Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Honduras recuerda este martes 50 años del fin de la carrera militar del general Oswaldo López Arellano, quien fue derrocado el 22 de abril de 1975 por sus propios compañeros de armas, tras ser salpicado por un millonario soborno de la multinacional bananera estadounidense United Brands.
López Arellano también fue presidente (1965-1971) después de haber derrocado el 3 de octubre de 1963 al entonces presidente liberal, José Ramón Villeda Morales.
Villeda Morales estaba a punto de concluir su mandato de seis años, que había iniciado en diciembre de 1957, cuando fue depuesto por López Arellano.
El 6 de junio de 1971, López Arellano le entregó el poder a Ramón Ernesto Cruz, del Partido Nacional, pero el 4 de diciembre de 1972, lo derrocó.
Antes, el 21 de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas derrocaron a Julio Lozano Díaz, quien en noviembre de 1954 asumió el poder ante la imposibilidad de continuar, por razones de salud, del entonces presidente, el nacionalista Juan Manuel Gálvez.
Lozano Díaz fue depuesto en 1956 por sus intenciones de instaurar una dictadura y el poder lo asumió un triunvirato militar que cesó con la llegada al poder de Villeda Morales, en diciembre de 1957.
Antes de que asumiera Villeda Morales, López Arellano sustituyó, por renuncia, a Roberto Gálvez Barnes, uno de los miembros del triunvirato que depuso a Lozano Díaz. Ese triunvirato también lo integraron Roque Jacinto Rodríguez y Héctor Caraccioli Moncada.
El segundo régimen de facto de López Arellano le duró dos años y cuatro meses. El 22 de abril de 1975 fue separado por las Fuerzas Armadas y sustituido por el entonces coronel Juan Alberto Melgar Castro, quien era ministro de Gobernación y Justicia.
Para entonces, López Arellano ya poseía una buena fortuna, pero el soborno bananero, conocido como el ‘Bananagate’, para eludir un impuesto de 50 centavos de dólar por caja de banano exportada a Estados Unidos, dejó a las Fuerzas Armadas con una imagen más deteriorada al trascender que la United Brands le habría pagado 2.5 millones de dólares, que fueron depositados en un banco suizo, en un hecho que también salpicó al entonces ministro de Economía, Abraham Bennaton Ramos.
El soborno habría sido autorizado por Eli Menashe Black, un alto ejecutivo de la multinacional bananera, quien en febrero de 1975 se suicidó lanzándose del 44 piso de uno de los edificios del Rockefeller Center, en Nueva York.
Las ambiciones de los militares, que por ley son obedientes, apolíticos y no deliberantes, no cesaron con Melgar Castro, quien fue derrocado el 8 de agosto de 1978.
Fue sustituido por un triunvirato al frente del general Policarpo Paz García. Los otros dos triunviros fueron Domingo Álvarez, comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, y Amílcar Zelaya, titular de la Fuerza de Seguridad Pública (entonces policía), que entonces dependía de la institución castrense.
El descontento casi generalizado de los civiles fue creciendo en la empobrecida Honduras, cuyo pueblo además iba siendo testigo del resurgir de una nueva clase privilegiada: las Fuerzas Armadas incursionando en el amplio mundo de los negocios a través de su Instituto de Previsión Militar (IPM).
La prensa nacional, entre otros sectores sociales, incluso a nivel internacional, también desempeñaron un papel importante para que los militares comenzaran a regresar a sus barracas.
Del triunvirato que derrocó a Melgar Castro solamente quedó Paz García, quien comenzó a promover el retorno al orden constitucional, lo que llegó en abril de 1980 con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual carta magna y convocó a elecciones generales para el 29 de noviembre de 1981.
Para anunciar en el exterior el retorno al orden constitucional, en 1980 Paz García viajó a Venezuela, México y Estados Unidos, acompañado de líderes políticos, empresariales y campesinos.
El mandato de Paz García se prolongó, como presidente provisional, por decisión constitucional, hasta el 27 de enero de 1982, cuando le entregó el poder a Roberto Suazo Córdova, líder del Partido Liberal, después de casi dos décadas de regímenes militares.
Y aunque el poder retornó a los civiles, los militares, que en sus casi 20 años de mandato de facto, salpicados por corrupción y violaciones a los derechos humanos, entre otros delitos, con su aliento le siguieron quemando la nuca a los primeros gobernantes electos por la voluntad popular.
Siendo presidente, José Azcona Hoyo (1986-1990) llegó a decir que quienes gobernaban en el país eran los militares, mientras que el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Jorge Arturo Reina, expresó en una ocasión, en los años 80, que a las Fuerzas Armadas «en tiempos de paz hay que mantenerlas, y en tiempos de guerra hay que defenderlas».
La frase de Reina fue en alusión a una ayuda militar urgente que Azcona le pidió a Estados Unidos tras una incursión del Ejército Sandinista de Nicaragua al territorio hondureño, persiguiendo a combatientes de la «contra» nicaragüense, que operaban libremente en Honduras con apoyo directo de los estadounidenses.
«Un poder en el que no se puede confiar»
El excandidato presidencial, analista y docente universitario Matías Funes, fallecido en 2015, señaló en su libro ‘Los deliberantes. El poder militar en Honduras’, que «se ha vuelto un lugar común afirmar que en Honduras las Fuerzas Armadas son el ‘verdadero poder’. Esto lo dicen entendidos y no entendidos, académicos y no académicos, estudiantes y legos».
«Lo anterior parece ser una de esas verdades aceptadas por todos, aunque algunos la callen o la digan en medio de carraspeos y reticencias», y «cuando se habla de poder militar, tácita o expresamente se alude a otro poder, el civil, que se percibe más débil o subordinado al primero», destaca Funes en su obra.
Cuando se creía que los golpes de Estado eran cosa del pasado, el 28 de junio de 2009 los militares, en alianza con los políticos, derrocaron al entonces presidente, Manuel Zelaya, cuando promovía reformas constitucionales que, según las autoridades, la ley no le permitía.
El golpe de Estado dividió al país entre «golpistas» y «golpeados» y creó una división social de la que no se ha recuperado, con la diferencia de que las actuales autoridades, después de que responsabilizaron a las Fuerzas Armadas del derrocamiento a Manuel Zelaya, ahora las elogian, aduciendo que son diferentes.
Así se ve que ahora el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, quien salió mal parado en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo, aparece de vez en cuando en actividades u opinando sobre asuntos que le corresponden a los civiles.
Al margen de las nuevas relaciones entre el Gobierno, que preside Xiomara Castro, y las Fuerzas Armadas, en Honduras son muchos los que creen que los militares «siguen siendo un poder real en el que no se puede confiar». PD
