Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este jueves un análisis realizado por la Coalición Ambiental del Honduras (COAH) sobre el proyecto de la construcción de una cárcel en la Isla del Cisne, donde señala que el mismo carece de consulta ciudadana y reclama además coherencia administrativa ambiental del gobierno.
“Aunque les moleste nuestras posiciones respecto a la demanda que debemos hacer como ciudadanos en la veeduría, en el tema de justicia y de derechos humanos, porque los que van a estar allí, si es que eso se construye también son ciudadanos y tienen derechos y obviamente el tema más fuerte en el daño ambiental”, indicó el director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández al fijar la posición de esta institución.
La institución resaltó que a pesar de que el gobierno ha expresado que está comprometido con la defensa de las áreas protegidas y ha suscrito importantes acuerdos a nivel internacional, en la práctica el planteamiento y puesta en marcha del proyecto de construcción en las Islas del Cisne parece demostrar lo contrario.
En tanto, el rechazo de las comunidades afectadas y la vulneración del territorio declarado área protegida, entre otros factores, evidencian que se han quebrantado compromisos estatales.
La única área protegida oceánica
La bióloga Ana Velásquez, de la COAH recordó que las Islas del Cisne son legalmente la única área protegida oceánica de Honduras, declarada zona de turismo en 1982, zona de conservación ecológica en 1989 y Parque Nacional Marino en 1991.
Señaló además que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) reconoce en su Anuario Estadístico Forestal de 2022 al Parque Nacional Marino como área protegida declarada del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH), por lo que, con la aprobación de una licencia ambiental en un área protegida con condiciones ecológicas únicas, la autoridad ambiental y de áreas protegidas está incumpliendo su responsabilidad legal.
“En esta zona del Caribe hondureño se encuentra el mayor banco de peces del continente americano (Rosalinda) y, de concretarse el proyecto de la mega cárcel, considerando que los pobladores de la zona dependen de la pesca, ecoturismo y turismo para subsistir como medio de ingreso y consumo alimenticio, serán afectados directamente, perderán sus medios de vida y aumentará el riesgo de inseguridad alimentaria”, dijo la experta en áreas protegidas.
Según Velásquez, a la fecha, más de 80 pronunciamientos han sido emitidos por diversas organizaciones, coaliciones y comunidades originarias rechazando el proyecto y proponiendo que se identifique otro sitio para la edificación de la prisión.
A todas luces no es viable
En esa línea se pronunció el líder mundial en cambio climático, César Quintanilla, quien recordó que las Naciones Unidas están pidiendo mayores compromisos con el ambiente a los países porque la crisis se ha agigantado.
“Yo me pregunto qué va a decir Honduras, si tiene por enfrente este gran reto de alcanzar un millón 300 mil hectáreas y está pretendiendo ir a impactar todo un ecosistema en nuestro mar Caribe como el archipiélago de la Isla del Cisne por un capricho de imponer una cárcel en ese lugar que a todas luces no es viable, ni socialmente ni económicamente ni climatológicamente”, dijo el experto climático.
Desde la sociedad civil organizada, ASJ hace un llamado al gobierno para mantener las Islas del Cisne como un espacio de conservación perpetua y recomienda la confirmación de una mesa de trabajo multisectorial, a fin de identificar con los expertos en temas ambientales otros sitios para construir la cárcel procurando el menor impacto ambiental y social.
Asimismo, insta a las autoridades competentes a garantizar el respeto de áreas protegidas y de las responsabilidades nacionales e internacionales en temas de conservación del océano y los recursos hidrobiológicos. VC
