcionario.
Reveló que muchas propiedades en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) son escenario de invasiones y no precisamente por los colectivos de Libre. “Tenemos información que se trata de grupos ligados a organizaciones criminales que les fueron asegurados los bienes para que el Estado no ejerza control sobre ellos”, dijo.
Invasión de tierra en el sur
En las últimas horas, la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISur) exigió al gobierno que intervenga en la problemática de la invasión de dos mil 500 manzanas de tierra por parte de personas particulares en Choluteca.
Mediante un comunicado divulgado a los medios, la CCISur denunció que las parcelas invadidas son tierras que actualmente están en producción y son propiedades de empresas afiliadas a esa cámara de comercio.
Se detalla que estas tierras están dedicadas a la industria exportadora del melón, okra, ganadería y azúcar.
La CCISur advirtió que las invasiones a la propiedad privada en la zona sur causa pérdida de empleo, disminución en la producción, reducción en la generación de divisas, incertidumbre y desaliento en la inversión.
En ese orden, esta organización demanda que el gobierno, a través de los operadores de justicia, asegure la tutela al derecho de la propiedad privada y garantizar la seguridad jurídica de los socios de esta cámara de comercio y de personas particulares que son afectados.
También exigen que desde la institucionalidad se les facilite a las personas que están ocupando las tierras de propiedad privada, la pronta solución en su pretensión de obtener de manera legal manzanas para sus labores productivas.
Asimismo, la CCISur alertó que la zona sur podría estar al borde de una catástrofe económica por los precios bajos de la industria camaronera ante la competitividad de Ecuador y la reducción de empresas de okra.
El director ejecutivo de CCISur, Carlos Zelaya, dijo que el problema de invasiones no es nuevo, sin embargo se ha agudizado en el último semestre llegando a 76 predios usurpados con 2 mil 500 manzanas de tierra.
Exigió la tutela efectiva de la propiedad privada por parte de las autoridades gubernamentales.
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Inequidad agraria no se soluciona con armas
A criterio del ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, existe inequidad en el tema agrario, pero esa problemática no se solucionará con las armas.
Citó que en el Bajo Aguán el problema ha ido evolucionando, pero para ello la presidenta Xiomara Castro nombró una comisión especial para acercarse a las partes, las que se han estado reuniendo encabezadas por el ministro de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón.
Agregó que desde el gobierno buscan propiciar un diálogo que permita lograr consensos a respetar por ambas partes porque cuando se habla de seguridad jurídica, no pasa porque un grupo imponga sus intereses por encima del otro, sino por el respeto a la propiedad privada.
El funcionario de gobierno destacó además el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con expertos en temas agrarios y se espera que ellos puedan acompañar hasta poder encontrar una solución en la zona.
Sostuvo que el problema es que las tierras están mal distribuidas porque hay un buen sector importante de campesinos que no tienen acceso a ellas para la producción de sus alimentos y por otra parte grandes parcelas en manos de las empresas.
Frente a ese escenario el Estado debe propiciar el equilibrio porque hay mucha desigualdad en el tema agrario nacional, es claro que los campesinos tienen derecho a la tierra y respeto de sus derechos primarios y el empresario, respeto a su propiedad y la seguridad jurídica.
“La resolución de temas como estos no es con las armas que se logrará, no es por la imposición de un grupo sobre otro y por la fuerza o el dinero, es a través de un sistema de justicia que ha estado bastante ausente con este tema conflictivo”, aceptó el ministro Pastor.
Respecto a la invasión de tierras en la que se presume hay participación de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), el problema agrario, marcado en la desigualdad es un tema que afecta a todos en el país, hay problemas en la zona norte y otros lugares.
Aclaró que el tema agrario es una parte de las desigualdades que hay en Honduras “estamos hablando de temas complejos y complicados, donde se juegan muchos intereses de por medio y ahora lo que tenemos que evitar que todo termine en confrontación”.
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Demandan seguridad jurídica
Sobre el tema se pronunció el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, quien demandó al gobierno otorgar seguridad a las personas que invierten en la actividad agrícola nacional.
“Es importante que demos seguridad a aquellas personas que le apuestan a la actividad agrícola, que sus inversiones y los riesgos que han tomado van a ser protegidos”, dijo Facussé.
El empresario se refirió al problema de las invasiones en propiedad privada en la zona sur, e instó al gobierno a tomar acciones pertinentes para detener esta situación.
Consideró que las invasiones a la propiedad privada desincentiva y no permite mejora en el clima de inversión.
Facussé pidió que en el interior del país la actividad económica y agrícola se desarrolle con tranquilidad.
Protejamos la actividad agrícola porque es de donde nos alimentamos, si nosotros no vamos a proteger ni la producción nacional no sé qué vamos a proteger, clamó.
Afirmó que la CCIC apoya la pluralización de la tierra, pero señaló que debe suceder con mecanismos legales y no con posesión por la fuerza.
El presidente de la CCIC sugirió un sistema de subastas para que se compren tierras por parte del Instituto Nacional Agrario (INA) para beneficiar a los campesinos.
Si nosotros no estimulamos la producción en el campo, con qué vamos a alimentarnos, vamos a importar todo lo que comemos, no podemos estar dependiendo de las importaciones, cuestionó.
“Nudos” en marco jurídico
Los diferentes “nudos” o trabas jurídicas no permiten avanzar en la justa distribución de la tierra en Honduras, aseveró el subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría.
El exdirigente campesino señaló que desde la promulgación de la Ley de Modernización Agrícola se han incrementado los problemas de carácter jurídico que no permiten avanzar en la justa distribución de la tierra.
Se trata de justicia, los empresarios tienen el legítimo derecho de poseer la tierra, pero también lo tienen los campesinos, reflexionó.
Se ha emprendido una lucha para que el Congreso Nacional (CN), emita las reformas correspondientes a la Ley para que se aplique la justicia, agregó.
“Los problemas no se pueden resolver por las trabas, los cuellos de botella y los nudos que hay en el marco jurídico”, manifestó.
El actual funcionario advirtió que los mismos problemas que han suscitado durante los últimos 60 años se continuarán presentando si no se realizan las reformas correspondientes.
“Se trata de una acumulación de problemas agrarios que en 60 años no se han podido resolver en el país”, agregó.
Ejemplificó que el artículo 51 de la Ley de Modernización de Modernización Agrícola, no permite que se entregue o se adjudique la tierra aunque ésta permanezca ociosa. Las tierras abandonadas y sin dueño no se pueden tocar a causa de ese artículo, lamentó. PD
