Tegucigalpa– A casi un año del asesinato del ambientalista y defensor de derechos humanos Juan Antonio López, la justicia hondureña sigue sin señalar a los autores intelectuales del crimen, mientras organizaciones y líderes comunitarios advierten que la impunidad y el hostigamiento contra el movimiento ambientalista continúan intactos.
-Los acusados fueron capturados en octubre de 2024 y enfrentarán audiencia preliminar este 14 de agosto.
-Honduras sigue siendo extremadamente peligroso para quienes defienden la naturaleza y los ddhh, con una tasa de asesinatos entre las más altas del mundo.
-El Mecanismo de Protección es insuficiente, con protocolos deficientes y respuestas tardías o inadecuadas.
Honduras ha sido catalogada por distintos organismo nacionales e internacionales como uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Entre 2012 y 2023 se reportaron al menos 149 asesinatos, con un promedio anual de 18 víctimas.
En 2023, la ONG Global Witness reportó un total de 196 asesinatos y desapariciones forzadas de defensores de la tierra en todo el mundo. Honduras, al igual que México, tuvo el tercer mayor número de muertes violentas de defensores de la tierra (18), detrás de Brasil (25) y Colombia (79), lo que convierte a Honduras en el país más peligroso en términos de población.
Recientemente el Fiscal General, Johel Zelaya, recibió al sacerdote jesuita Ismael Moreno y al obispo de la Diócesis de Trujillo, Henry Ruiz, con quienes dialogó sobre los avances investigativos del caso, ya que los dos líderes religiosos han demandado de forma constante justicia en el caso.
Según informó el Ministerio Público, la reunión sirvió para explicar el trabajo de investigación y los avances en la acusación contra los tres supuestos autores materiales capturados: Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía.
Pero las palabras del fiscal general y en particular las acciones del Ministerio Público no lograron calmar las exigencias de quienes demandan justicia. “No hemos salido satisfechos. Agradecemos la información, pero la satisfacción no se puede lograr hasta que tengamos requerimientos contra los que pagaron para que mataran a Juan López. No nos vamos a quedar con las palabras”, señaló el padre Ismael Moreno al momento de salir del MP.
Esperada audiencia
El 14 de septiembre de 2024, Juan López, defensor del ecosistema y opositor al proyecto minero en Tocoa (Colón), fue asesinado a tiros. Su caso despertó condenas internacionales, y a pesar de detenciones preliminares, aún no se sabe nada de los autores intelectuales.
El crimen desató condenas de expertos independientes, de la ONU y de diversas organizaciones nacionales e internacionales, que hasta hoy exigen una investigación independiente y exhaustiva
Este jueves Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, enfrentarán audiencia preliminar por el delito de asesinato.
La audiencia preliminar podría definir si el caso avanza o se estanca. Para las comunidades, el punto clave sigue siendo el mismo: romper el muro de impunidad que protege a quienes planifican y financian el asesinato de defensores.
Mientras tanto, la defensa de dos de los acusados asegura que no hay pruebas que los vinculen al crimen y solicitará sobreseimiento definitivo. El abogado Melvin Maldonado argumenta que la extracción de información de los celulares —con participación de agentes del FBI— no ha arrojado evidencia incriminatoria contra sus representados.
Sobreseimientos definitivos sería “gravísimo”
La defensora de derechos humanos, ambientalista e integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), Adilia Castro, en entrevista con Proceso Digital cuestionó que el Ministerio Público aún no haya presentado requerimientos fiscales contra posibles autores intelectuales del crimen.
“Para nosotros es una preocupación enorme que, a casi un año del asesinato de Juan, el Ministerio Público no haya sido capaz de presentar requerimientos contra otras personas que podrían estar vinculadas a la autoría intelectual. La detención de las tres personas acusadas como autores materiales es responsabilidad absoluta del Ministerio Público, y deberá demostrar que realmente lo son”, afirmó Castro.
Sin embargo, para el CMDBCP, el procedimiento genera dudas. “El Ministerio Público los capturó con una rapidez sorprendente, como si ya supieran dónde estaban.
Sí en este proceso se descubre que no son ellos, y se dan sobreseimientos definitivos como lo anuncia el defensor, “sería terrible para la credibilidad de la justicia y significaría que lo que dijeron es mentira. Eso sería un caso gravísimo de impunidad y todo este tiempo habría sido un circo para mantenernos entretenidos”, advirtió la defensora.
MP debe actuar con celeridad
Por su parte, el obispo de la Diócesis de Trujillo, monseñor Henry Ruiz, urgió al Ministerio Público a actuar con inmediatez en el caso del ambientalista Juan López.
“Siempre hemos pedido justicia y exigimos que se actúe de acuerdo a las últimas investigaciones que se han hecho, sin dilación. Si ya tienen resultados, que procedan inmediatamente”, exigió el prelado.
A renglón seguido en entrevista con Proceso Digital apuntó, “no se debe dar más tiempo a algo que requiere acción urgente”, al tiempo que recordó que en su reciente visita al Ministerio Público se les informó sobre avances en las pesquisas, pero sin fechas claras para la judicialización.
Ruiz subrayó que el proceso legal ya se encuentra en una etapa en la que las partes —tanto la defensa de los imputados como la Fiscalía— están listas para la audiencia, por lo que no hay justificación para postergar el proceso. “Nuestro nivel de exigencia de justicia sigue presente. Lo que esperamos es que los procedimientos sean inmediatos, que sí tienen los resultados que se actúe”, recalcó.
Riesgo sigue latente para defensores
Mientras muchos casos de muertes de defensores siguen en la impunidad y el caso de Juan López avanza lento, Adilia Castro, también cuestionó la actuación de la Secretaría de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Protección, asegurando que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH han sido implementadas de manera limitada y no han reducido los riesgos, para los defensores.
“Los peligros para quienes hemos estado al frente de esta lucha son inminentes. Ya en 2023 fueron asesinados tres defensores de Guapinol, y en 2024 asesinaron a Juan. Mientras persistan las causas que generan el conflicto, la vida de los defensores seguirá en riesgo”, enfatizó.
Por su parte, monseñor Ruiz, advirtió que la falta de prontitud en las investigaciones pone en grave riesgo la vida de otros defensores del medio ambiente y los derechos humanos en la región del Aguán y en todo el país.
El obispo fue enfático: “En la medida que el Ministerio Público no actúe con prontitud, eso deja en vulnerabilidad a todos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente. De ahí depende todo el proceso, para que no se siga violentando la vida de quienes defienden la tierra y el agua en la zona del Aguán y en Honduras entera”.
El caso de Juan López se suma a una larga lista de ataques y asesinatos contra ambientalistas en el país, en medio de un contexto de conflictividad por el acceso y uso de los recursos naturales, donde la impunidad sigue siendo un factor que alimenta la violencia contra quienes alzan su voz en defensa del territorio.LB
